Se endeudó y no hay liquidez

13 noviembre 2017 | 18:02 hrs | Carlos Jesús Rodríguez

EN EL Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje existen por lo menos cinco mil laudos ganados por empleados del Gobierno del Estado y trabajadores municipales, todos ellos despedidos o afectados en sus derechos laborales. Al primer caso corresponderían algo así como dos mil, y el resto serían trabajadores de ayuntamientos cuyos adeudos heredarán a los sucesores en Enero. Cuenta el abogado laborista, Juan José Llanes Gil del Ángel, quien puso entre la espada y la pared a Javier Duarte de Ochoa por casos similares, al ganar amparos Federales que obligaron al, ahora, recluso a saldar adeudos que se negaba a pagar o, de lo contrario, incurrir en desacato, destitución y consignación, que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, al igual que las de sus antecesores, tomó la decisión de evadir, también, las resoluciones judiciales que le imponen al gobierno Estatal la obligación de pagar. En ese sentido, al gobierno yunista le dio por responder, de la misma manera, todos los requerimientos judiciales usando un machote que suscribe el Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Adrián Viccon Basto, modificando sólo el número de oficio, la fecha, y los datos de identificación del adeudo: “Por lo que hace a la obligación de la presente administración, me permito informarle que para dar cumplimiento a su petición, esta administración requiere de contar con los recursos financieros suficientes, de lo cual cabe señalar que el Estado atraviesa una situación financiera crítica, que se resume en falta de liquidez, por lo que no se puede establecer una fecha específica…”.

LLANES GIL del Ángel, un experto en derecho laboral y acaso el mejor abogado en la materia que hay en el Estado, dice que, quizá, el Tesorero del Gobierno del Cambio supone que nadie lee la Gaceta Oficial del Estado, que en su número extraordinario 240 del 16 de Junio de 2017, publicó el “Programa Estatal de Finanzas Públicas 2017-2018”, en donde expone: “para revertir el efecto adverso que provoca la falta de liquidez, el Gobernador del Estado con la participación de la actual administración de la SEFIPLAN implementaron las estrategias inmediatas para gestionar un adelanto de participaciones con pago de intereses de 500 millones de pesos y negociaron dos líneas de crédito por 4 mil 300 millones de pesos”. Las “líneas de crédito” (que no es sino deuda) presumidas por el titular del Poder Ejecutivo como logro de su administración, fueron precisamente contratadas para abatir el problema de insolvencia. Así pues, dice, o el Tesorero Viccon Basto miente al asegurar que el Estado sigue sin “liquidez” (que además, ni el propio Gobierno sabe para cuándo la tendrá), o se le miente a las autoridades judiciales para no pagar. Como sea, reitera, es claro que la última prioridad de la actual administración es cubrir los pasivos judicialmente determinados.

Y VAYA que Juan José Llanes Gil tiene razón, aunque no todo está perdido. Los afectados pueden recurrir a un amparo directo de la justicia Federal para que el patrón, en este caso el Gobierno del Estado (y los ayuntamientos deudores) sean obligados a reinstalar al trabajador, le paguen salarios caídos y prestaciones, así como cuotas suspendidas al IMSS o Issste, ya que de no hacerlo incurriría en desato a la autoridad Federal y procedería no solo una sanción o amonestación, sino, incluso –y no es de risa- la separación del cargo del Gobernador –como titular del Ejecutivo- y su consignación, y si no, ahí está el caso del titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), el perredista Israel Moreno Rivera, que por desacato, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de manera unánime, resolvió separarlo de su cargo y consignarlo ante el Juez de Distrito de Procesos Penales en turno.

Y ES que la necedad del Gobierno del Estado de dar cumplimiento a casi dos mil laudos laborales ganados por empleados de base de esa instancia, es un acto ilegal que contradice una de sus obligaciones como es: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, la Constitución Estatal y las leyes que de ellas emanen; así como hacer cumplir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos aprobados. Pero Yunes Linares, argumentando que no hay dinero, esta incumpliendo con esa parte de la ley, y lo peor es que, pareciera que no le interesa hasta que, sin duda, los afectados recurran a la Justicia Federal para reclamar lo que por derecho les corresponde. Así de simple…

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NO HACEMOS apología de la violencia ni nos alegramos de lo que está ocurriendo en el Estado, por el contrario, sabemos que ante el descontrol que vive Veracruz, nadie está seguro, ni siquiera los grandes consorcios que generan empleo para una sociedad que lo necesita, aunque sean mal pagados, pero que les garantice llevar el sustento al hogar. Por ello resulta preocupante el asalto que la madrugada de este lunes sufrió la tienda departamental Liverpool -ubicada en la ¿segura? Plaza Américas, de donde los ladrones sustrajeron joyería de alto valor, costosos aparatos y una serie de enseres que ponen en entredicho a los cuerpos de seguridad privados y públicos, ya que los malhechores rompieron cristales de las puertas que dan al estacionamiento trasero de ese negocio con total impunidad, se introdujeron, saquearon y de igual manera emprendieron la huida. El asunto, que debería ser, meramente, policiaco, adquiere otra dimensión, ya que el asalto a esa tienda, la más importante en esta capital, es un llamado de atención a otros grandes comercios que operan en el Estado, y que no están exentos de padecer una situación similar debido a la descomposición social que se cierne sobre todas las esferas –públicas o privadas- ante la indolencia de un Gobierno que se molesta cuando se abordan estos temas que, por supuesto, a ellos no les afectan, resguardados como se encuentran por decenas de elementos policiacos que los cuidan junto con sus familias. En fin, esto que sucedió en Xalapa no es producto ni de la ausencia de cámaras de video vigilancia –que en Plaza Américas- abundan, ni de la apatía o desidia de los empresarios, sino de la ausencia total de coordinación y estrategia para dar seguimientos a esos asaltos. Nadie vio, nadie escuchó, nadie actuó, pero cuando se le pregunta al Secretario de Seguridad Pública en torno a los incontables hechos de inseguridad, casi culpa a la prensa de ello cuando exige a los reporteros: “no se metan; poco se ayuda cuando un hecho delictivo se magnifica”. Vaya filosofía. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista