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Noreste | Ciudad de México. | 28 May 2026 - 17:16hrs

Un juez de la Ciudad de México borró esta semana la acusación de fraude procesal contra Fidel Kuri Grajales. El mismo juzgador que lo vinculó a proceso en 2023, lo mantuvo preso dos años y nueve meses y le negó cambiar medidas cautelares, terminó reconociendo que no existían elementos para acreditar delito alguno. La resolución llegó después de que un amparo federal corrigiera el expediente y desmontara la argumentación penal construida alrededor del empresario veracruzano.

La escena retrata que primero es encarcelar y después revisar si había razones jurídicas para hacerlo. El juez Héctor Fernando Rojas Pacheco dejó sin efectos la vinculación a proceso y decretó el sobreseimiento total porque “el hecho no constituye delito”.

Arrendadora Azteca acusó a Kuri de fraude procesal, delito que implica engañar a una autoridad mediante pruebas o actos simulados. Pero el expediente terminó revelando una disputa mercantil convertida en asunto penal. Una deuda privada convertida en expediente criminal para ejercer presión.

La contradicción es brutal. El delito imputado contempla una pena máxima de seis años. Kuri pasó casi tres preso por un ilícito que la justicia federal concluyó que nunca ocurrió. La mitad de la condena máxima por una conducta inexistente. El proceso terminó funcionando como castigo anticipado.

Todo nació del préstamo por 139 millones de pesos otorgado en 2019 para evitar el descenso de los Tiburones Rojos. Tras la desafiliación del club llegaron demandas cruzadas y conflictos financieros. Kuri sostiene que la deuda quedó cubierta mediante garantías prendarias relacionadas con las transferencias de Sebastián Jurado y el “Puma” Chávez, operaciones donde apareció Atlético Morelia como intermediario financiero.

Pero el punto central era otro. El artículo 17 constitucional prohíbe encarcelar personas por deudas civiles o mercantiles. Entonces la deuda debía parecer fraude. La cobranza tenía que adquirir forma penal. Aquí la contradicción es perfecta porque la ley defiende garantías mientras el aparato judicial produce lo contrario.

El momento más revelador ocurrió al cierre de la audiencia.

—“Estuve privado de mi libertad sin cometer delito”, reclamó Kuri.

—“Sí, determinó que no hay conducta antijurídica”, respondió el juez.

Después vino la frase final del expediente completo:

—“Ha sido todo un procedimiento…”

La burocracia judicial convertida en explicación suficiente para casi tres años de prisión.

Ahora Kuri prepara demandas contra fiscalía y terceros por daños derivados del encarcelamiento. El caso deja una pregunta: ¿quién responde cuando el Estado encarcela a una persona por un delito inexistente?

En este caso no hubo absolución por falta de pruebas. El propio juez terminó reconociendo que nunca existieron elementos suficientes para acreditar el delito. Y eso cambia todo.