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Tipifica el Congreso de Veracruz delitos ambientales con penas de hasta nueve años de prisión

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Noreste | Xalapa, Ver. | 27 Jul 2026 - 11:40hrs

El uso de agroquímicos prohibidos, la contaminación de ecosistemas y los daños a áreas naturales protegidas en Veracruz ya serán castigados con penas de hasta nueve años de prisión y multas de hasta 176 mil pesos, tras las reformas aprobadas por el Congreso del Estado al Código Penal y a la Ley Estatal de Protección Ambiental.

Las modificaciones crean dos nuevos delitos ambientales y endurecen las sanciones para quienes empleen plaguicidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes y otros agroquímicos restringidos o prohibidos por las autoridades federales, especialmente cuando provoquen daños graves al medio ambiente.

Especialistas advirtieron que estos productos pueden afectar hasta el 80 por ciento de los cultivos, además de contaminar suelos, fuentes de agua y ecosistemas. Armando López Ramírez, presidente del Colegio de Biólogos de México, capítulo Veracruz, señaló que el uso prolongado de estas sustancias deteriora la productividad de la tierra y representa riesgos para la salud humana, como problemas respiratorios, hormonales e irritaciones.

En municipios como Perote, Acajete, Coatepec y Tlalnelhuayocan se han reportado afectaciones relacionadas con el uso intensivo de agroquímicos, principalmente en cultivos de papa. Autoridades municipales y ambientalistas han solicitado la intervención de dependencias estatales y federales para atender la problemática.

La reforma establece que quienes realicen actividades agrícolas sin autorización ambiental y causen daños graves, utilicen o almacenen agroquímicos prohibidos, depositen residuos peligrosos o viertan desechos de estos productos en suelos o cuerpos de agua podrán enfrentar de dos a seis años de prisión y multas de hasta mil UMAs.

Cuando las conductas afecten zonas de recarga hídrica, fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano o sean cometidas en beneficio de una empresa, las penas podrán aumentar hasta en una mitad, alcanzando un máximo de nueve años de prisión y multas de mil 500 UMAs, equivalentes a aproximadamente 176 mil pesos.

Además, la legislación incorpora sanciones para propietarios o responsables de predios que, con conocimiento, permitan que sus terrenos sean utilizados para cometer delitos ambientales, quienes podrán recibir de uno a cuatro años de prisión y multas de entre 200 y 500 UMAs.