26 Feb 2026

¿De verdad alguien cree que casi dos mil millones de pesos pueden evaporarse sin responsables y sin consecuencias, solo porque el poder así lo desea? En Veracruz, esa parece ser la apuesta: que el escándalo se desgaste, que la cifra se diluya y que la memoria colectiva haga lo que la justicia no ha querido hacer.

El señalamiento es grave y no admite matices. La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por mil 896 millones 723 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024 del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. No es una cifra menor ni un error administrativo. Es, en términos llanos, un boquete financiero de proporciones obscenas en un estado marcado por la pobreza, la violencia y la precariedad de los servicios públicos.

Por eso resulta pertinente —y necesario— el reclamo público del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, quien exigió que las autoridades federales y estatales no se conviertan en cómplices por omisión. Su advertencia no es estridente: es lógica. Cuando la ley no alcanza a los poderosos, deja de ser ley y se convierte en simulación.

Los datos no provienen de rumores ni de adversarios políticos: emanan de la Auditoría Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador del país. Y los hallazgos son tan detallados como indignantes. Solo en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del capitán Cuauhtémoc Zúñiga, se detectó un gasto superior a 414.8 millones de pesos en alimentos “gourmet” —arrachera, salmón y otros lujos— supuestamente destinados a centros penitenciarios. En un estado donde los penales padecen hacinamiento, violencia y carencias elementales, el dato no es solo irregular: es insultante.

Pero si la seguridad indigna, la salud avergüenza. El mayor quebranto financiero se concentra en los Servicios de Salud de Veracruz, con mil 78 millones de pesos aún por aclarar. Recursos federales destinados a salvar vidas, no a perderse en laberintos administrativos ni en cuentas bancarias paralelas. La auditoría habla de mezclas indebidas de financiamiento, contratos sin soporte documental, posibles empresas fantasma y pagos por bienes y servicios que nadie puede acreditar que existieron.

Aquí conviene separar hechos de juicios. El hecho es que existen observaciones formales, documentadas y cuantificadas. El juicio —legítimo— es preguntarse por qué, frente a estos señalamientos, no se observa una respuesta institucional contundente. ¿Dónde están las investigaciones penales? ¿Dónde las inhabilitaciones? ¿Dónde la rendición de cuentas? El silencio oficial no es prudencia jurídica: es una señal política.

La historia reciente de Veracruz explica el escepticismo ciudadano. Demasiados escándalos han terminado en el archivo muerto; demasiados exfuncionarios han cambiado el banquillo por el fuero del olvido. Cada vez que se protege a un exgobernador bajo el argumento de la “estabilidad”, se envía un mensaje devastador: robar desde el poder sale barato si se pertenece al grupo correcto.

La exigencia no es venganza ni linchamiento mediático. Es cumplimiento de la ley. Que se investigue, que se aclare y, si hay responsabilidades, que se sancione. Así de simple y así de complejo. La democracia no se mide solo en elecciones, sino en la capacidad del Estado para aplicar la justicia sin mirar colores partidistas.

Veracruz no necesita más discursos ni cortinas de humo. Necesita instituciones que funcionen y autoridades que entiendan que el dinero público no es botín de salida ni herencia política. Como bien advirtió Movimiento Ciudadano, la salud y el patrimonio de los veracruzanos no pueden ser moneda de cambio para proteger a nadie.

Porque cuando casi dos mil millones de pesos desaparecen y el poder guarda silencio, no estamos ante un error contable: estamos frente a una traición pública que exige justicia, no complicidad.

La verdadera auditoría pendiente no es financiera, es moral: o se castiga la corrupción o se normaliza el saqueo.

Esta es opinión personal del columnista