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Noreste | Xalapa, Ver. | 25 May 2026 - 10:08hrs

Este lunes 25 de mayo vence el plazo establecido por el Gobierno de Veracruz para que los ayuntamientos aprueben la reestructura de la deuda de la bursatilización municipal; sin embargo, hasta ayer domingo únicamente 152 municipios habían enviado sus actas de cabildo al Congreso del Estado para adherirse al esquema promovido por la gobernadora Rocío Nahle García.

Aunque hasta el pasado jueves 22 de mayo apenas se contabilizaban 48 aprobaciones, en las últimas horas aumentó el número de municipios que respaldaron la propuesta estatal. No obstante, para que el proyecto pueda concretarse se requiere la aprobación de los 199 ayuntamientos integrados al esquema de bursatilización.

La iniciativa plantea que el Gobierno del Estado absorba la deuda contratada desde 2009, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán, con el propósito de liberar las participaciones federales que actualmente son retenidas a los municipios para cubrir esos compromisos financieros.

De acuerdo con autoridades estatales, durante años los ayuntamientos pagaron cantidades millonarias en intereses sin reducir de manera considerable el monto original de la deuda, calculada en alrededor de mil 500 millones de pesos.

La administración estatal sostiene que concretar la reestructura permitiría a los municipios recuperar capacidad financiera y destinar más recursos a obra pública, infraestructura y servicios básicos, principalmente ante el panorama presupuestal previsto para 2026 y 2027.

El proceso enfrenta complicaciones técnicas y legales, debido a que el nuevo esquema financiero requiere el aval de la totalidad de los municipios involucrados.

Los intentos para modificar este mecanismo no son nuevos. Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y posteriormente en la administración de Cuitláhuac García Jiménez también se plantearon propuestas para reestructurar la bursatilización municipal, pero la falta de consenso impidió concretarlas.

Ahora, el gobierno de Rocío Nahle retomó el tema bajo el argumento de cancelar adeudos históricos y evitar que las participaciones federales de los municipios continúen comprometidas durante los próximos años.