17 Jul 2026

TAL VEZ al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador le funcionó, porque sus fanáticos todo le creían ya que estaba fresca la aprobación de los programas sociales, sin embargo, insistir en la impunidad de “peces gordos” de la Cuarta Transformación, más aún cuando los reclama Estados Unidos previa investigación sustentada en indagaciones y acusaciones de testigos protegidos, seguramente, no le será provechoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum (ni a su partido) que, al paso de los días está transitando del embozo a la sospecha, esto es, de ser “tapadera” de los finísimos políticos del Movimiento de Regeneración Nacional a convertirse en cómplice. Y es que más allá de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa al que buscan reinstalar en su cargo pese a ser reclamado por EU debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, concretamente, con el Cartel de Sinaloa, el caso inherente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a la que exoneró a bote pronto pese a las llamadas telefónicas que la mandataria Estatal sostuvo con agentes estadounidenses o intermediarios con los que negociaba ¿su libertad o extradición?, seguramente el tema le hará mucho ruido a la Jefa de las Instituciones Federales de cara a las elecciones del 2027, pues ha quedado demostrado en varias Entidades donde ha habido recientes elecciones, MoReNa pierde espacios. Y es que luego de que el periodista Héctor de Mauleón divulgara nuevos audios sobre llamadas interceptadas a la mandataria Estatal, ésta las justificó como un acercamiento con EU para recuperar el visado que le canceló el país norteamericano, sin embargo, las grabaciones apuntan a razones más delicadas. En el audio dado a conocer por el acucioso periodista, la Gobernadora expone sus temores a ser extraditada, en un contexto en que la Administración de Donald Trump ha puesto en la mira a varios presuntos narcopolíticos, funcionarios que colaboran con los carteles de la droga, caso, supuestamente, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y es que, según el audio, Ávila conversa con un intermediario del FBI, ofrece dar a EU información privilegiada a la que tuvo acceso en las mesas de Seguridad donde las agencias mexicanas intercambian datos sensibles sobre grupos criminales y operaciones gubernamentales, pero, además, revela que ya sostuvo reuniones en el vecino País del norte con algunos integrantes de agencias norteamericanos, y que ya no desea hacerlo allá sino en México ante los temores que le agobian de ser aprehendida.

Y UNO se pregunta: si la Gobernadora de Baja California ya cruzó la línea fronteriza para entrevistarse con agentes de seguridad estadounidenses, a los que ya entregó información, (que no revela), y que, por temor, ya no desea hacerlo en territorio norteamericano sino en México, puesto que, “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? […] ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber […]”, plantea Ávila. Pero, ¿eso no es traición a la patria? Porque, de acuerdo al audio, la Gobernadora no informó al Gobierno Federal de sus entrevistas en el vecino País del norte que, reconoce en la grabación, se hicieron, y en la que revela que ha tenido más encuentros con funcionarios estadounidenses, y habla de su buena voluntad de cooperar, pero reclama que Washington la quiera sancionar a través de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Paralelamente confiesa su temor a cruzar a EU, por lo que pide que las subsecuentes reuniones se lleven a cabo en México.

LOS AUDIOS de la Gobernadora, tácitamente, corroboran las versiones periodísticas que aseguran que varios políticos mexicanos morenistas, desde legisladores hasta gobernadores, se han acercado a representantes del Gobierno de Estados Unidos para ofrecerse como informantes, declarar en contra de miembros del oficialismo y, de esa manera, librar posibles acusaciones desde Washington. Marina del Pilar ha asegurado en un comunicado que las referencias en el audio a compartir información “corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y EU en materia de seguridad”. Y agrega que tal colaboración “se realiza dentro del marco legal” y “mediante canales oficiales”, pero lo curioso es que, todos, dentro del oficialismo, ignoraban que la bajacaliforniana sostenía reuniones intramuros en Estados Unidos con integrantes de agentes de seguridad. Lo que no tiene desperdicio, es que ahora argumente que no sabe con quién hablaba, lo que podría colocarla en el ámbito de la estulticia o ingenuidad, pues siendo una gobernadora mexicana, acudir a reuniones a ciegas y dar información de México a desconocidos, aquí y en China se llama traición a la patria, por más que la quieran proteger.

LO PEOR es que la Presidenta Claudia Sheinbaum defienda a ojos cerrados a la Gobernadora, todo por tapar las tropelías de políticos morenistas metidos hasta el cogote en temas delincuenciales, y que su partido no sufra las consecuencias que, contrario a lo que piensa, ya siente la merma por actos tan evidentes que ponen en entredicho la corrupción e impunidad de los aludidos. Basta recordar que el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres enfrenta una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta relación con delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y extorsión, aunque aún no lo detienen, pero ello causó el divorcio con la mandataria. La propia Gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó la existencia de esa carpeta de investigación federal, originada tras una denuncia anónima. La indagatoria señala una presunta red delictiva en la que también se involucra a su hermano Luis Alfonso Torres, y apunta a la recepción de sobornos a cambio de permitir operaciones del crimen organizado en el estado de Baja California, pero Claudia Sheinbaum quiere pruebas que son más que evidentes tanto en Rocha Moya como en Marina del Pilar y el ex esposo de esta. En fin, por tapadera de las trapacerías de los cuatroteistas, MoReNa podría ser conducida al despeñadero. Al tiempo. Por cierto, ahora la Gobernadora echa la culpa de la filtración de los audios, a su antecesor y archienemigo, Jaime Bonilla, a quien pidió consejo (hágame favor), pero lo cierto es que si hizo lo que hizo, y ella lo reconoce en los audios…

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NOS COMENTAN que la detención de 11 policías el pasado lunes 13 en el distrito de Coatzacoalcos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, podría significarle al ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa otra carpeta de investigación, ya que los 11 uniformados habrían desaparecido a cuatro víctimas durante el operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, el 25 de septiembre de 2015, en el municipio sureño por instrucciones superiores. En la mira, por la misma causa, estarían por involucrar al llamado capitán Tormenta, Arturo Bermúdez Zurita. Duarte, de ser involucrado y demostrada su participación, como ya se espera, pasaría muchos años más en prisión por este otro asunto que permanecía pendiente. Y es que si a Jorge Winckler le revivieron una (nueva) orden de aprehensión que data de 2019, a Duarte le harían lo propio, por más que ahora se diga simpatizante de la 4T. A ver qué pasa…OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista