26 Oct 2026

Hay protestas que incomodan, paralizan actividades y afectan a miles de personas. Pero también hay protestas que obligan a preguntarnos qué está pasando para que un sector productivo detenga sus unidades y exija soluciones.

El paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre es una de ellas. Detrás de los camiones detenidos y las carreteras afectadas existe una problemática que el gobierno no debería minimizar: inseguridad, extorsiones, deterioro de las vías de comunicación y aumento de los costos de operación.

En Coatzacoalcos y su zona de influencia, donde la actividad industrial, portuaria y comercial depende del transporte terrestre, las consecuencias van mucho más allá de las molestias ocasionadas por las protestas.

LA INSEGURIDAD, EL PROBLEMA DE FONDO

Los transportistas llevan tiempo denunciando los riesgos que enfrentan durante sus recorridos. Asaltos, robos de mercancías y unidades, extorsiones y agresiones contra operadores forman parte de las preocupaciones del sector.

No hablamos de un problema menor. Detrás de cada camión hay un trabajador que sale de su casa sin la certeza de regresar ileso, una empresa que arriesga su patrimonio y una cadena de suministro que puede interrumpirse por la delincuencia.

Por cierto, el transporte de carga no mueve únicamente productos industriales. También distribuye alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías indispensables para la vida cotidiana.

Mientras tanto, los operadores deben cumplir con sus entregas y absorber las pérdidas derivadas de los retrasos, los robos y las medidas adicionales de seguridad. Exigir carreteras seguras no es un privilegio: es una obligación de las autoridades. Si las reuniones celebradas hasta ahora no han producido resultados suficientes, es momento de revisar qué ha fallado y por qué los compromisos no se traducen en mejoras perceptibles.

COATZACOALCOS Y EL SUR DE VERACRUZ

Lo ocurrido este lunes confirma que el problema también afecta a las regiones estratégicas del país. En Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, los transportistas se concentraron en distintos puntos de las carreteras, particularmente en los tramos de Las Matas, Cánticas y Calzadas, donde la movilización ocasionó afectaciones a la circulación.

Coatzacoalcos es una pieza importante de la actividad industrial y portuaria nacional. Los municipios vecinos participan en una dinámica económica que depende del traslado permanente de mercancías, materias primas y productos terminados, además de la conexión con Tabasco y otros corredores comerciales del sureste.

Por eso, las exigencias relacionadas con el estado de las carreteras merecen una revisión seria. No basta con cobrar peajes, por cierto, cada vez más difíciles de justificar cuando las condiciones de las vías no corresponden con lo que pagan sus usuarios.

Si una empresa debe cubrir combustible, salarios, mantenimiento, seguros y casetas, lo mínimo que necesita es infraestructura funcional y condiciones razonables de seguridad.

Toda vez que el sur de Veracruz tiene importancia estratégica para la economía nacional, sus problemas de conectividad no deberían atenderse como asuntos secundarios.

IMPUESTOS, PEAJES Y COSTOS DE OPERACIÓN

Otro componente de la protesta es el económico. El combustible, las refacciones, los neumáticos, los seguros, los salarios y las cuotas de las autopistas presionan las finanzas de las empresas transportistas, particularmente las pequeñas y medianas.

A ello se suma la inconformidad por los cambios en las condiciones para acceder al estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes. El Gobierno federal ha argumentado que la modificación afecta principalmente a un grupo reducido de empresas con ingresos elevados. Sin embargo, la discusión no debería limitarse al número de compañías perjudicadas, sino a evaluar las consecuencias de la medida.

El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar las finanzas públicas y evitar beneficios fiscales injustificados, pero también debe reconocer que el transporte es indispensable para el funcionamiento de la economía.

No se trata de conceder todos los apoyos que solicite el sector, sino de establecer reglas claras, escuchar los argumentos de los afectados y encontrar soluciones que permitan mantener la competitividad de una actividad que genera empleos y mueve al país.

¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO?

Las demandas de los transportistas no se resolverán con otra reunión, una declaración pública o el anuncio de operativos que desaparezcan de la agenda después de unos días. Se necesitan acciones concretas, plazos definidos y resultados verificables.

La primera medida debe ser establecer un programa permanente de seguridad carretera, con la participación coordinada de la Guardia Nacional y las autoridades competentes. Es necesario identificar los tramos de mayor riesgo, reforzar la vigilancia y combatir las redes criminales que roban mercancías, extorsionan a los operadores y comercializan los bienes sustraídos.

Y aquí surge una pregunta inevitable: si existen tramos donde los asaltos se repiten, ¿por qué no concentrar allí los esfuerzos de prevención e investigación?

La segunda acción consiste en rehabilitar las carreteras deterioradas. Esto requiere identificar prioridades, asignar presupuestos, establecer calendarios de ejecución y supervisar la calidad de las obras, particularmente en las vías que conectan al sur de Veracruz con sus principales centros industriales y comerciales.

También hace falta una mesa de trabajo con representantes del transporte y las autoridades responsables de la seguridad, la infraestructura y la política fiscal. Pero esa mesa debe producir acuerdos públicos, con responsables y fechas de cumplimiento.

Si el problema son los peajes, deben revisarse sus costos y las condiciones de las vías. Si son los estímulos fiscales, corresponde explicar sus alcances y evaluar alternativas. Si existen cobros excesivos de grúas y corralones, se necesita regulación efectiva para evitar abusos.

La seguridad no puede medirse por el número de patrullas desplegadas, sino por la reducción de los robos, la recuperación de unidades y la capacidad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

PROTESTAR ES UN DERECHO, RESOLVER ES UNA OBLIGACIÓN

Las manifestaciones de este lunes también evidenciaron una contradicción: los transportistas tienen derecho a exigir condiciones adecuadas para trabajar, pero sus movilizaciones pueden afectar a ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto, desde trabajadores hasta comerciantes y empresas que dependen de entregas oportunas.

Las organizaciones deben procurar que sus protestas no pongan en riesgo a terceros ni provoquen afectaciones innecesarias. Las autoridades, por su parte, deben garantizar el derecho a manifestarse, mantener la seguridad y evitar que los conflictos escalen por falta de comunicación.

Sin embargo, sería un error concentrar toda la discusión en las molestias ocasionadas por el paro y dejar en segundo plano las razones que lo originaron. México necesita transportistas que puedan trabajar sin temor a ser asaltados o extorsionados, carreteras en condiciones adecuadas y autoridades capaces de garantizar el cumplimiento de la ley.

Coatzacoalcos y el sur de Veracruz necesitan todavía más: seguridad para sus corredores logísticos, infraestructura que responda a las necesidades de su actividad industrial y condiciones que permitan atraer inversiones, conservar empleos y fortalecer la economía regional.

Mientras tanto, el Gobierno federal tiene la oportunidad de demostrar que escucha al sector y está dispuesto a corregir lo necesario, sin comprometer la responsabilidad fiscal ni tolerar abusos.

Las carreteras son mucho más que franjas de asfalto que conectan ciudades. Son rutas de trabajo, intercambio comercial y desarrollo. Cuando dejan de ofrecer seguridad y condiciones adecuadas, el problema no es solamente de los transportistas: es de todo el país.

Todos sabemos cuáles son los tramos donde se cometen los atracos. Las autoridades también deben saberlo. Por eso, más que esperar a que los transportistas vuelvan a protestar, corresponde actuar donde la delincuencia golpea todos los días. Porque protestar es un derecho, pero garantizar la seguridad y resolver los problemas es una obligación del gobierno.

Esta es opinión personal del columnista