Veracruz en la línea de fuego

22 marzo 2017 | 11:05 hrs | Ángel Álvaro Peña

Veracruz, es sólo una abstracción cuando se trata del nombre solo. Separado de su población, de su historia, de su futuro.

La palabra Veracruz puede remitir a muchos hechos históricos que protagonizó su pueblo, pero Veracruz, por sí mismo, es sólo una palabra.

Esto deben entenderlo quienes arremeten contra la entidad como si se tratara del infierno del país.  Es en Veracruz donde sucede todo lo malo que en el presente puede afectar a un mexicano.

En este escenario la proximidad de las elecciones tiene una gran influencia en la calificación que desde los medios colocan, a veces de manera muy forzada, contra la entidad.

Hay quienes por denostar al gobernador o al gobierno, afectan a los más de 8 millones de veracruzanos que radican en su territorio. Ya ellos, sin excepción, han padecido los estragos de actos de corrupción sin castigo.

Los afectados de la buena o mala fama que puedan imponerse a un estado de la República repercuten en la vida cotidiana de los veracruzanos, en su productividad, en su esfuerzo diario, todo por decir que el partido que gobierna no es digno de recibir un voto más de la población, el 4 de junio cuando se renueven los 212 municipios.

Se habla de osamentas, de cementerios clandestinos, de desapariciones, como si fuera el único estado de la república donde estos crímenes sucedieran. Nunca se habla de la continuidad que siguen las investigaciones, los culpables no existen, o simplemente se ocultan. Todo esto en nombre de un voto más o un voto menos.

Resulta por demás sintomático que a la hora en que se renovarán la totalidad de los municipios de la entidad, se enumeren precisamente los nombres de localidades tales como Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla, Alto Lucero,  Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael.

Ese es el epicentro de las acciones delictivas, cuyos ejecutores se desconocen, porque las investigaciones sólo arrojan aproximaciones, o en el peor de los casos, especulaciones.

Hemos afirmado en este espacio que la impunidad impera en Veracruz, pero es un síntoma de toda la aplicación de la justicia en el país. La gran mayoría de los delitos ocurridos en territorio veracruzano, corresponden al ámbito federal.

Es decir, si la PGR no ha encontrado culpables, en Veracruz, tampoco ha definido causas ni congruencia en las averiguaciones; sin embargo, pareciera que todo lo malo que pasa en el país sucede en esa entidad.

En Veracruz el problema se acentúa por la falta de recursos, ante el saqueo en todas las áreas de gobierno, así, la infraestructura en los Servicios Médicos Forenses y en la Dirección de Servicios Periciales son deficientes por la falta de recursos económicos.

“Hay falta de tecnología adecuada; falta de insumos indispensables, como reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente adscrito a los Servicios Periciales. Tenemos el apoyo de la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, pero debe reconocerse que el estado actual de los servicios periciales de la Fiscalía resultan insuficientes para atender la problemática”, expresa Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado.

Los medios coinciden en números que en otros tiempos pudieran sonar a simples aproximaciones o cálculos mal intencionados, como si se tratara de un boletín enviado a los medios disfrazado de periodismo de investigación.

Ante esta panorámica, se dice que en 43 ciudades de la entidad se detectaron fosas clandestinas. Es decir, que el 20.28 por ciento de los municipios de Veracruz está contaminado por la violencia. Porcentaje con el que piensa quedarse más de un partido político de tres que en realidad van a competir en la entidad que son Morena, PAN y PRI, en estricto orden alfabético. Pero no son tiempos de equilibrios ante un descontento social generalizado y una falta de infraestructura total.

El voto de castigo tiene una inercia todavía no explicada satisfactoriamente por los especialistas, que favorece a un partido más que otros y en la intención del voto no pueden separarse el hartazgo por el partido que se rechaza y simpatía por el que se favorece.

Es decir, si lo que se pelea es una reacción favorable para beneficiar con el voto a un partido político en específico, quienes insultan la inteligencia de los veracruzanos tendrán un resultado adverso, o por lo menos no el esperado con estas campañas de desprestigio donde los principales afectados son los pobladores y no el gobierno en turno.

Es más, podría decirse que nunca antes en la historia de Veracruz un gobierno había reunido tantas razones para no cumplir con sus responsabilidades, porque lejos de que haya intención o no de gobernar, está el gran obstáculo de la falta de recursos que todavía no se sabe de donde podrán salir para resarcir el daño impuesto a los veracruzanos desde el poder.

Incluso en el mismo ámbito de la justicia, el propio fiscal de la entidad señala: “La administración anterior fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles genéticos tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas, cientos de cuerpos fueron enviados a fosa común sin ser identificados. Además, el proceso de inhumación en fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera incertidumbre sobre el número real de cuerpos enviados a éstas”.

Es decir, las causas de las críticas de quienes quieren descalificar el actual gobierno veracruzano tienen, como nunca, una gran justificación: la carencia de recursos para trabajar. El dinero para resarcir el daño llega a la entidad a cuentagotas, de tal suerte que todavía no se sabe si la actual administración pública es eficiente o no lo es, porque cualquier evaluación está fuera de lugar mientras no se reponga el dinero que fue a parar a los bolsillos de Javier Duarte y sus cómplices.

Pero la prisa por descalificar al gobierno llevándose entre las patas a los veracruzanos, la marcan los comicios del 4 de junio, donde más de un partido político ve la urgente necesidad de descalificar lo que todavía no puede calificarse.

No es justificación sino sentido común, los tiempos electorales rebasaron los tiempos de la razón y pareciera que es la hora de seguir perjudicando a los veracruzanos en lugar de apoyar a los damnificados de este fenómeno llamado corrupción, las críticas al estado se vuelven una acusación ligera e intrascendente… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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NR. Esta es opinión personal del columnista.