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Linda Díaz | Ciudad de México. | 03 Nov 2026 - 08:43hrs

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura clara respecto a los procedimientos institucionales que deben seguirse tras la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante su comparecencia matutina, la mandataria precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) carece de facultades para iniciar indagatorias de oficio sobre presuntas irregularidades presupuestales en el órgano electoral, enfatizando que cualquier acción penal está condicionada a la presentación de una denuncia formal por parte de las autoridades competentes.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia constitucionalmente facultada para fiscalizar la gestión financiera de los organismos dotados de autonomía. Sheinbaum Pardo enfatizó que existe una diferenciación puntual entre la estructura del Gobierno Federal y las instituciones autónomas, señalando que la administración pública centralizada es supervisada internamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que los entes públicos independientes rinden cuentas de forma exclusiva ante el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados.

La mandataria detalló el protocolo normativo que rige a las instituciones del Estado mexicano en materia de rendición de cuentas e investigación de faltas. Explicó que si durante los procesos de revisión de la cuenta pública la ASF detecta anomalías que encuadren en presuntos delitos de carácter penal, es obligación estricta del órgano auditor interponer las denuncias correspondientes ante la FGR para que esta pueda dar inicio a las carpetas de investigación respectivas.

De igual forma, la Presidenta acotó que cuando las inconsistencias detectadas corresponden a posibles faltas de índole administrativa, el expediente debe ser canalizado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el deslinde de responsabilidades operativas y la imposición de las sanciones a que haya lugar. Sheinbaum puntualizó que este andamiaje legal garantiza que las revisiones financieras no respondan a criterios políticos, sino a procedimientos estrictamente técnicos y jurídicos.

Finalmente, la titular del Ejecutivo reiteró que su administración respeta el marco constitucional que delimita la actuación de los poderes de la Unión y los organismos autónomos. Concluyó que las especulaciones sobre posibles responsabilidades en el INE deben encauzarse a través de los canales institucionales establecidos, donde la ASF desempeña el papel central en la detección y consignación de irregularidades presupuestarias en beneficio de la transparencia pública.