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Noreste | Ciudad de México. | 19 Oct 2026 - 09:38hrs

En un firme posicionamiento en defensa de la soberanía nacional y el orden constitucional, la jefa del Ejecutivo Federal respaldó de manera categórica las indagatorias y órdenes de aprehensión ejecutadas en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

La mandataria señaló que las propias instituciones del estado de Chihuahua han reconocido formalmente la presunta responsabilidad del exfuncionario al permitir la incursión y participación directa de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo clandestino desarrollado en la Sierra Tarahumara, vulnerando los límites de la jurisdicción nacional.

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo detalló la cronología jurídica del caso, explicando que la primera carpeta de investigación fue integrada con rigor por la fiscalía estatal bajo cargos de delitos cometidos por servidores públicos.

Posteriormente, ante la gravedad de los hechos y la afectación directa a la seguridad interior de la República, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo y amplió el expediente, girando un nuevo mandamiento judicial por el delito de traición a la patria contra el exservidor público.

La mandataria federal enfatizó la gravedad de la actuación irregular del exfiscal, recordando que las agencias extranjeras —como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier otra corporación de los Estados Unidos— carecen por completo de atribuciones legales, facultades operativas o mandato constitucional para inspeccionar, intervenir o desmantelar laboratorios clandestinos en territorio mexicano.

La tolerancia o colusión de autoridades locales para facilitar estas acciones constituye una flagrante violación al derecho internacional y a la autonomía del Estado mexicano.

Como parte de los procedimientos judiciales subsecuentes, se confirmó que el imputado será trasladado en los próximos días bajo estrictas medidas de seguridad hacia la Ciudad de México.

En la capital del país, el exfuncionario comparecerá ante los órganos jurisdiccionales federales para enfrentar la audiencia inicial y responder por las graves acusaciones federales que pesan en su contra, garantizándose en todo momento el debido proceso pero sin margen de impunidad.

Finalmente, el gobierno de México envió un mensaje contundente a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, reiterando que la colaboración internacional en materia de seguridad no puede ni debe traducirse en subordinación ni en la entrega de facultades soberanas a potencias extranjeras.

Las autoridades federales aseguraron que continuarán investigando y sancionando con todo el rigor de la ley a cualquier funcionario que vulnere los intereses supremos de la nación.