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Con información de Agencias | Ciudad de México. | 16 Ago 2026 - 15:34hrs

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas y económicas a un total de 41 personas servidoras públicas de diversas dependencias federales. Las resoluciones incluyen inhabilitaciones de hasta una década para ejercer el servicio público y multas acumuladas que superan los 22.4 millones de pesos, derivadas de faltas administrativas tanto graves como no graves.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la dependencia, los procedimientos disciplinarios fueron ejecutados a través de sus Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control. Entre las instituciones involucradas destacan la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el IMSS, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Guardia Nacional, entre otras.

Entre los expedientes con mayores sanciones económicas figuran dos exfuncionarios de Birmex, inhabilitados por 10 años y acreedores a multas de 12.2 y 8.7 millones de pesos. Las investigaciones determinaron que ambos servidores autorizaron el pago de facturas entre 2018 y 2019 por servicios no prestados en su totalidad, lo que generó un quebranto patrimonial a la institución estimado en 20 millones de pesos.

Asimismo, en la CFE se registraron múltiples irregularidades que derivaron en inhabilitaciones decenales. Entre ellas destaca el caso de un exservidor público sancionado por omitir en sus declaraciones patrimoniales el origen de 5.4 millones de pesos, así como el de una trabajadora en Baja California que cobró pagos en demasía por concepto de prima vacacional sin notificarlos. En la Zona de Distribución Coatzacoalcos, otro empleado fue sancionado tras la pérdida total de un vehículo oficial y equipo hidráulico derivado de un accidente en estado de ebriedad.

Otras anomalías detectadas en dependencias como la Secretaría de Cultura y el IMSS abarcan el uso indebido de recursos públicos, contratación irregular de servicios, utilización no autorizada de parque vehicular y falsificación de registros de asistencia. La Secretaría Anticorrupción precisó que, conforme al marco legal vigente, las faltas graves son turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución definitiva.