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Con información de Agencias | Toluca | 08 Oct 2026 - 14:02hrs
Autoridades de seguridad federal y del Estado de México detuvieron a Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, señalado como presunto líder de una red dedicada a extorsionar a políticos, funcionarios públicos y empresarios mediante la suplantación de identidades.
De acuerdo con información de Infobae, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivado de diversas investigaciones.
Miranda Contreras fue detenido en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, junto con Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, quien se desempeñaba como escolta. Los cinco son señalados por su probable participación en el entramado de extorsión.
Según las investigaciones, la organización habría suplantado la identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes del Gobierno del Estado de México, alcaldes y servidores de otras dependencias para obtener beneficios económicos o laborales.
Luis Miranda Contreras se desempeñó como Tesorero General y posteriormente como Secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013. Las autoridades señalaron que también ocupó otros cargos en distintos niveles de gobierno, lo que le habría permitido conocer estructuras político-administrativas y obtener información utilizada posteriormente por la organización.
El exfuncionario cuenta además con antecedentes por peculado. En 2017 fue detenido por su presunta participación en pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores, operaciones que, de acuerdo con los antecedentes citados, no se habrían realizado. También fue inhabilitado en Michoacán.
La investigación estableció que la red buscaba generar confianza entre sus víctimas mediante mensajes de texto y llamadas a sus números personales. Los integrantes se presentaban inicialmente como secretarios particulares de funcionarios o personas cercanas a actores políticos y empresariales de alto nivel.
Durante esos primeros contactos obtenían información sobre las víctimas, sus dependencias, agendas y operaciones políticas o económicas. Posteriormente utilizaban esos datos para hacerse pasar por funcionarios y solicitar dinero o favores.
Una de las estrategias consistía en enviar mensajes en los que supuestos colaboradores informaban que un funcionario de alto nivel quería comunicarse directamente con la víctima. Los números utilizados mostraban fotografías, nombres, logotipos o imágenes relacionadas con instituciones gubernamentales y organizaciones políticas para aparentar autenticidad.
Las autoridades también identificaron el uso de Inteligencia Artificial para clonar las voces de funcionarios y actores económicos. Con esta tecnología, los integrantes de la red podían simular conversaciones y generar mensajes de voz que posteriormente eran enviados a las víctimas como parte de la extorsión.
Las solicitudes de dinero incluían supuestos apoyos para operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o contratación de servicios con determinadas personas físicas o morales.
Las investigaciones identificaron al menos 19 teléfonos, entre equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, utilizados para realizar llamadas y enviar mensajes. Algunos de estos dispositivos fueron relacionados con tarjetas SIM aseguradas durante las detenciones y con números reportados por algunas víctimas.
Debido a que las cuentas bancarias de Luis Miranda se encontraban bloqueadas, las autoridades señalaron que los recursos obtenidos mediante las extorsiones eran solicitados principalmente en efectivo. Cuando se requería utilizar el sistema bancario, presuntamente recurrían a una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee “N”.
Parte de los recursos obtenidos habría sido utilizado para adquirir propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama. En el domicilio utilizado como principal zona de operaciones, ubicado en un fraccionamiento de Metepec, fueron localizados equipos telefónicos que los detenidos habrían intentado ocultar, además de múltiples tarjetas SIM y vehículos de alto valor.
Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Las investigaciones continuarán para determinar el número de víctimas, establecer el alcance de la red y esclarecer la participación que habría tenido cada uno de los detenidos en las operaciones de suplantación y extorsión.