08 Jul 2026

SEPULTARON A la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez –sustraída violentamente de su domicilio el pasado 2 de junio en Nanchital-, y tal vez nunca sepamos los motivos que provocaron su arrendo crimen, aun cuando hay ocho detenidos, entre estos, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que mucho tienen que aportar para el esclarecimiento de los sucesos, aunque de antemano ponen en evidencia un hecho que no tiene desperdicio, y que se replica en muchos municipios de Veracruz y el País: las alianzas entre policías y delincuentes que acrecientan la inseguridad que vive el País, y que lastima sobre todo a ciertos sectores de la sociedad, entre otros, comunicadores, dirigentes sociales, madres buscadoras, sacerdotes, jóvenes, mujeres y activistas. Y es que la colusión entre corporaciones policiales y grupos de la delincuencia organizada en el País es un problema estructural e histórico conocido como infiltración o complicidad criminal, el cual afecta principalmente a los niveles municipales y estatales. El fenómeno responde a dinámicas de coacción económica (plata o plomo), amenazas directas o corrupción activa de servidores públicos, y las formas más comunes de colusión, protección e impunidad se da cuando las policías alertan a las bandas delictivas sobre operativos de fuerzas federales (Ejército, Marina o Guardia Nacional), liberando corredores viales para facilitar el trasiego de mercancías ilícitas. También se produce mediante el halconeo y espionaje, esto es, agentes que actúan como informantes y transmiten datos clave sobre las actividades de mandos rivales o de corporaciones de seguridad del Estado, o efectivos policiales que cometen de manera activa delitos como extorsión (cobro de piso), secuestro, robo, levantones (como en el caso de la comunicadora Roxana Berenice) o ejecuciones en coordinación con células criminales. Para lo anterior se emplean, incluso, patrullas, uniformes y armamento institucional con las que se resguardan a delincuentes o se realizan detenciones ilegales.

CIERTAMENTE, HAY operativos para combatir ese problema que se ha convertido en un cáncer, muchas veces con la aprobación de Presidentes municipales, por lo que fuerzas armadas y fiscalías realizan operativos masivos de desarme y detención de policías locales. Hace poco se realizó uno de los despliegues más grandes que derivó en la captura de decenas de servidores públicos, incluidos jefes de seguridad pública municipal vinculados con homicidios y extorsiones para cárteles locales, denominado Operación Enjambre. Los operativos han provocado detenciones masivas en el sur y norte del país, entre otros Estados, en Chiapas, Veracruz, Durango y Michoacán, donde se ha terminado con corporaciones enteras de la policía municipal desarmadas y enviadas a prisión por nexos comprobados con el crimen organizado, aunque no ha sido suficiente por varias razones, sobre todo porque las policías municipales suelen tener ingresos económicos muy bajos, lo que incrementa su vulnerabilidad ante los sobornos de las mafias. Paralelamente, les falta de equipamiento, en pocas palabras, la asimetría en el poder de fuego hace que los elementos locales se vean superados rápidamente y opten por cooperar para preservar su vida, a lo que se suman las fallas recurrentes en los exámenes de control de confianza y la falta de supervisión interna, lo que facilita que los uniformados corruptos se mantengan dentro de las fuerzas activas.

Y ES que, desde el primer momento del secuestro de la periodista, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, se advirtió que los perpetradores, algunos ya detenidos, portaban uniformes de policías municipales, lo que se corroboró con la detención del primer delincuente, un tal Delta 7 que derivó en la aprehensión de los uniformados Ismael, Juan Carlos, Luis Enrique y José Manuel "N" quienes, según se sabe ahora, fungían como policías del municipio de Ixhuatlán del Sureste y, según las investigaciones, daban alimento, apoyo logístico y recursos a los otros cuatro detenidos integrantes de un grupo criminal. Roxana Berenice Guzmán Ramírez permaneció desaparecida poco más de un mes en un rancho ubicado en Moloacán, a 24 kilómetros de donde se la llevaron violentamente, y donde finalmente la asesinaron, la cortaron en pedazos que fueron sumergido en ácido parar tratar de borrar las evidencias del crimen, lo que no se logró en su totalidad, y fue por ello que, al asegurar el predio se encontraron algunos restos que tras estudios de ADN coincidieron con los de la comunicadora cuyos despojos fueron sepultados este martes, ante el dolor intenso de sus familiares que jugaron un papel determinante, ya que la madre de Guzmán Ramírez acudió hasta donde estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Veracruz, el 5 de junio, con la finalidad de pedirle ayuda. Paralelamente, asociaciones civiles como Alianza de Medios Mx, Amnistía Internacional (AI) y Artículo 19, entre otras, pidieron a las autoridades acciones efectivas para su búsqueda y localización.

Y UNO se pregunta: ¿Cuántas corporaciones municipales del Estado se encuentran inmiscuidas con la delincuencia organizada, ya sea por temor, dinero, instrucciones de sus alcaldes y jefes policiacos o, simple y llanamente, porque les gusta forman parte de esos grupos? Sin duda, algo tendrá que hacer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para terminar con ese cáncer que, seguramente, también se padece en policías Estatales e, incluso Federales, lo que invariablemente causa un daño terrible a la sociedad. La fiscalía del Estado no ha ordenado nuevas detenciones, aunque asegura que la investigación sigue abierta por homicidio, desaparición forzada por particulares y coalición de servidores públicos, aunque, que se sepa, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste no ha sido llamado a declarar para que explique la conducta de su policía, ya que, como jefe del ayuntamiento, también, podría tener responsabilidad. Por lo pronto, la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo ha externado su postura en torno al hecho: “Es indispensable que este crimen se investigue con perspectiva de género, sin revictimización y con pleno acceso a la verdad y la justicia”. A ver si le hacen caso…

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HAY RESENTIDOS sociales que no deberían ocupar cargos públicos cuyos fallos atenten contra la sociedad, y entre estos se encuentra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, quien en su afán de quedar bien con la presidenta busca que las herencias y los legados deben pagar impuestos, aunque por lo pronto, ya externo su desacuerdo con la decisión de la mayoría del Pleno de exentar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos. Lo que ignora la ministra es que en México, herencias y legados están completamente exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto significa que, sin importar el valor de los bienes (dinero, vehículos, joyas o inmuebles), no se paga este impuesto federal por recibirlos. Sin embargo, para mantener el beneficio de estar libre de impuestos y evitar multas con el SAT, se deben cumplir ciertas reglas y considerar los gastos locales, como la obligación de declarar, esto es, si el valor de la herencia (sola o en combinación con otros ingresos del año) supera los 500 mil, es obligatorio reportarla en la Declaración Anual como un "ingreso exento", ya que, si no se informa en la declaración, el SAT puede anular la exención y cobrarte el ISR como si fuera un ingreso regular acumulable. Ni hablar, hay personas que respiran enfados gratuitos producto de su origen o miseria moral. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista