25 Feb 2026

¿En qué momento normalizamos que el civismo se mida en desmayos y ambulancias? La escena es tan vieja como la política clientelar y tan ofensiva como innecesaria: estudiantes formados a la intemperie, con el frío calándoles los huesos, mientras el protocolo oficial avanza imperturbable, ajeno a la realidad humana que tiembla frente al templete.

Como diría el filósofo ateniense xalapeño Pancho López: “pero qué necedad de andar llevando a los niños acarreados a los actos públicos de gobierno”. Y no es ocurrencia. Es diagnóstico. Este martes, durante la ceremonia del Día de la Bandera, se reportaron de manera extraoficial alrededor de 30 estudiantes de bachillerato con síntomas de hipotermia e hipoglucemia. La mayoría, alumnas. Algunas se desmayaron. Varias ambulancias acudieron al auxilio. El frío no era metáfora. Era real, cortante, anunciado desde días antes por los servicios meteorológicos.

Pero no se preocupen: aquí no pasa nada.

La imagen es elocuente y vergonzosa. Jóvenes utilizados como utilería cívica para llenar explanadas, justificar discursos y tomarse la foto. No fueron invitados: fueron llevados. No participaron: resistieron. No celebraron a la patria: la padecieron. El civismo impuesto no educa; somete. Y cuando se ejerce con indiferencia hacia la salud y la dignidad de menores de edad, deja de ser error para convertirse en irresponsabilidad institucional.

Quienes organizan estos actos saben —o deberían saber— que la exposición prolongada al frío, sin alimentación adecuada y sin condiciones mínimas de resguardo, conlleva riesgos médicos claros. La hipotermia y la hipoglucemia no son “malestares leves”: son emergencias prevenibles. Bastaba reprogramar, reducir tiempos, trasladar el evento a un espacio cerrado o, simple y llanamente, no llevar estudiantes. Pero la lógica del poder es otra: la forma importa más que la gente.

No es un hecho aislado. Es una práctica arraigada. Desde hace décadas, gobiernos de todos los colores han confundido educación cívica con acarreo. Se convoca a escuelas para “engalanar” actos oficiales, no para formar ciudadanía crítica. Se mide el éxito por la asistencia, no por el aprendizaje. Se presume disciplina, no conciencia. Y así se va normalizando la idea de que los cuerpos jóvenes son prescindibles cuando el guion oficial lo exige.

La responsabilidad es compartida, pero no diluible. Autoridades educativas que autorizan la salida; funcionarios que organizan sin protocolos; directivos que obedecen sin cuestionar; y un aparato gubernamental que prioriza el simbolismo hueco sobre la seguridad básica. Todo esto ocurre en un país que presume marcos legales y discursos de protección a la infancia, pero que tropieza una y otra vez en lo elemental: cuidar.

La ironía es brutal. En nombre de la patria se vulnera a quienes la heredarán. Se habla de valores mientras se practica la negligencia. Se rinde honores a la bandera mientras se ignora el artículo primero constitucional que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la salud, a la integridad y a la dignidad.

Nadie pide cabezas ni linchamientos. Se exige algo más difícil y más urgente: responsabilidad. Protocolos claros para eventos con estudiantes. Evaluaciones de riesgo reales. Sanciones administrativas cuando se incumplen medidas básicas. Y, sobre todo, un cambio cultural: entender que la presencia forzada no es participación, y que la educación cívica no se construye a gritos ni a la intemperie.

Porque la patria no se honra con filas temblorosas ni con ambulancias de fondo. Se honra cuando el Estado actúa con sensatez, previsión y respeto por su gente. Todo lo demás es escenografía barata.

Un gobierno que expone a sus jóvenes al frío para cumplir el protocolo no celebra a la patria: la desprotege.

Esta es opinión personal del columnista