15 Jul 2026

PEROTE ESTA viviendo un desastre político y económico. Un presidente municipal enfermo desde antes de asumir el poder, quien ha pasado más tiempo en hospitales de la ciudad de México y de Veracruz que atendiendo la responsabilidad para la que fue electo, y un ex alcalde perseguido por la sospecha debido a presuntos daños patrimoniales que de ser comprobados, podrían llevarlo a prisión. En efecto, Vinicio Ascencio Fernández, quien fue electo para el periodo 2026-2029 abanderado por el Revolucionario Institucional (partido que mantiene su hegemonía en ese sitio), ha gobernado parcialmente desde los nosocomios debido a complicaciones médicas por diversas cirugías que le han realizado, por lo que sus allegados se disputan soterradamente el poder e, incluso, pronostican que el munícipe podría pedir licencia al cargo en cualquier momento. Aparejado a lo anterior, sobre el ayuntamiento pesan acusaciones que el Órgano de Fiscalización Superior estaría por convertir en denuncias formales contra ex autoridades municipales, pues resultado de las auditorías al ejercicio presupuestal de 2024, el Orfis detecto inconsistencias o daño patrimonial por un monto superior a los 4.5 millones de pesos que el ex alcalde Delfino Ortega Martínez debe esclarecer, ya que no es el único asunto pendiente que le condena, sino que arrastra una serie de irregularidades que iniciaron con la cuenta pública de 2022, en donde el órgano fiscalizador le detecto otro presunto daño patrimonial por más de 11 millones de pesos: 1.9 millones, por irregularidades de carácter financiero presupuestal y 9.4 millones más, por anomalías en la obra pública. Dado lo anterior, el Orfis –que en cuestión de meses cambiará de titular-, determinó que promoverá el fincamiento de responsabilidades por daños y perjuicios. Pero tampoco es todo, ya que, en la cuenta pública de 2023, la instancia, también, determinó observaciones al Ayuntamiento por un presunto daño patrimonial cercano a los 9 millones de pesos; 3 millones fue el monto de las observaciones de tipo financiero presupuestal y 5.8, por irregularidades en la obra pública, de tal suerte que, en solo tres años, de 2022 a 2024 (aún falta la cuenta pública de 2025), el ayuntamiento acumuló observaciones por más de 24.5 millones de pesos, por lo que el ex alcalde Delfino Ortega debe estar bastante preocupado, y todo por dejar la autoridad en manos de incondicionales que solo lo empinaron, y que ahora le obligan a enfrentar responsabilidades.

EL TEMA, seguramente, será usado en contra de José Francisco Yunes Zorrilla por ser oriundo de Perote, y porque se quiera o no aceptar, ha mantenido férreo control político en gran parte de la región que le han querido arrebatar desde el poder, aunque que ha defendido con acciones certeras, pero definitivamente no es responsable de los malos gobiernos que ejercen quienes ganan una elección con su respaldo, pues al hacerlo se convierten en alcaldes autónomos protegidos por el 115 constitucional. En el caso de Ortega Martínez –contra quien debió proceder el Orfis y el congreso local en tiempo y forma-, anualmente las observaciones del Orfis superaron los 8 millones de pesos, de tal manera que la cuenta final del daño patrimonial –incluido el 2025, último año de su gestión-, podría superar los 32 millones de pesos, lo que engendrará denuncias formales en caso de no justificar o reponer los recursos reclamados por el órgano fiscalizador y, probablemente, la prisión.

EN ESTE espacio se ha abordado insistentemente lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos del Estado, en donde los munícipes, sobre todo de MoReNa, han perdido el rumbo, incurriendo en toda suerte de tropelías, irregularidades administrativas, autoritarismo contra los gobernados y componendas con grupo de poder fácticos, algunos de la delincuencia organizada, pero el Congreso Local, que suele ser permisivo no se atreve a investigar y solo se dedica a grillas palaciegas, como recientemente ocurrió con Esteban Bautista Hernández que, no se sabe si de mottu propio o aliado con Manuel Huerta, revivió el tema de la revocación de mandato, poniéndolo, nuevamente, en boga, alentando a la oposición que un día si y el otro también, lo abordan como si eso fuera la solución a los problemas que enfrenta el Estado, en tanto ciertos municipios enfrentan la soberbia de sus munícipes.

EN ESE tenor se encuentra Catemaco, donde la administración encabezada por el compositor Manuel Eduardo Toscano enfrenta una crisis marcada por denuncias de ingobernabilidad, abuso de autoridad policial y la concentración del poder en su yerno, Luis Enrique Illescas, así como descontento por presuntos gastos del erario en viajes a Europa. La síndica Janny del Carmen Ricalde ha denunciado violencia de género y marginación en las decisiones del Ayuntamiento inducidas por Toscano, en tanto el cabildo ha sido señalado como una figura decorativa, mientras que la operación real de la administración recae en el yerno del alcalde, lo que ha generado protestas, incluido el cierre temporal del palacio municipal. Y es que, a los pocos días de asumir el cargo, Toscano fue duramente criticado en redes sociales por asistir a un partido de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu mientras se encontraba en España para un evento turístico. No son pocas las denuncias contra el presidente municipal, ya que se han difundido señalamientos de brutalidad y exceso de fuerza desmedida por parte de los elementos de la Policía Municipal, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad local. Comerciantes y habitantes hablan ya de una grave crisis turística y administrativa que está por explotar, lo que traería como consecuencia la toma del Palacio Municipal y la exigencia de renuncia del alcalde.

PERO ADEMÁS de abusivos, varios alcaldes del Estado perciben salarios superiores a los 84 mil 750 pesos que recibe la gobernadora Rocío Nahle García, esto de acuerdo a registros públicos de transparencia e informes periodísticos. Vea usted, por ejemplo: el Presidente Municipal de Misantla gana –aunque no los devenga- 90 mil pesos; en Poza Rica la alcaldesa Adanely Rodríguez (Morena) registró un ingreso mensual neto de 121 mil 999 pesos; por su parte en Nanchital el alcalde José Luis Pérez Salinas percibe 120 mil 173 pesos al mes, mientras que en Fortín, Alfonso Efraín Marín Delfín tiene una remuneración de 115 mil 593 pesos mensuales, y a cambio sus municipios enfrentan inseguridad, soberbia, desgobierno, calles sucias, desatención a los problemas de sus habitantes y represión policiaca, sin que nadie intervenga. Así las cosas…

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LO QUE es la necesidad de sentirse tomado en cuenta en el Gobierno del Estado. Y es que el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro no perdió la oportunidad de irse a la yugular del Senador Manuel Huerta por alborotar al avispero de la revocación de mandato, cuando el principal instigador del tema fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista Hernández, sin embargo, al diputado lo protege por razones obvias. Por lo demás, Pozos quiere quedar bien con la Gobernador Rocío Nahle García, como si la mandataria necesitara quien la defienda. Ni hablar, muy mal asesorado el tuxpeño y sus ínfulas de Alonso Quijano, aquel caballero andante conocido como Don Quijote de la Mancha y su Sancho Panza…OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista