27 Jul 2026

¿PODRAN LOS partidos políticos que participarán en la contienda Federal de 2027, detectar cuando un personaje non grato pretenda colarse a sus listas, y evitar con ello lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, esto es, la selección de delincuentes en potencia que, ya montados en el poder, dejan aflorar su verdadera personalidad como ha ocurrido con alcaldes ligados a la delincuencia, diputados locales y Federales y hasta Gobernadores que ahora se encuentran en prisión debido a fraudes, alianzas con grupos criminales y hasta probables crímenes de lesa humanidad?. En efecto, para evitar que personas con nexos criminales participen en las elecciones del próximo año, se han propuesto nuevos filtros y revisiones internas, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en el INE, los filtros de los partidos políticos y la participación ciudadana, aunque uno se pregunta: ¿son suficientes esas coladeras institucionales?. Como bien se sabe, la comisión del INE y el Gabinete de Seguridad propusieron la revisión de listas, y en ese sentido se aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar perfiles antes de los comicios. El órgano colabora con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y dependencias de seguridad para emitir alertas sobre posibles riesgos de vínculos ilícitos, pero el tema no es de carácter obligatorio sino voluntario, esto es, la revisión de los expedientes depende de que los partidos entreguen sus listas de manera voluntaria, ya que la comisión no puede vetar candidaturas directamente. Ante semejante encrucijada, Morena y otros partidos anunciaron que implementarán filtros propios para revisar antecedentes penales, situación fiscal y movimientos financieros de miles de aspirantes, y en ese contexto, se abrió la puerta para recibir reportes y observaciones de bases partidistas y ciudadanos a fin de detectar conductas irregulares que no aparezcan en registros oficiales. Al respecto, especialistas advierten que el sistema actual es limitado porque el INE no puede retener registros basándose únicamente en sospechas o sin una sentencia firme, por lo que diversos sectores exigen mayor transparencia en el manejo de la información y la creación de mecanismos de contraloría ciudadana para asegurar la limpia selección de abanderados.

Y EL tema viene a colación por los casos inherentes (entre otros muchos temas) a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, el primero señalado de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, sustraída con lujo de violencia de su vivienda ubicada en Jáltipan, hecho por el cual se encuentran detenidos Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7; Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón; Karen Monserrat “N”, alias La Hiena; Julio César “N”; Luis Enrique “N”; Juan Carlos “N” e Ismael “N”, cuatro de estos policías de Ixhuatlán del Sureste, y seguramente uno de ellos es el informante que ha dicho a la Fiscalía Estatal que escuchó al munícipe dar la instrucción de levantar a la comunicadora.

EL CASO de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, al igual que el anterior, abanderado por Movimiento Ciudadano, se le acusa de la desaparición de un empresario y su escolta que acudieron a su residencia donde se reunieron con un jefe de plaza el pasado 14 de Mayo, y de entonces a la fecha se desconoce el paradero de ambos. Por esa razón, la Fiscalía también solicitó su desafuero ante el Congreso del Estado por su presunta relación en delitos de privación de la libertad. Otros alcaldes que enfrentan problemas son: María Isabel Figueroa Luna, de Chocamán, quien fue retenida de forma temporal por pobladores en abril de 2026 debido a protestas y reclamos por la escasez de agua en el municipio entre muchos casos más. Por otra parte, el Congreso de Veracruz señaló que 55 ayuntamientos reprobaron en los criterios técnicos de sus planes de desarrollo, destacando omisiones y falta de sustento estadístico en demarcaciones como Chiconquiaco, Texhuacán y Acula, lo que pone en evidencia la pésima selección de candidatos.

AHORA QUE, en al menos el 80 por ciento de los municipios existen graves problemas de inseguridad debido a que los presidentes municipales han cedido a las presiones de la delincuencia, incluso, aliándose con esta. En la mayoría de los casos, policías municipales, con escaso armamento, prefieren sumarse y obedecer las instrucciones que les imponen los poderes facticos (aquellos que sin poseer un cargo público o una investidura legal, ejercen una enorme influencia real en la sociedad y en la autoridad constituida, imponiendo su voluntad, condicionando las decisiones del Estado y, hasta incluso, pueden llegar a moldear las leyes o políticas públicas en beneficio de sus propios intereses particulares). En ese sentido, el cogobierno en los municipios veracruzanos ha provocado el cierre de comercios, empresas, negocios pequeños y, quienes aún resisten deben pagar fuertes sumos que les exigen en ocasiones la delincuencia organizada o grupos que se hacen pasar como miembros de organizaciones criminales o las autoridades. El caso de los alcaldes, en la antesala del desafuero, se desconoce si encajan en semejantes escenarios, pues hay quienes sostienen que los temas son más políticos que judiciales, aunque de todas formas serán enjuiciados y llevados a prisión, sean o no responsables de lo que se les acusa, porque así funciona la ley en el País. Primero te encierro y luego averiguo…

***
UN HECHO que sigue en el misterio es la muerte del subdelegado de la Policía Ministerial en la zona centro, con sede en Xalapa, Miguel Ángel Córdova García, cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del sábado en un terreno baldío ubicado a un costado de la carretera federal Xalapa–Veracruz, en las inmediaciones de Plaza El Juguete, municipio de Emiliano Zapata, conurbado con la capital del Estado. La Fiscalía General del Estado confirmó que se trata del mando policiaco, pero no dio mayores detalles, aunque en círculos policiales se afirma que pudo tratarse de un suicidio. Lo que llama la atención es que el mando se acaba de casar con una fiscal que labora en las instalaciones de la FGE, con quien ya sostenía relaciones e, incluso, versiones extraoficiales revelan que su esposa se encontraba embarazada. Otro hecho es que haya buscado un lugar en despoblado para quitarse la vida. El hecho debe ser investigado a fondo y la fiscalía debe llegar hasta las últimas consecuencias para evitar rumores, como ya circulan de que el elemento judicial pudo haber sido levantado y asesinado, lo que sería una lamentable advertencia para esa corporación e instancia. Por lo pronto, el tremendo suceso causó consternación entre compañeros de las distintas corporaciones de seguridad, debido a la responsabilidad que desempeñaba Córdoba García dentro de la Fiscalía General del Estado. Y es que un probable suicidio pone en relieve la urgencia de que la FGE instrumente un programa de salud mental dirigido a sus integrantes, dadas las responsabilidades que realizan pata con la sociedad...OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista