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Noreste | Ciudad de México. | 16 Abr 2026 - 11:00hrs

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas legales que amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el fin de fortalecer la fiscalización del gasto público, incluyendo obras clasificadas como de seguridad nacional o con información reservada.

El dictamen obtuvo 390 votos a favor y fue turnado al Senado para su análisis. Las modificaciones impactan la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.

Al frente del órgano fiscalizador se encuentra el veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel, designado para el periodo 2026-2034, en sustitución de David Colmenares Páramo.

Con las reformas, la ASF podrá acceder a información confidencial cuando esté vinculada al manejo de ingresos, egresos o deuda pública federal, eliminando restricciones para auditar proyectos estratégicos.

Durante el debate, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, sostuvo que la Auditoría contará con mayores herramientas para investigar irregularidades, al señalar que “tendrá dientes” para combatir la corrupción.

El dictamen también autoriza auditorías en tiempo real, sin esperar la revisión anual de la cuenta pública, así como la posibilidad de indagar ejercicios fiscales anteriores y faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o por denuncias.

Además, se permitirá a ciudadanos presentar denuncias ante la ASF mediante los mecanismos que establezca la institución. La legisladora de MC, Iraís Reyes de la Torre, destacó que esto fortalece la participación ciudadana en la vigilancia del uso de recursos públicos.

En materia operativa, se fijan plazos: la ASF deberá resolver en un máximo de 120 días hábiles las observaciones a entes auditados y contará con 90 días adicionales para emitir dictámenes técnicos.

La reforma contempla la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información sobre recursos federales, administrado por la Auditoría, donde entes públicos deberán reportar datos contables y de beneficiarios.

Asimismo, se autoriza la coordinación con órganos estatales para revisar recursos federales transferidos, sin que ello implique ceder facultades.

Legisladores de distintos partidos coincidieron en reforzar la supervisión del gasto. El panista Éctor Jaime Ramírez Barba afirmó que fortalecer a la ASF es una obligación democrática, mientras que la morenista Claudia Rivera Vivanco subrayó la modernización tecnológica del organismo.

El decreto establece que la ASF deberá ajustar su normativa en un plazo de 90 días y emitir lineamientos del nuevo sistema en un máximo de 180 días, utilizando recursos existentes. La minuta fue enviada al Senado para continuar el proceso legislativo.