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Investiga FGR a Samuel García por presunto desvío de mil millones de pesos

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Con información de El Financiero | Nuevo León, Mty. | 29 Abr 2026 - 12:52hrs

La FGR ‘le sigue los pasos’ a Samuel García. El gobernador de Nuevo León habría estructurado un esquema financiero para el desvío de recursos públicos y presunto lavado de dinero por más de mil millones de pesos.

Según la investigación, el mandatario estatal de Movimiento Ciudadano utilizó el despacho familiar Firma Jurídica y Fiscal como pieza central para captar recursos provenientes de Nuevo León y redirigirlos en beneficio de su familia.

Esta firma actualmente se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así el despacho de abogados del padre de Samuel García habría lavado dinero
Entre los principales accionistas del despacho de abogados de la familia de Samuel García se encuentran su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

El negocio familiar del gobernador de Nuevo León operaba mediante la canalización de recursos públicos a través de distintos fondos del gobierno estatal. Estos eran transferidos al despacho de abogados fiscales vinculado a la familia del gobernador.

De acuerdo con los señalamientos, el esquema de desvío se alimentaba de al menos cuatro fuentes principales de la administración pública estatal. Para ello, se habría contado con la participación de diversas empresas y entidades, entre las que destacan:

Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, Txat Latam, FERRO & MENDEZ, así como organismos públicos como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad y proyectos de infraestructura como el Acueducto El Cuchillo.

Una vez que los recursos ingresaban a las cuentas de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, negocio familiar de Samuel García, estos eran dispersados principalmente hacia la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles. En total, se habrían transferido más de mil millones de pesos a dicha compañía.

Finalmente, los fondos eran enviados a distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar su origen, completando así el presunto esquema de lavado de dinero.

Hasta el momento, las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.