Van contra 101 exalcaldes

31 enero 2018 | 17:45 hrs | Carlos Jesús Rodríguez | Carlos Jesús Rodríguez

SENTENCIA SABIO refrán oriental: “Siéntate pacientemente junto al río y verás pasar el cadáver de tu enemigo flotando”, proverbio que llama, precisamente, a la paciencia frente a la adversidad como forma de solucionar problemas o querellas con otras personas, y eso es lo que el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha decidido hacer en el caso de los duartistas, actualmente, diputados federales que debido al fuero constitucional que los ampara, no han sido detenidos para que respondan por el saqueo cometido a las arcas del Estado. Ya lo dijo el indiscutible fabulista francés, Jean de La Fontaine: “La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia”, o lo que es lo mismo: “La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces”, y eso lo sabe el mandatario estatal que en tanto llega el tiempo de echarle el guante a dos que tres ex funcionarios de la pasada administración, ha dado instrucciones para que se perfeccionen todas las denuncias, de tal suerte que en Septiembre, cuando Alberto Silva Ramos, ex alcalde de Tuxpan, ex coordinador de comunicación social y ex secretario de desarrollo social, y el ex tesorero, Antonio Tarek Abdalá Sad puedan ser detenidos sin ningún contratiempo y presentados ante un juez de control que, invariablemente, les vinculará a proceso con un año o más de prisión preventiva y algunos meses para realizar la investigación complementaria, y mientras tanto la administración estatal revivirá otras denuncias contra los que no tienen fuero, como 101 ex alcaldes que se encuentran en capilla, aprovechando que es año electoral, y que el tema del combate a la corrupción indiscutiblemente, vende.

LO DIJO muy claro el mandatario estatal este miércoles al ser abordado por reporteros: en septiembre, ya sin el fuero y sin la protección del Congreso de la Unión, la Fiscalía del Estado podrá proceder contra el extesorero y ex coordinador de Comunicación Social en el gobierno anterior, Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, respectivamente, y esto ocurre luego de trascender que el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria no está dispuesto a ejercer impunidad, y en ese sentido ordenó el embargo 500.6 millones de pesos en propiedades al, todavía, diputado federal, Abdalá para que garantice el pago de siete créditos fiscales que suman esa cifra, y que se derivan de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y aunque Tarek impugnó el año pasado las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como no ofreció algún pago o bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento de ejecución. No es secreto que en Septiembre de 2016, el Contralor del Estado –que en ese tiempo ya navegaba con bandera azul en aras de salvarse-, inhabilitó a Abdalá para ocupar cargos públicos durante 10 años por su responsabilidad en el desvío de 315 millones de pesos correspondientes a recursos federales que estaban etiquetados para servicios de salud durante el ejercicio de 2013, lo que reconoció el propio ex tesorero al señalar que el dinero, proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fue usado para pago de salarios de profesores, tareas de seguridad pública y otras prioridades del Gobierno de Duarte.

POR ESA razón, el cuenqueño está sujeto a un proceso de desafuero desde Enero del año pasado solicitado por la Fiscalía General del Estado a la que, una y otra vez, la han hecho a un lado, por lo que el Gobernador decidió ya no desgastar a esa dependencia y esperar serenamente que se les acabe el fuero, y tenga usted por seguro que semanas antes de que deje de ser diputado federal le pondrán marcaje especial para que no escape, ya que enfrenta, paralelamente una acusación por el presunto desvío de 23 mil 156 millones de pesos del erario durante la administración de Javier Duarte, actualmente, vinculado a proceso en el Reclusorio Norte por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

DICE YUNES que Tarek Abdalá fue uno de los principales cómplices de Duarte. “Nosotros lo hemos acreditado, la Fiscalía ha solicitado su desafuero pero no se ha podido proceder en contra de él y de otros como Alberto Silva porque tienen fuero. Ha sido protegido, pero a partir del primero de Septiembre se podrá proceder en contra de ellos”. Tarek Abdalá fue de 2010 a 2012 director de Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que, en ese tiempo dirigía la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, pero en Febrero de 2012 –luego de que un avión del Gobierno del Estado que transportaba 25 millones de pesos en efectivo fue asegurado en el Aeropuerto de Toluca-, lo designaron Tesorero de la Secretaría de Finanzas, posición que dejó para participar en la elección de 2015 cuando se le involucró con uno de los detenidos por la desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca e, incluso hasta se mostraron fotografías de ambos, aunque Tarek siempre lo negó.

RESPECTO A Alberto Silva, la Fiscalía lo acusa de haber encubierto pagos a por lo menos diez empresas fantasma durante su gestión como coordinador de Comunicación Social, y de haber desaparecido 245 millones de pesos en solo 15 días. Y aunque el llamado “cisne” asegura que él no autorizó ni ejecutó pago alguno sino que solo consiguió las facturas, ya que los responsables de gestionar y ejecutar esa entrega a las compañías fachada fueron su antecesora en la coordinación de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, actualmente recluida en Pacho Viejo –donde, seguramente, pasará algunos años-, y la Tesorería de Finanzas que encabezaba, entonces, Antonio Tarek, sobre su persona pesa la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/36/2017 que le integró la Fiscalía, y por la cual sería detenido en Septiembre.

MIENTRAS TANTO, para el escándalo mediático que refuerce el combate a la corrupción por parte de la coalición Por México al Frente, hay una lista de 101 ex alcaldes que están siendo investigados y, en algunos casos ya fueron denunciados, por lo que no dude usted que muchos de ellos terminarán en prisión, ya que esa estrategia, como lo señalamos líneas arriba, si vende y mucho, y entre los ex munícipes enlistados se encuentra el de Coatzacoalcos con un presunto daño patrimonial por 50 millones 985 mil 131.57 pesos, además de Alvarado, Coatepec, Córdoba, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago, Cosamaloapan, Cotaxtla y Hueyapan de Ocampo, por mencionar algunos, ya que la lista completa será insertada en el portal www.gobernantes.com Así las cosas…

*Esta es opinión personal del columnista