14 Ago 2026

NOS COMENTAN al más alto nivel, que Alejandro Moreno Cárdenas –si otra cosa no sucede- estaría siendo desaforado como Senador de la República antes de que concluya el año, lo que le dejaría en condiciones de ser juzgado penalmente. Y que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche ya reactivó las acciones legales para llevar a prisión al actual dirigente nacional del PRI, solicitando formalmente su desafuero por un presunto peculado y desvío de recursos públicos superior a los 100 millones de pesos. Los mensajes son más que contundentes, y la ofensiva jurídica ha escalado con la captura de múltiples miembros clave de su círculo cercano, entre otros: Walter "O" (Walter Olivera Valladares), ex vocero del gobierno de Moreno, detenido en Mérida por el presunto desvío de más de 16 millones de pesos destinados a publicidad gubernamental inexistente. Carlos Alberto Medina Hernández, otro ex titular de Comunicación Social aprehendido bajo cargos de peculado. Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas ligadas a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas (hermano de "Alito" Moreno), arrestado en la Ciudad de México por presuntas transferencias irregulares hacia la televisora Mayavisión, en tanto la Fiscalía General del Estado de Campeche (y su Fiscalía Anticorrupción) acusa formalmente al dirigente nacional del “tricolor” y exgobernador de aquella Entidad por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Los señalamientos giran en torno a las irregularidades detectadas durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), donde –según se afirma- incurrió en un presunto enriquecimiento ilícito usando prestanombres, incluidos familiares cercanos como su mamá y hermanos.

EN ESE contexto, la fiscalía abrió carpetas de investigación tras detectar que el valor real del patrimonio inmobiliario del político supera de forma desproporcionada sus ingresos obtenidos de salarios públicos. Por ello se le investiga por la posesión de al menos 47 propiedades inmobiliarias como la llamada la mansión de Lomas del Castillo, un caso que incluye el cateo realizado a su residencia en Campeche, donde peritajes de la fiscalía estimaron el valor de la propiedad en más de 130 millones de pesos, sumado a un menaje de casa (obras de arte y mobiliario de lujo) valuado en 50 millones de pesos, pero sus declaraciones patrimoniales oficiales registraban un monto total notablemente menor. Hay otra denuncia por peculado y desvío de recursos públicos, donde autoridades anticorrupción de la entidad sostienen que existieron múltiples esquemas de desvío que afectan al erario, impulsando, por ello, solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) ante la Cámara de Diputados para poder juzgarlo penalmente. En ese sentido, la fiscalía anticorrupción ha promovido carpetas imputando desfalcos específicos por el orden de los 83.5 millones de pesos, con otras investigaciones y auditorías complementarias que señalan esquemas globales más amplios mediante contratos simulados y factureras. Al campechano se le señala de presuntamente haber utilizado "empresas fantasma" (empresas que facturan operaciones simuladas) para el pago de supuestos servicios de transporte, comida o comunicación social que nunca se realizaron.

DENTRO DE la solicitud de desafuero o juicio de procedencia, las autoridades judiciales de Campeche complementan la exigencia con líneas de investigación que tocan operaciones de compra de terrenos a bajo costo para proyectos que no se justificaban legalmente, o contratos irregulares de adjudicación directa mediante el uso de prestanombres. En ese sentido, el asedio legal de la fiscalía se ha intensificado mediante la detención y vinculación a proceso de exfuncionarios y allegados de su círculo más cercano, acusados de operar esa red financiera. Paralelamente, el entorno de la fiscalía también procedió penalmente contra representantes contables ligados a empresas de su hermano, Emigdio Moreno Cárdenas, por operaciones con recursos de dudosa procedencia y contratos gubernamentales irregulares con firmas como la televisora privada Mayavisión (fundada por Luis Antonio Espinosa Campos en junio de 2016, quien es identificado como el contador y representante legal de corporaciones pertenecientes a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente político Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas). Y aunque Alejandro Moreno ha rechazado sistemáticamente la totalidad de los cargos formulados por las autoridades campechanas, lo cierto, de acuerdo a círculos capitalinos, es que Moreno Cárdenas será desaforado para que la Fiscalía Estatal de Campeche proceda en su contra de cara al proceso electoral de 2027, lo que terminaría por sepultar al PRI. Por lo pronto, la dependencia ya presentó y ratificó ante la Secretaría General del Congreso de la Unión una declaración de procedencia en su contra. Se le acusa formalmente de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por desvíos relacionados con su gestión en el estado, por lo que la Sección Instructora en San Lázaro prevé discutir el retiro de su inmunidad procesal a partir del 1 de septiembre. Vaya que MoRena va con todo, más aún cuando una reciente encuesta advierte un repunte tanto del PRI como del PAN de cara al próximo año, acaso como reflejo de lo que está ocurriendo en centro y Sudamérica. A ver qué pasa…

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LUEGO DE que la dirigencia nacional del Partido del Trabajo desconoció formalmente el cargo de coordinador estatal que ostentaba Vicente Aguilar en Veracruz, y toda vez que a principios de agosto, el diputado federal Adrián Naveda aclaró que dicho nombramiento no existe estatutaria ni políticamente, alertando que la cúpula nacional únicamente reconoce a Ramón Díaz como el comisionado político nacional en la entidad, el aludido no deja de moverse buscando que el Gobierno del Estado le reconozca su ficticio nombramiento en aras de tener acceso a las prerrogativas que, evidentemente, ya no podrá cobrar. Por lo pronto, Aguilar desconoce y minimiza los señalamientos de su destitución, rechazando que exista una ruptura interna y ratificando su permanencia en el Partido del Trabajo. Pero a principios de este mes, legisladores y corrientes internas de la dirigencia nacional indicaron que el cargo de "coordinador estatal" que Aguilar encabezaba no existía bajo los estatutos actuales, transitando la operación a ocho nuevas coordinaciones regionales en comunicación directa con el comisionado político nacional Ramón Díaz. Ante la pérdida de control territorial y el desconocimiento de su figura por una facción de la dirigencia, la reacción oficial de Vicente Aguilar se ha centrado en la negación de rupturas: "no hay división ni estamos peleados", sostiene, aunque en tono amenazante, como si a los petistas le importara que esté o no esté, deja entrever que formalmente ha recibido invitaciones de otras fuerzas políticas para unirse a sus filas. Sin embargo, refiere que las rechazó para seguir trabajando con la militancia petista. No cabe duda que este personaje que se ha dedicado a beneficiar a sus familiares y edecanes se siente un auténtico líder disputado por otros institutos que desean tenerlo en sus filas, cuando su fama es de todos conocida. Por lo pronto, el Comité Ejecutivo Nacional determinó que los trabajos de ese partido quedan a cargo de la figura del comisionado nacional, restándole fuerza política a la estructura que Aguilar encabezó por años. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista