- /

Alejandro Ávila | Veracruz. | 09 Jul 2026 - 14:02hrs

El Congreso del Estado de Veracruz analiza una reforma ambiental orientada a proteger los recursos naturales y la producción agrícola, mediante el endurecimiento de sanciones contra quienes utilicen agroquímicos prohibidos o restringidos.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que la iniciativa no busca frenar la actividad del campo ni afectar a los productores que trabajan de manera responsable, sino castigar penalmente a quienes, de forma consciente, generen daños graves a la salud y a los ecosistemas.

​La reforma al Código Penal del Estado incorpora agravantes específicas para sancionar con mayor severidad los delitos ambientales cuando involucren sustancias fitosanitarias de alta peligrosidad. El nuevo marco legal busca proteger de manera prioritaria el agua, el suelo, la biodiversidad y las zonas de recarga hídrica.

Asimismo, se modificará la Ley Estatal de Protección Ambiental para dotar a las autoridades municipales y estatales de criterios y mecanismos claros que les permitan fortalecer la vigilancia y el control preventivo en el uso de estos insumos. ​Este endurecimiento legal responde a una problemática nacional e internacional de salud pública y conservación.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Semarnat mantienen bajo estricta restricción o prohibición diversas sustancias debido a su alta toxicidad. Entre ellas destacan plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, el paraquat, el endosulfán y ciertos componentes organofosforados, los cuales han sido vinculados globalmente con la contaminación de mantos acuíferos, la degradación acelerada del suelo fértil y el desarrollo de enfermedades crónicas en las comunidades rurales.

​Para evitar vacíos legales o interpretaciones ambiguas, la propuesta legislativa delimita con precisión las responsabilidades de los involucrados. El dictamen establece que los propietarios de los predios solo serán sancionados cuando se compruebe que tenían conocimiento de las actividades ilícitas y no actuaron para impedirlas, brindando así certeza jurídica a quienes actúan de buena fe.

​Con el respaldo anunciado por el grupo legislativo del PVEM, la iniciativa avanza hacia su votación con el objetivo de garantizar una transición hacia la agricultura sustentable y proteger el patrimonio natural para las próximas generaciones en Veracruz.