“Sapos” quedarían sin castigo

25 julio 2017 | 17:01 hrs | Carlos Jesús Rodríguez

ALGO NO encaja en los procedimientos que asume la Procuraduría General de la República para enjuiciar al ex Gobernador JDDO. Y es que en ese afán de allegarse datos probatorios que inculpen al veracruzano, la dependencia está perdonando a cómplices traidores que a diferencia de Judas Iscariote, ni se ahorcarán ni se arrepentirán, y lo más probable es que sigan haciendo de las suyas, afectando a una sociedad que está por entender que ser “sapo” o “soplón” en México –como lo fue alguna vez en Colombia-, es un negocio redituable, pues basta empinar a un “pez gordo” con el que se tenga relaciones ilícitas para salvar el pellejo, disfrutar de bienes y dinero mal habido y seguir la vida loca como si nada. Y es que resulta inaudito que sujetos como Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro y Rafael Rosas Bocardo que se hicieron pasar como “campesinos”, y que gestionaron su inclusión en el Registro Agrario Nacional para “comprar” más de 600 hectáreas del ejido Lerma en Campeche a solo 1 peso el metro cuadrado para auto vendérselas, posteriormente, en 253 pesos metro cuadrado a fin de evadir impuestos y lavar al menos 500 millones de pesos, y que estuvieron a punto de lavar otros 350 millones hasta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los detectó, sigan impunes y sin que nadie los moleste, solo porque se convirtieron en informadores de la PGR.

SEGÚN LAS indagatorias enderezadas por la PGR en contra de JDDO, fue Ortega López quien propuso al ex gobernante la inversión ilícita para lavar parte del dinero que era saqueado de Veracruz, pues le aseguró que esa transacción podía dar ganancias inimaginables, ya que las tierras estaban en lugar estratégico y al final se podría construiría ahí un complejo hotelero de gran turismo. La mecánica era comprar a un precio barato más de 600 hectáreas de tierras ejidales para, posteriormente, venderlas a un sobreprecio de 16 mil por ciento a empresas fachada del mismo clan, maniobra que es considerada por los ejidatarios como un despojo, y por la ley, delincuencia organizada, pero el cuarteto de personajes han logrado que les perdonen todo ello a cambio de hundir a Javier “N”, cuando se trata de una organización delictiva que debiera ser procesada y enjuiciada, ya que juntos configuran el delito de delincuencia organizada y son parte del saqueo Estatal, algo que debiera incumbir a Yunes Linares.

TODOS ELLOS se aprovecharon de gente humilde en el Estado de Campeche, como lo hizo Cecilio Duarte de Ochoa para apoderarse de 600 concesiones de taxi, aportando para ello credenciales para votar de personas a quienes les decían que eran para afiliarlos a Juventud Dinámica, la organización que financiaba el hermano “cómodo”, aunque en el caso del gobernante procesado en el Reclusorio Norte usó a empleadas bajo sus órdenes como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, una de ellas trabajadora de muy bajo nivel del gobierno de Veracruz, así como a Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña, ejidatarios de Campeche, a quienes nombraron propietarios de las empresas “fantasmas” Consorcio Brades y Terra Urbanizaciones, piezas clave en la transacción de los terrenos. Las dos primeras terminaron en prisión al principio del escándalo, cuando en realidad fueron producto del abuso de un jefe corrupto que las engañó y se aprovechó del poder que ejercía.

PERO NO es el caso de Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro y Rafael Rosas Bocardo, todos con recursos académicos y económicos como para no entender que eran parte de un “negocio sucio” por el que recibieron millonadas del erario público Estatal que por lo menos deberían devolver. De acuerdo a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, Artículo 1, inciso X.-“Testigo Colaborador es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”, y aunque la ley no especifica algún tipo de castigo o sanción por haber sido parte de la delincuencia organizada y haberse beneficiado de esos delitos, lo cierto es que debería realizarse una reforma al mandamiento para que se castigue, aunque fuera con menor sentencia, a sujetos de tal naturaleza, pues de lo contrario solo se estaría induciendo a quienes se dicen arrepentidos a volver a delinquir a la menor oportunidad, como, seguramente, será el caso de los “testigos” de la PGR contra JDDO.

LO CURIOSO es que el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas, jura y perjura que Karime Macías de Duarte o cualquier otra persona podrán ser citadas a declarar siempre y cuando tengan información que el Ministerio Público Federal considere relevante en las indagatorias, y en ese sentido indica que en su momento, José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de ‘‘JDDO’’, aseguró que la esposa del ex Gobernador pudo haberse beneficiado con dinero del gobierno de Veracruz para asuntos personales. Pese a ello, la contradicción se hace evidente cuando señala que “no basta con que una persona señale a otra para poder determinar una carpeta de investigación o ejercer alguna solicitud ante un juez”, pero en el caso del ex Gobernante si bastó la versión de Janeiro para proceder a armar la carpeta.

EN LATINOAMÉRICA una persona que delata a otra por conveniencia se le conoce como “sapo” o “soplón”, y lo vergonzoso es que las autoridades necesiten de esos sujetos para completar carpetas de investigación en contra de un grupo delincuencial del que forman parte los delatores, librándose así de ser parte de un proceso que en otras circunstancias los llevaría a prisión, y el caso de los cómplices de Javier “N” es algo que indigna, ya que fueron parte del saqueo a las arcas, pero por los servicios prestados, ahora podrán disfrutar en paz y tranquilidad de lo robado, y acaso hasta se les dedique un monumento a la impunidad. En fin, en México sigue habiendo delincuentes de primera y de segunda y, lo peor, es que el Gobierno lo consiente, y en este asunto ni el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha exigido castigo ejemplar. Dicen que el que calla otorga. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista