Isaac Carballo Paredes | Poza Rica, Ver. | 27 Jul 2026 - 12:45hrs
Aunque es entendible que cualquier familia atraviese momentos de desesperación ante un proceso judicial; lo que resulta inaceptable es utilizar esa condición para vulnerar el orden legal y exigir a las autoridades locales actos que están completamente fuera de sus atribuciones.
La reciente presión ejercida sobre el Ayuntamiento de Poza Rica para que intervenga en el caso penal de la joven Danna Yanina es un claro ejemplo de cómo la desinformación y el desacato a la ley terminan empañando el verdadero reclamo de justicia.
La familia exige que el gobierno municipal y Estatal veracruzano meta las manos en un proceso que le compete única y exclusivamente al estado de Tamaulipas, donde ocurrieron los hechos. Pretender que un Ayuntamiento o un gobierno estatal violen el pacto federal y la soberanía de otra entidad para interferir en las decisiones de un juez extranjero a su jurisdicción no solo es un despropósito jurídico, sino una petición imposible de cumplir.
Para la ley ningún alcalde ni gobernador tiene facultades constitucionales para ordenar la liberación o el cambio de medida cautelar de un imputado en otro estado. Exigir lo que la ley prohíbe demuestra una falta de rigor en la estrategia legal de los allegados, quienes prefieren volcar la responsabilidad mediática sobre instituciones ajenas antes que concentrar sus esfuerzos defensivos en las instancias correspondientes en Tamaulipas.
Politizar el caso y buscar la confrontación con el gobierno local por no realizar actos ilegales solo evidencia una postura irresponsable. Si la familia busca verdaderamente defender los derechos de la joven, debe hacerlo con pruebas en los tribunales competentes de Tamaulipas y dejar de exigir lo imposible a quienes, por simple mandato legal, están imposibilitados para actuar.
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