
- /
Linda Díaz | Ciudad de México. | 28 Sep 2026 - 10:46hrs
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que el traslado por vía terrestre hasta el estado de Baja California de "Ruffo" —figura clave en investigaciones judiciales recientes— respondió de manera estricta a un mandato emitido por la autoridad jurisdiccional correspondiente y no a una decisión discrecional del Poder Ejecutivo o de las fuerzas de seguridad federales.
Desde la Ciudad de México, la mandataria salió al paso de las críticas que señalaban irregularidades o tratos inusuales en la conducción del detenido a lo largo del territorio nacional.
Durante su habitual diálogo con los medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo reconoció que la notable extensión geográfica del trayecto por carretera generó cuestionamientos y suspicacias en la opinión pública.
No obstante, precisó que, tras solicitar el reporte técnico a las dependencias de seguridad encargadas del operativo, se le confirmó que la logística terrestre se apegó formalmente a la orden del juzgador y se realizó con el conocimiento oportuno de la defensa legal del imputado.
"De que se le trasladó por tierra y a tan largo recorrido, me dijeron que se siguió la orden del juez. Esa fue la contestación que me dieron. Eso fue un procedimiento que se ha hecho en otras ocasiones. Porque sí, pues es un trayecto muy largo. Pero dicen que es un seguimiento que normalmente determina el juez, a menos que haya alguna cuestión de riesgo adicional", explicó la titular del Ejecutivo Federal al detallar la información institucional recibida.
Sheinbaum Pardo enfatizó que la conducción terrestre de procesados en distancias considerables constituye un protocolo recurrente en el sistema de justicia penal cuando el juzgador a cargo así lo establece en la orden de traslado.
De acuerdo con las autoridades federales, este tipo de procedimientos busca cumplir con las garantías de custodia y las determinaciones de la causa penal, manteniéndose invariable a menos que los análisis de inteligencia detecten un nivel de riesgo extraordinario que obligue a modificar la vía logística.