08 Jun 2026

Este 7 de junio se celebró el Día de la Libertad de Expresión en México, quiero comenzar con una afirmación que suena sencilla pero que en este país tiene el peso de una declaración de guerra: estamos vivos y estamos escribiendo. 

En un país donde ejercer el periodismo puede costar la vida, eso no es poca cosa. Es un acto de valentía. Es, acaso, el acto más político que existe.

No celebramos con ingenuidad; no hay fiesta donde las cifras gritan, pero sí hay algo que celebrar: la terquedad de quienes insisten en contar la verdad, en documentar el abuso, en darle nombre y rostro al poder que se cree invisible e invencible.

Las cifras son brutales y hay que decirlas sin eufemismos. 

Reporteros Sin Fronteras señala que México es el país más peligroso para periodistas en zonas sin conflicto bélico.

Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, México registró siete asesinatos de periodistas en 2024, misma cifra que en 2023. 

Ese número nos coloca como el tercer país más letal del mundo para ejercer el periodismo, sólo superado por Palestina —devastada por una guerra— y Pakistán. México, en cambio, no tiene conflicto bélico declarado. Y aun así, mata periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) es todavía más contundente: en 2025, México ocupó nuevamente el tercer lugar mundial con seis periodistas asesinados, en un año que marcó el segundo récord consecutivo global de muertes —129 en total. 

Artículo 19 agrega que entre 2024 y 2025 los homicidios prácticamente se duplicaron: de cuatro casos documentados en 2024 a siete en 2025, más una desaparición. 

Veracruz, por supuesto no se abstrae a esta terrible realidad, con 31 asesinatos desde el año 2000, figura entre los estados más peligrosos del país para ejercer el noble trabajo de informar.

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La impunidad es el combustible de esta violencia. Más del 95 por ciento de los asesinatos de periodistas en México permanecen sin resolver. Los crímenes se cometen sabiendo que no habrá consecuencias. Y en esa oscuridad, cada reportero que publica es un desafío al silencio.

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Para documentar el optimismo, existe un lugar común —cómodo y falso— que localiza toda la violencia contra la prensa en el crimen organizado, es una verdad incompleta que sirve de coartada. 

Los datos de organismos internacionales apuntan en otra dirección, y es urgente señalarla con claridad:

El Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, es el principal agresor de la prensa. No la excepción. El principal.

Artículo 19 documentó que en 2024 el Estado mexicano fue responsable de 287 agresiones contra comunicadores, lo que representa el 44.91 por ciento del total de los 639 ataques registrados ese año —una agresión cada 14 horas. 

En 2025, los funcionarios públicos encabezaron la lista de perpetradores con un 31 por ciento de los ataques, seguidos por particulares (21 por ciento) y fuerzas de seguridad civil (17 por ciento).

El crimen organizado, tan invocado como chivo expiatorio, aparece apenas con el 7 por ciento.

En el acumulado del sexenio anterior, el Estado mexicano concentró mil 559 agresiones —casi la mitad de todas las documentadas—, protagonizadas por funcionarios públicos civiles, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. 

Estos ataques se concentran principalmente en gobiernos estatales (más del 54 por ciento) y municipales (28.6 por ciento).

La violencia institucional no es un accidente: es un método de control.

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Veracruz es una muestra particularmente dolorosa: en el sexenio anterior, la entidad acumuló 199 agresiones a la prensa, con la intimidación, el hostigamiento y las amenazas como principales formas de ataque. Y en todos los casos, señala Artículo 19, las autoridades son el principal agresor. Esta es nuestra realidad cotidiana. La que muchos prefieren no nombrar.

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Ante ese panorama —que no es estadística sino nombre, rostro, familia, redacción vacía y silencio forzado— el 7 de junio podría parecer una fecha para el lamento. Y sería comprensible.

Pero yo prefiero otra lectura.

Si estás leyendo esto, alguien decidió escribirlo. Y esa decisión —en este país, con estas cifras, con este contexto— es un gesto de dignidad extraordinaria. Cada columna publicada, cada nota redactada, cada investigación que sale pese a las amenazas, es una pequeña victoria sobre el miedo. Escribimos porque creemos que la verdad importa. Porque el silencio no nos pertenece.

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Ninguna reflexión sobre la libertad de expresión estaría completa sin un llamado urgente, directo e incómodo: necesitamos unidad gremial, y la necesitamos ahora.

No hay mecanismo federal de protección que sustituya la solidaridad entre colegas. 

No hay declaración institucional que reemplace la organización colectiva. Cuando un periodista es amenazado, su primera línea de defensa no es una ventanilla de gobierno —que ya ha demostrado su lentitud e ineficacia, con al menos ocho periodistas asesinados mientras estaban inscritos en el Mecanismo Federal de Protección entre 2017 y 2024— sino sus colegas de oficio.

El aislamiento es la estrategia favorita del poder para acallar voces críticas. La dispersión del gremio, la competencia mezquina entre medios, el individualismo que nos hace creer que cada quien puede sobrevivir solo: esas son las condiciones que aprovechan quienes nos quieren callados. La fragmentación es funcional al silenciamiento.

La unidad gremial no significa unanimidad ideológica. Significa un pacto mínimo: cuando se ataca a un periodista, se ataca a todos. Significa redes de alerta, solidaridad ante la intimidación judicial, respaldo público ante las amenazas, y la construcción de espacios colectivos donde la información sobre riesgos se comparta y no se oculte.

Significa también exigir, con una sola voz, que el Estado mexicano deje de ser el principal agresor de la prensa que supuestamente protege.

Un periodista amenazado que está solo es una presa fácil. Un gremio organizado es una fuerza que ningún funcionario puede ignorar.

Veracruz, con 31 asesinatos de periodistas desde el año 2000 y una tradición de hostigamiento institucional a la prensa, necesita más que nunca esa articulación colectiva. Las organizaciones gremiales deben dejar de ser espacios de fotografías en eventos y convertirse en trincheras reales de defensa.

A quienes hoy escriben, fotografían, graban, transmiten y publican en las condiciones más adversas: gracias... por seguir.

¡Qué barbaridad!

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Esta es opinión personal del columnista