25 Feb 2026

La reforma electoral presentada en la mañanera del día de hoy abre una discusión que trasciende la contabilidad de curules y el ajuste presupuestal. Lo que está en juego es la arquitectura de la representación y el tipo de competencia que México quiere consolidar en los próximos años.

La propuesta se apoya en tres grandes ideas que conectan con un ánimo social extendido de austeridad verificable, candidaturas con respaldo real de voto y control del dinero político. Sin embargo, una reforma electoral se evalúa por los incentivos que crea y por las capacidades institucionales que preserva. En ese sentido, conviene recorrer con rigor cada uno de los diez ejes planteados.

Primer eje, la Cámara de Diputados. Se mantienen 500 escaños. Trescientos por mayoría relativa y doscientos bajo un nuevo esquema proporcional. Noventa y siete para los mejores resultados de candidaturas que compitieron y quedaron cerca. Noventa y cinco por circunscripción elegidos directamente en boleta. Ocho para mexicanas y mexicanos en el exterior.

El mensaje político es potente. Quien llega al Congreso deberá mostrar votos tangibles. La lista cerrada pierde centralidad como mecanismo de acceso. El efecto puede resultar virtuoso si eleva la calidad de la competencia en distritos complejos y reduce el control cupular sobre trayectorias legislativas. El riesgo se encuentra en la ingeniería del detalle. El criterio de mejor resultado, si carece de precisión técnica, puede incentivar sofisticaciones estratégicas que conviertan derrotas competitivas en curules aseguradas. El método de asignación definirá la geografía del poder con mayor fuerza que cualquier consigna pública.

Segundo eje, el Senado. Se reduce a 96 integrantes. Sesenta y cuatro por mayoría estatal y treinta y dos por primera minoría. Desaparece la lista nacional.

Este ajuste reconfigura el equilibrio federal. La representación se ancla con mayor intensidad al territorio y pierde un mecanismo de corrección proporcional a escala país. El efecto inmediato favorece a las fuerzas con distribución territorial sólida y penaliza el voto disperso. Gobernadores y estructuras estatales adquieren mayor peso en la negociación legislativa. La pluralidad persiste, aunque con menos instrumentos de traducción nacional.

Tercer eje, la reducción del costo electoral en 25 por ciento. Se trata de la promesa con mayor potencia simbólica. Funciona como contrato emocional con una ciudadanía que percibe al sistema electoral como oneroso. El análisis serio exige desagregar funciones organización territorial, padrón, fiscalización, cómputos, defensa jurídica. Un recorte puede eliminar redundancias o puede debilitar el músculo operativo que sostiene la certeza. La diferencia entre eficiencia y deterioro institucional se decide en la letra fina del presupuesto y en el calendario de implementación.

Cuarto eje, financiamiento partidista y regidurías municipales. El recorte al financiamiento público y la reducción de regidores se insertan en la lógica de austeridad. Reducir recursos altera la elasticidad de supervivencia de fuerzas medianas y aumenta la relevancia de estructuras territoriales y comunicación digital. En el plano municipal, disminuir regidores puede simplificar la toma de decisiones o concentrar poder en el Ejecutivo local. El efecto dependerá del tamaño del municipio y de la densidad de competencia política en cada región.

Quinto eje, fiscalización financiera reforzada. Acceso oportuno a operaciones bancarias y prohibición de aportaciones en efectivo. Este punto ataca la raíz del deterioro democrático, el dinero opaco y la triangulación. Si se implementa con capacidad técnica y coordinación interinstitucional puede convertirse en el cambio más profundo del paquete. La paradoja es evidente. Mayor fiscalización exige equipos especializados y sistemas robustos. La coherencia entre recorte presupuestal y fortalecimiento de la supervisión será la prueba de consistencia del diseño.

Sexto eje, representación de la diáspora. Ocho diputaciones y facilidades para el voto en el exterior. El reconocimiento político de quienes sostienen economías locales con remesas posee valor simbólico y material. El desafío es técnico identidad verificable, trazabilidad del sufragio y confianza pública en el mecanismo utilizado. En contextos polarizados cualquier duda en el voto exterior puede amplificarse con rapidez.

Séptimo eje, tiempos oficiales en radio y televisión. La reducción de 48 a 35 minutos diarios por emisora disminuye saturación y obliga a rediseñar estrategias de comunicación. El peso se desplazará hacia redes y microsegmentación. Esa migración exige reglas claras y fiscalización eficaz del gasto digital para preservar equidad.

Octavo eje, regulación de inteligencia artificial y bots. El poder algorítmico se ha convertido en infraestructura política. Definir con precisión qué constituye automatización indebida y cómo auditarla sin vulnerar libertades fundamentales representa una tarea de alta complejidad jurídica. Un texto claro, con umbrales objetivos y criterios verificables, podría colocar a México como referente regional. Un texto ambiguo trasladaría la disputa a tribunales.

Noveno eje, resultados preliminares y cómputos distritales. Cambiar el mecanismo que informa la noche electoral implica modificar la percepción de certeza en el momento más sensible del proceso. La transición deberá acompañarse de publicación amplia de actas, auditorías en tiempo real y pedagogía pública sostenida. La estabilidad política suele depender de cómo se comunican y verifican las primeras cifras.

Décimo eje, nepotismo y reelección consecutiva inmediata. El combate a la herencia política responde a una intuición ciudadana profunda. La eliminación de la reelección inmediata retoma una tradición histórica. El dilema radica en cómo garantizar rendición de cuentas y profesionalización legislativa en ausencia de continuidad. Sin mecanismos de evaluación y transparencia robustos, el legislador podría depender más de la dirigencia partidista que del electorado.

En este tablero PVEM y PT ocupan un lugar estratégico. El rediseño de la representación proporcional y el recorte al financiamiento inciden directamente en su modelo de conversión voto curul. Su margen de maniobra oscila entre preservar la cohesión de la coalición y proteger su viabilidad parlamentaria.

Pueden acompañar la reforma con ajustes técnicos que aseguren que el nuevo esquema proporcional mantenga oportunidades reales para fuerzas medianas. Pueden buscar segmentar el paquete y aprobar los componentes de mayor aceptación pública mientras negocian con firmeza el corazón representativo. También pueden endurecer su posición y elevar el costo político del rediseño. Cada ruta produce un equilibrio distinto entre transformación institucional y estabilidad de coalición.

La reforma electoral rara vez constituye un ejercicio neutral. Define quién compite con ventaja estructural, quién administra recursos con mayor libertad y cómo se aceptan los resultados. El éxito del paquete dependerá de su capacidad para combinar austeridad con certeza operativa y limpieza financiera con pluralidad efectiva.

Si la ingeniería institucional logra ese equilibrio, México puede avanzar hacia un modelo más eficiente y transparente. Si el diseño sacrifica capacidades esenciales en nombre del ahorro o altera la proporcionalidad sin salvaguardas claras, el sistema podría entrar en una fase de litigio permanente, crítica y tensión acumulada.

El debate apenas inicia. La calidad de la deliberación legislativa y la fineza de los ajustes técnicos decidirán si esta reforma se convierte en una corrección estructural o en un episodio más de la larga disputa por las reglas del juego democrático que generalmente favorecen a quien gobierna.

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Esta es opinión personal del columnista