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Linda Díaz | Ciudad de México. | 29 Oct 2026 - 10:39hrs

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera categórica que las modificaciones aprobadas en 2024 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) hayan provocado un menoscabo institucional o de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo se pronunció sobre el debate generado en torno a las atribuciones concedidas a la persona titular de la consejería presidencia del órgano electoral, sosteniendo que la estructura normativa actual mantiene la operatividad de la institución.

La controversia en la opinión pública y al interior del propio Consejo General del INE deriva del mecanismo que permite a la presidencia del organismo designar de forma directa a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, prescindiendo del consenso previo con el bloque de consejeros electorales.

Pese a defender la pertinencia de las reformas impulsadas en el periodo legislativo previo, Sheinbaum Pardo aclaró que su administración no se opondrá a que la Cámara de Diputados promueva una revisión técnica si se considera necesario perfeccionar el marco regulatorio.

"No le hizo daño tanto la reforma, aunque puede cambiarse, pero debe evaluarse, porque la Constitución establece que no pueden cambiarse las leyes electorales en el proceso electoral, pero si se considera por la Cámara de Diputados que es factible, nosotros estamos de acuerdo", aseveró la jefa del Ejecutivo Federal al delimitar el margen de actuación del Poder Legislativo y subrayar la observancia estricta de los mandatos constitucionales vigentes en la materia.

El planteamiento de la mandataria recuerda que el artículo 105 de la Carta Magna mandata que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales sustanciales.

En ese sentido, cualquier iniciativa orientada a modificar la estructura interna de mando del árbitro electoral deberá someterse a un riguroso calendario institucional que evite vulnerar la certeza jurídica de las contiendas.

Con este pronunciamiento, el Gobierno de la República ratifica su disposición al diálogo con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, dejando abierta la posibilidad de adecuar la legislación secundaria siempre que los cambios deriven de un análisis reflexivo y respeten el ordenamiento constitucional.

La presidenta dejó en claro que la prioridad debe ser garantizar la estabilidad operacional del INE y el irrestricto cumplimiento de los principios que rigen la función electoral en todo el territorio nacional.