- /

Noreste | Ciudad de México. | 28 Ago 2026 - 09:33hrs

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisó el marco constitucional que inhabilita a personas con órdenes de aprehensión vigentes para postularse a cargos de elección popular.

Cuestionado de forma directa sobre la viabilidad de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pueda ejercer una función pública o competir en comicios, el funcionario evitó señalar de forma explícita al exmandatario estatal, argumentando el desconocimiento puntual del estado procesal de sus expedientes.

Sin embargo, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delineó el criterio legal aplicable, enfatizando que cualquier ciudadano que mantenga un mandato de captura ejecutable, no se ponga a disposición de un juez y permanezca fuera del país se encuentra formalmente sustraído de la acción de la justicia.

Bajo este supuesto normativo, Zaldívar detalló que la legislación mexicana cataloga a dichas personas como prófugas de la justicia, condición jurídica que activa automáticamente la suspensión de sus derechos políticos e impide el registro formal de cualquier candidatura.

La postura institucional reafirma los criterios fijados por las autoridades electorales y jurisdiccionales para evitar que perfiles con cuentas pendientes ante la justicia penal utilicen la figura de la elección popular o el fuero constitucional como mecanismo de evación procesal.