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DAVID VALLEJO CÓDIGOS DEL PODER |
30 Jul 2026
Más de 158 mil jóvenes llegaron al examen de ingreso de la UNAM después de meses, en muchos casos años, de preparación. La convocatoria también representaba un experimento institucional. Por primera vez, la universidad más importante del país trasladaba completamente su proceso de admisión al entorno digital. Cada aspirante presentaría la prueba desde una computadora bajo un esquema de supervisión remota, reconocimiento biométrico, monitoreo permanente y una serie de filtros diseñados para garantizar que cada respuesta perteneciera exclusivamente a quien competía por un lugar.
El sistema parecía sólido hasta que comenzaron a aparecer señales imposibles de ignorar. Carreras donde históricamente los puntajes máximos eran excepcionales registraron concentraciones inusuales de resultados sobresalientes. Paralelamente circularon testimonios sobre reactivos filtrados antes de la aplicación, grupos organizados para compartir respuestas y utilización de modelos de inteligencia artificial durante el examen. La UNAM anuló miles de evaluaciones, suspendió las inscripciones y abrió una investigación que desembocó en una decisión sin antecedentes recientes. Mantener el proceso o convocar nuevamente a todos los aspirantes.
Vista desde fuera, la controversia parece administrativa. Sin embargo, el hecho plantea uno de los conflictos éticos más delicados que una universidad puede enfrentar.
La UNAM custodia dos bienes que poseen exactamente el mismo valor y que, por primera vez, parecen avanzar en direcciones opuestas. De un lado se encuentra el derecho de quienes estudiaron durante meses, respetaron cada regla y obtuvieron un resultado legítimo. Del otro descansa la credibilidad del propio proceso de admisión, patrimonio construido durante décadas y del cual depende el prestigio de cada título universitario que la institución entrega. Cualquier decisión protege uno de esos bienes mientras reduce parcialmente el otro. Validar el examen conserva intacto el esfuerzo de miles de aspirantes honestos, aunque deja abierta una duda que acompañaría a toda esa generación. Repetirlo fortalece la confianza institucional, aunque obliga precisamente a los jóvenes íntegros a asumir el costo provocado por quienes decidieron hacer trampa.
Esa tensión explica por qué el expediente supera con amplitud el ámbito universitario. El mérito jamás ha dependido únicamente del talento o del esfuerzo. También requiere que la comunidad crea en el procedimiento utilizado para reconocerlo. Cuando esa confianza se debilita, el daño alcanza dimensiones mucho mayores que cualquier proceso de admisión.
Sin embargo, la conversación pública se ha concentrado en los tramposos cuando el protagonista silencioso de esta historia es el propio examen. Durante generaciones aceptamos que unas cuantas horas bastaban para distinguir a quienes estaban mejor preparados. Esa idea funcionó razonablemente bien mientras el acceso al conocimiento era limitado, la memoria constituía una ventaja intelectual y cada estudiante resolvía los problemas únicamente con los recursos disponibles en su propia cabeza.
Ese mundo dejó de existir. En estos tiempos, los modelos de inteligencia artificial redactan textos, resuelven problemas matemáticos, programan, traducen idiomas, interpretan imágenes y producen argumentos con una rapidez que habría parecido fantástica hace apenas tres años. El examen tradicional fue concebido para una forma de conocimiento que comienza a pertenecer a otro tiempo. La discusión ya supera el fraude. El instrumento utilizado para medir el mérito empieza a mostrar sus propios límites.
Por esa razón, repetir exactamente el mismo examen apenas pospondría el problema. Diseñar una versión con más cámaras, más bloqueos informáticos o más filtros tecnológicos prolongaría la misma carrera entre quienes vigilan y quienes buscan vulnerar el sistema. Cada avance en los mecanismos de control encuentra muy pronto una respuesta equivalente. La experiencia internacional ofrece suficientes ejemplos para comprender que esa competencia difícilmente tendrá un vencedor definitivo.
La oportunidad de la UNAM resulta mucho más ambiciosa. La universidad podría anunciar que éste fue el último examen concebido para un mundo donde el conocimiento dependía casi exclusivamente de la memoria individual y abrir el diseño del primer modelo de admisión pensado desde su origen para convivir con la inteligencia artificial. El examen conservaría un lugar central, aunque dejaría de representar la única evidencia. Pruebas presenciales de razonamiento, resolución de problemas inéditos, entrevistas aleatorias en las licenciaturas con mayor demanda, análisis estadísticos capaces de detectar comportamientos incompatibles con un desempeño natural y ejercicios donde la inteligencia artificial forme parte deliberada de la evaluación para valorar el criterio con el cual cada aspirante decide utilizarla permitirían construir una visión mucho más completa del talento académico.
La innovación consistiría en aceptar un hecho evidente. La inteligencia artificial llegó para quedarse y la tarea de las universidades consiste en formar personas capaces de utilizarla con rigor intelectual, honestidad y responsabilidad, del mismo modo que hace décadas aprendieron a convivir con calculadoras, computadoras e Internet sin renunciar por ello a la exigencia académica.
Cada generación hereda instituciones construidas para responder a los desafíos de su tiempo. Muy pocas reciben la oportunidad de rediseñarlas. La UNAM se encuentra precisamente frente a una de esas ocasiones extraordinarias. Dentro de algunos años, el recuerdo más relevante de este episodio difícilmente será el fraude cometido por unos cuantos aspirantes. Permanecerá, con mucha mayor fuerza, la decisión que adopte una universidad llamada a demostrar que el mérito conserva intacto su valor, aunque la forma de reconocerlo reclama una inteligencia institucional capaz de convivir con una inteligencia que jamás tendrá título universitario.
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Esta es opinión personal del columnista