Sueldos que lastiman al País

28 septiembre 2017 | 19:15 hrs | Carlos Jesús Rodríguez

¿DE DÓNDE sacar tantísimo dinero en tiempos de crisis para la reconstrucción de viviendas, escuelas y edificios públicos y privados afectados por los sismos? Seguramente del bolsillo de los mexicanos, vía impuestos, porque hasta donde se sabe, ni Magistrados, Consejeros Electorales, Senadores, Diputados Federales y locales, Ombudsman, Gobernadores, alcaldes e, incluso, el mismísimo Presidente de la República y funcionarios de su gabinete han dicho “esta boca es mía”, y haciendo honor a la incomparable solidaridad de los mexicanos de a pie, ninguno se ha pronunciado por un plan de austeridad en materia salarial pese a las fortunas que detentan en remuneraciones, muchas injustificadas. Porque la ayuda en despensas, láminas, herramientas y materiales para construcción, entre otras donaciones, provienen del respaldo de una sociedad que siente en carne propia la tragedia, pero no de los encumbrados políticos que gustan abrogarse la “donación” de esos apoyos. Ninguno de ellos ha pedido que les recorten el salario a la mitad o en un 25 por ciento para ayudar a nuestros conciudadanos, como tampoco están dispuestos a renunciar a las arbitrarias e indebidas canonjías que reciben, bajo el argumento que, de eso viven, cuando deberían probar a vivir con el salario de un obrero o campesinos para que sientan como subsiste la mayoría de los gobernados.

SOLO PARA tener una idea de los desequilibrios en materia salarial, baste saber que hay cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan, incluso, más que el mismísimo Presidente de la República: 1.-Luis María Aguilar Montes. Ministro presidente con un sueldo este año de 4 millones 658 mil 775 pesos netos, esto es, libres de impuestos y contando prestaciones, o lo que es lo mismo, 388 mil 231 pesos con 25 centavos mensuales, el equivalente a 176 veces el salario mínimo mensual en México que es de  2 mil 200 pesos, y aunque existe una reforma al artículo 27 constitucional que impide a cualquier servidor público ganar más que el titular del Ejecutivo, al ministro poco le importa. 2.-José Ramón Cossío Díaz. También ministro de la Corte, percibe una remuneración de 4 millones 658 mil 775 pesos anuales netos. 3.-José Fernando Franco González Salas, gana, igualmente, 4 millones 658 mil 775 pesos al año, y 4.-Margarita Beatriz Luna Ramos, también, ministra, está en la misma situación que sus colegas con 4 millones 658 mil 775 pesos anuales, lo que indica que para esos “servidores públicos” la reforma no aplica gracias al artículo tercero transitorio que les permitió mantener su sueldo, ya que llegaron al cargo antes de la  adecuación…

LOS MAGISTRADOS del Tribunal Electoral, también, ganaban más que el Presidente Peña, sin embargo, los siete nuevos miembros ganan, ahora, 2 millones 961 mil 450 pesos anuales, o lo que es lo mismo 246 mil 787 pesos con 50 centavos mensuales, suma que un obrero común no lograría reunir en toda su vida. Pero para que tenga una idea de a donde se van sus impuestos –que no es precisamente, a la reconstrucción solidaria de los Estados afectados-, va la siguiente tabla de empobrecidos “servidores públicos”. El  consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba gana 2 millones 994 mil 563 pesos anuales, mientras que el resto de los consejeros 2 millones 961 mil 450 pesos; el Auditor Superior de la Federación, 2 millones 957 mil 059 pesos; el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2 millones 905 mil 378 anuales; el Secretario General de la Cámara de Diputados, 2 millones 655 mil 713 pesos; el Secretario ejecutivo del INE, 2 millones 644 mil 910 pesos, los Secretarios Generales del Senado de la República, 2 millones 420 mil 904 pesos mensuales; 1 Senador de la República, 1 millón 884 mil 312 pesos; un Diputado Federal, 1 millón 460 mil 550, todo ello en base al Proyecto de Ley de Egresos de la Federación 2017.

DICE EL Presidente Enrique Peña Nieto que de acuerdo a cifras preliminares, la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales e inmuebles históricos que fueron dañados a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de este mes en 10 entidades del país y la Ciudad de México, requerirá de al menos 37 mil 500 millones de pesos, lo que obligaría a reformar la Constitución para bajar el salario a todos los antes mencionados, incluidos algunos gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, alcaldes y titulares delegacionales en por lo menos un 30 por ciento, para que esos recursos que se ahorren coadyuven en las tareas que implican levantar nuevamente al País. Sería ideal que la solidaridad partiera de quienes gobiernan, y no solo de un pueblo que sacrifica un bocado para ayudar al prójimo, aunque está comprobado que quienes dicen gobernar no están dispuestos a dar nada de sí mismos para paliar un tanto el dolor que acomete al País.

EN VERACRUZ, por ejemplo, hay alcaldes cuyas percepciones en nómina rebasan los 120 mil mensuales –algunos incluso, perciben hasta 170 mil-, eso sin contar los trastupijes que suelen hacer con la obra pública, con los permisos para la apertura de bares y cantinas y otros negocios turbios, pero ninguno se ha pronunciado por  aportar sus salarios de por lo menos un mes a la causa de los damnificados, salvo el de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez y el de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Se olvidan que son tiempos de solidaridad permanente, porque esto no acaba en una o dos semanas, por el contrario, viene lo más difícil de la contingencia como es la reparación de daños, sin contar que estamos en temporada de lluvias que finaliza el 30 de Noviembre, y aún están por llegar varias depresiones tropicales e, incluso, huracanes.

POR ELLO hay quienes consideran que es tiempo, de una vez por todas, de impulsar reformas en todos los órdenes, como el quitar definitivamente el financiamiento público a los partidos; reducir los salarios de funcionarios (magistrados, consejeros, representantes sociales, electorales y populares tanto Federales como Estatales) para equipararlos a la realidad del País; imponer castigos severos a constructores que no cumplen con las normas oficiales, sobre todo en materia de escuelas; reducir la compra de vehículos oficiales y que cada cual se mueva en unidades de su pertenencia, cancelar pago de celulares, gastos médicos mayores y una serie de canonjías que a través de los años terminaron por arrodillar al País. Es tiempo de tomar al toro por los cuernos. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista