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Noreste | España. | 27 May 2026 - 09:23hrs

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ingresó este miércoles a la sede federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la calle Ferraz de Madrid, dentro de una investigación judicial por presunta corrupción que alcanza a operadores políticos y exfuncionarios cercanos al gobierno de Pedro Sánchez.

El operativo fue ejecutado por orden de la Audiencia Nacional y a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes acudieron para requerir documentación relacionada con movimientos financieros y contratos presuntamente vinculados con pagos irregulares realizados desde la estructura administrativa del partido.

La investigación se centra en transferencias y facturación atribuida a la exmilitante socialista Leire Díez, así como en posibles nexos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público dependiente del gobierno español.

Según las diligencias, la UCO busca facturas emitidas desde 2024 para verificar si el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con responsables administrativos del partido, habría autorizado pagos mediante documentación presuntamente simulada.

El juez Santiago Pedraz imputó además a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías; y al empresario Javier Pérez Dolset.

Como parte de la misma operación, las autoridades realizaron registros en inmuebles de Madrid, Móstoles y Navarra vinculados con los investigados.

La operación también alcanzó instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, donde agentes solicitaron expedientes disciplinarios y documentación relacionada con mandos y elementos policiales que participaron en investigaciones sensibles para el entorno del PSOE.

Desde el gobierno y el partido intentaron reducir el impacto político del operativo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó en redes sociales que “se viste como un registro lo que es un simple requerimiento de información”.

La oposición aprovechó la irrupción judicial para exigir consecuencias políticas inmediatas. El dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió elecciones anticipadas y sostuvo que “no queda más remedio que darle la voz a los españoles”.

Desde Vox, Santiago Abascal acusó al entorno de Sánchez de operar como “una mafia” y exigió procesos penales contra integrantes del oficialismo.

Incluso aliados parlamentarios del PSOE comenzaron a fijar distancia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, declaró que una eventual sentencia por financiación ilegal provocaría la ruptura de apoyos y abriría el escenario de elecciones anticipadas.

La entrada de la UCO a Ferraz coloca al partido gobernante en una de las crisis judiciales más delicadas del mandato de Sánchez, en un momento de presión política interna y desgaste institucional acumulado por investigaciones que ya rozan a cuadros estratégicos de la estructura socialista.