Iván Sánchez | Veracruz. | 22 Abr 2026 - 09:12hrs
El gasto que realizan las empresas en materia de seguridad en México podría alcanzar hasta 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto, señaló Rubén Fajardo, experto en temas de seguridad, al advertir que se trata de una cifra millonaria que refleja el impacto económico de la violencia y la necesidad de protección en el sector productivo.
Explicó que este costo debe analizarse junto con el que realiza el propio Estado para mantener la seguridad y combatir la delincuencia, aunque subrayó que para la iniciativa privada representa ya una carga constante dentro de su operación.
Indicó que, en sectores como las tiendas de autoservicio y departamentales, el gasto en seguridad suele compararse con las mermas mensuales de inventario, que rondan entre 1.4 y 1.6 por ciento, por lo que mientras se mantenga dentro de ese rango se considera parte de una operación normal.
Fajardo señaló que a este panorama se suma otro gasto menos visible, pero igualmente importante: el dinero que muchas empresas terminan destinando por extorsiones o cobros ilegales para poder mantener su operación.
Mencionó que, de acuerdo con datos reportados a organismos internacionales, los negocios podrían estar pagando por fuera hasta 0.2 por ciento adicional de su operación, aunque aclaró que se trata de una cifra difícil de precisar por el alto nivel de subregistro.
Explicó que en algunas regiones del país, como Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas o zonas vinculadas al llamado Triángulo Rojo, este tipo de pagos se relacionan incluso con el traslado de mercancías, pues en ciertos casos se cobra una especie de “derecho de tránsito” para dejar circular unidades o productos.
El especialista advirtió que uno de los principales problemas es que siete de cada 10 extorsiones no se denuncian, lo que impide conocer con claridad la dimensión real del problema y diseñar mejores estrategias de contención.
Rubén Fajardo sostuvo que para enfrentar este escenario es indispensable una mayor participación social, denuncias oportunas y seguimiento a los casos, ya que sin información precisa ni presión pública es muy difícil romper las cadenas del delito.
Añadió que la seguridad no puede recaer únicamente en las autoridades, sino también en una ciudadanía activa que observe, reporte y exija resultados.
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