- /

Linda Díaz | Ciudad de México. | 30 Oct 2026 - 08:56hrs

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso bajo la lupa los mecanismos de adquisición y proveeduría dentro de las autoridades electorales del país, al denunciar de manera directa que dos empresas han concentrado históricamente la producción de material destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La mandataria federal advirtió que esta situación anómala se desprende de los lineamientos internos y candados normativos establecidos para la contratación de proveedores, los cuales han favorecido de forma sistemática a un pequeño grupo de corporivos a lo largo de los años.

La titular del Ejecutivo Federal profundizó en el modus operandi de dichas compañías, cuestionando severamente que operen bajo un esquema de mera intermediación comercial.

Según los datos expuestos, estas entidades mercantiles obtienen contratos multimillonarios sin contar con una planta laboral propia o con la infraestructura fabril necesaria para elaborar de manera directa la papelería y los insumos comiciales, tercerizando los procesos productivos mientras concentran las ganancias económicas derivadas del presupuesto público asignado a los comicios.

Al abundar en los antecedentes del caso, Sheinbaum Pardo puntualizó que este fenómeno de concentración no constituye un hecho reciente, sino que forma parte de un esquema transexenal arraigado en la estructura administrativa del país.

Al respecto, señaló que se tienen documentados antecedentes de contrataciones centralizadas en las mismas firmas desde el año 1999, sumándose señalamientos públicos e inconformidades registrados en 2005 y, de manera más marcada, a partir de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió un mayor control sobre la designación y fiscalización de los organismos locales.

La revelación de este presunto duopolio abre un frente de discusión en torno a la necesidad de transparentar y democratizar las licitaciones públicas en los órganos autónomos, garantizando piso parejo para la industria nacional y eliminando figuras de intermediación que encarecen los procesos democráticos.

Para el Gobierno Federal, la revisión de los lineamientos operativos de las autoridades electorales resulta un paso indispensable para asegurar la eficiencia en el ejercicio del gasto y erradicar prácticas monopólicas en la proveeduría institucional.

Con este posicionamiento, el Ejecutivo federal reitera su compromiso con la fiscalización estricta de los recursos públicos destinados a la organización de procesos electorales, exigiendo cuentas claras a los órganos autónomos.

La revisión de los antecedentes contractuales busca sentar un precedente para que las futuras adquisiciones de material e infraestructura comicial se realicen bajo estrictos criterios de honradez, competencia abierta y máxima transparencia presupuestal.