Silencio de mujeres defensoras

16 octubre 2017 | 23:02 hrs | Carlos Jesús Rodríguez | Carlos Jesús Rodríguez

MAS ALLÁ de la disculpa ofrecida por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y por el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz a la doctora Aida Araceli Serralta González, e independientemente del cese fulminante de dos agentes ministeriales que intentaron, injustamente, detenerla este lunes por la mañana en Boca del Río, acechándola desde que salió de su domicilio en el fraccionamiento Costa de Oro, siempre quedará la incógnita de si los elementos policiacos intentaban secuestrarla o, en realidad, se equivocaron de persona. Y es que hay razones para suponer que podría tratarse de un plagio encubierto o intento de desaparición forzada –como han ocurrido muchísimos en el País, sobre todo en Veracruz-, pues de acuerdo al Protocolo Nacional de Actuación y Traslado concatenado con el nuevo Código Penal Federal, cuando se trata de la detención de una mujer, los “Responsable de la Custodia del Imputado” (RCI) deben ser, preferentemente, mujeres, y en este caso los sujetos eran hombres, vestidos como el común de la población y armados, y en ningún momento mostraron la orden de aprehensión contra la mujer a quien ordenaron detener la unidad que conducía, y que por supuesto no lo hizo hasta encontrar un lugar con presencia ciudadana para pedir auxilio, en tanto buscaba refugio en un tradicional café de la zona conurbada. Hasta allí llegaron los elementos que a empellones intentaban subirla a una camioneta con placas oficiales, pero ante la demanda de auxilio de que pretendían secuestrarla, algunas personas rodearon a los representantes de la fiscalía para exigirles que se identificaran y mostraran el documento que sustentaba el arresto.

LA DAMA desesperaba y al borde del desmayo pronunciaba su nombre, pero los policías, aferrados a ella como pulpos hacían caso omiso, hasta que alguien pidió comparar el nombre contenido en el documento judicial con la identificación de la doctora que, para entonces, estaba aterrorizada. Los apelativos, por supuesto, no coincidieron, lo que motivó que los mal encarados elementos procedieran a retirarse como si nada, cuando las personas que rodeaban a la galena les exigieron por lo menos se disculparan, a lo que accedió uno de ellos, el de mayor estatura, mientras que su compañero –un chaparro y regordete- trataba de justificarse: -por eso le pedí que detuviera su auto para solicitarle su identificación-, a lo que la profesionista respondió: -¿y como me voy a parar si me apuntaba con una pistola?-. Y es que en estos tiempos de inseguridad, ya no se sabe quiénes son los delincuentes y cuáles los policías, independientemente de que en muchos acontecimientos de desapariciones forzadas se han visto involucrados elementos policiacos que han sido detenidos gracias a videograbaciones, y esta vez no fue la excepción: la oportuna intervención del colega Marcos Miranda Cosco, ex rey del carnaval que se apresuró a grabar la escena de principio a fin, fue fundamental para identificar a los malos elementos y evitar, en gran medida, un arresto que pudo haber sido de graves consecuencias. Aunque no todos los policías son malos pues, desde luego, hay que reconocer que también hay buenos elementos.

AUN SE recuerda cuando en Enero del año pasado, en el municipio de Tierra Blanca, elementos policiacos “levantaron” a cinco jóvenes de Playa Vicente que retornaban a su lugar de origen tras pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz. Los muchachos jamás aparecieron, y acaso nunca se sabría qué pasó con ellos de no ser por las cámaras de video que grabaron los hechos. Fue así como la Fiscalía del Estado –que en ese tiempo encabezaba Luis Ángel Bravo Contreras- ordenó la detención del subdelegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública en aquella zona, Marcos Conde (con antecedentes de haber ordenado el “levantón” de jóvenes en Cardel que, posteriormente, aparecieron muertos), junto con cinco elementos que serían juzgados por desaparición forzada. Y es que los jenízaros, de acuerdo a la investigación, los entregaron a una célula delincuencial que los habría asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde fueron encontrados alrededor de 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible. Y fue, precisamente, ese caso el que puso en evidencia las desapariciones forzadas ejecutadas por elementos policiacos en la Entidad, colocando a Veracruz en el escenario nacional al probar que uniformados de la Secretaría de Seguridad eran responsables de detenciones y desapariciones de jóvenes. Esto mismo se repitió en Papantla, Alvarado, Isla e, incluso, Xalapa, donde infinidad de muchachos tras ser detenidos aparecen ejecutados o, simple y llanamente, ya no aparecen porque fueron desaparecidos en ácido o enterrados clandestinamente en lugares desconocidos.

EN EL capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado referente a la “conducción y mando” de esa dependencia, el Artículo 42 refiere que “la Policía de Investigación estará bajo la conducción y mando del Fiscal General, así como del Abogado General, Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Fiscales Regionales, Fiscales Especiales, Fiscales de Distrito y Fiscales Especializados”, y deja en claro: “Los elementos de la Policía de Investigación actuarán bajo la conducción y mando de la Fiscalía General y la auxiliarán en la investigación de los delitos y, en su caso, en la persecución de los presuntos responsables. En consecuencia, acatarán las instrucciones que se les dicten para tal efecto, cumplirán las actuaciones que les encomienden durante la investigación y deberán hacer cumplir las citaciones, presentaciones y notificaciones que se les ordenen. También ejecutarán las órdenes de aprehensión, cateos y otros mandamientos que dispongan los órganos jurisdiccionales”

Y SI esto es así, el intento de “aprehensión”, “levantón” o “secuestro” de la doctora Aida Araceli Serralta González no debe quedar en una simple disculpa, pues el tema, independientemente de que los agresivos elementos ya fueron despedidos –más como un asunto de carácter político que judicial-, involucra al Fiscal Regional en la zona conurbada, a los comandantes e, incluso, al Fiscal General, y un “usted persone” no alivia la zozobra vivida por la víctima. Por cierto, ante este hecho censurable, uno se pregunta: ¿dónde está el Instituto Estatal de la Mujer con su “aguerrida” titular silenciosa? ¿Dónde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dónde las diputadas –y diputados- que se asumen como defensores de las féminas? El mutismo cómplice los condena e induce a suponer que el servilismo les consume, OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista