Veracruz, de los más rezagados en la reforma procesal penal

15 junio 2016 | 20:21 hrs |

A escasos dos día de que entre en vigor en todo el país, el nuevo sistema de justicia penal adversarial, más allá de los discursos oficiales, muchos estados mostraron indiferencia a esta reforma; otros mostraron ignorancia, que ambas, son graves, pues dan la espalda a tantas familias que tienen personas privadas de su libertad, recluidas por delitos que no cometieron.

A muy pocos gobernadores les importó llevar a cabo una actualización y verdadera capacitación de todos los actores que marca el artículo 105 del CNPP, esto es, peritos, jueces, fiscales, defensores públicos.

Y quienes fueron separados de los muchos recursos públicos existentes fueron los abogados particulares. Para ellos no hubo cursos.

Sin duda, una de las asignaturas pendientes fue la capacitación a todos esos actores, pero esa capacitación que se les dio no fue precisamente la mejor.

A raíz de la reforma penal  surgieron toda clase de “empresarios jurídicos” los llama el Dr. Moisés Moreno, que vinieron a capacitar a Veracruz, pero desgraciadamente no fue la mejor.

Y hoy vemos con preocupación que esos pocos elementos que se capacitaron, y que sin duda alguna se capacitaron mal, son los que van a operar el sistema.

Y lo van a hacer a su manera, a la veracruzana, cuando el sistema adversarial se rige por principios inalterables, garantistas.

Digo esto con conocimiento de causa porque los fiscales no pueden estar formulando imputación por designación o por orden superior, los jueces de control no pueden estar de alguna manera solapando las deficiencias de la policía o de la fiscalía, porque indudablemente que el sistema colapsará.

Deben entender y saber los órganos que operan este sistema que está diseñado y estructurado de tal manera que solo, máximo 5% de todas las denuncias lleguen a juicio.

De lo contrario el sistema jurídico penal colapsará, tal como sucedió en algunos países de América Latina, como ejemplo cito a Chile, que apenas está recomponiendo sus políticas públicas al respecto. Varios países de America Central y del Caribe, como por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Perú, sus sistema de justicia penal presentan algunos problemas operativos, igualmente están el proceso de re organizar sus políticas públicas; pero sus operadores se han capacitado en el extranjero, con profesores expertos en el tema de la oralidad.

Profesores de talla internacional como Jesús Romero, Jefe de defensores público de San Diego, California, con 26 años de litigio internacional, capacitando en el sistema adversarial a jueces, fiscales y abogados particulares con la esencia y el espíritu de la reforma procesal penal.

A diferencia de algunos falsos profetas que han surgido en México, y nunca han estado en un juicio, de esos hay que tener cuidado para no tomar esos famosos cursos que imparten que en 15 días los hacen expertos.

La capacitación sobre el tema de la reforma procesal penal se debe tomar con mucha seriedad; porque en ello estriba que se vayan a la calle verdaderos delincuentes, o caso contrario, se queden en la cárcel personas que la fiscalía quiera que así sea.

Debemos desterrar la sentencia lapidaria que dijo Marcel Planiol: “A los delincuentes es mas fácil elegirlos que encontrarlos”.

Toda la responsabilidad en el sistema adversarial es para la fiscalía, no son los jueces los responsables si absuelven a alguien, es la fiscalía quien tiene la carga absoluta de la prueba, debe probar MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE”, los jueces no tienen que hacerle la tarea a la fiscalía.

Y los jueces deberán resolver con los datos y prueba y prueba que se desahoguen ante ellos.

La tortura se debe de erradicar de la práctica de la policía.

Debería darnos vergüenza el saber que en Guatemala la tortura policiaca no existe mas.

Veracruz está rezagado en el tema de la capacitación, pero no todo está perdido, se debe trabajar a marchas forzadas para lograr que los veracruzanos tengamos una justicia penal garantista, que lo mismo castigue al verdadero culpable, que garantice los derechos de la víctima, es el imperativo del artículo 20 Constitucional.

Pero para esto hay que trabajar con los verdaderos profesionales de la capacitación.