Ruiz Esparza, el impune

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28 febrero 2018 | 12:58 hrs | | Ángel Álvaro Peña

Por Ángel Álvaro Peña

 

Si la impunidad fuera una liga se rompería por el lado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalada por su asociación delictiva con diferentes empresas extranjeras, brasileñas, españolas y de todo el mundo desde donde vienen a construir carreteras y otras obras de infraestructura, donde seguramente el secretario, Gerardo Ruiz Esparza, lleva su tajada.

Pero a pesar de que se llevan la mayor rebanada del sexenio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacen mal su trabajo, y como prueba está el socavón que se hizo en Cuernavaca y que costara la vida de dos personas.

Nada sucede a la hora de sancionar a los culpables, que seguramente hacen buenos negocios en cada obra realizada y en cada contrato otorgado.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no contenta con esas ganancias extras a sus ya sustanciosos salarios, tienen en la adquisición de terrenos para obras un filón de otro. Porque ellos negociaron directamente con los propietarios que muchos de ellos ni siquiera saben el valor real de sus predios y son adquiridos a precios muy bajos, aunque los funcionarios de la dependencia registran otra cantidad para sacar de ahí un buen porcentaje.

Pero no conformes con dar a los campesinos y ejidatarios el precio que se les viene en gana, prometen una fecha de pago y no la concretan, simplemente dan largas, y sus plazos son cada día más largos, y la indiferencia sobre el problema se convierte en un descontento generalizado que termina en rebeldía. Así sucedió en el proyecto de la carretera Tuxpan- Tampico, donde los ejidatarios afectados por la fecha de pago cerraron la carretera dos días.

Desde el lunes pasado a las seis de la mañana, habitantes de Boca del Monte bloquearon el paso a la maquinaria de la empresa “Mota Engil”, que es la encargada de realizar los trabajos de construcción de la mencionada vía de comunicación, debido a que hace seis meses firmaron un convenio de pago en el cual se comprometieron a liquidar a los ejidatarios por concepto de derechos de uso de suelo y afectaciones generadas por la obra, sin embargo, el plazo se cumplió y no se ha realizado el pago a ningún ejidatario.

Los habitantes de la comunidad de Boca del Monte en Tuxpan, llegaron a un acuerdo con los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual consistió en que los adeudos estarán siendo saldados el próximo 16 de marzo. Es decir en poco más de un par de semanas.

La protesta es justa, la indignación justificada, de ahí que el presidente municipal de Tuxpan, Veracruz, Juan Antonio Aguilar Mancha, fungiera como testigo de honor y Luis Conrad Moncada Alejo, secretario del Ayuntamiento diera fe legal, y acordaran que de no pagarse en la fecha establecida volverán a asentarse en dicha vialidad impidiendo el paso de los vehículos.

Desde el inicio de las negociaciones el alcalde de Tuxpan, manifestó su apoyo a los ejidatarios que sacrificaron sus tierras en beneficio del desarrollo del municipio y que se han visto afectados por la falta de compromiso de la SCT.

Es decir, si una Secretaría de Estado no cumple en qué instituciones puede creer el ciudadano. Si regatea primero el precio del metro cuadrado y luego escamotea el pago a ejidatarios, no deben estar negociando con nadie las personas representantes de Gerardo Ruiz Esparza, quien debió acelerar el trámite para que se pagara lo justo, cosa que nunca sucede, y a tiempo, situación que se muestra como parte de la gran negligencia que caracteriza a una dependencia que ha vivido todo este sexenio en la impunidad.

El mismo martes que concluyó el plantón en la carretera el Secretario de Comunicaciones y Transportes inauguró otro tramo carretero en compañía de su gran amigo, Enrique Peña Nieto, con una inversión de 2 mil 683 millones de pesos, en Michoacán.

La obra carretera que conecta Jiquilpan-Sahuayo, con la autopista México-Guadalajara, requirió una inversión de 710 millones de pesos en la primera etapa y se prevé que su segunda etapa esté lista en mayo.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las dependencias consentidas del ejecutivo federal porque en breve tiempo se mudará, temporalmente, a unas oficinas en el municipio de Naucalpan, Estado de México, por cuya renta pagará 6 millones 406 mil pesos sin IVA al mes. Porque el 19 de septiembre el sismo dañó el Centro Nacional SCT, en la colonia Narvarte.

La SCT rentará 11 niveles con 22 mil 798 metros cuadrados y usará 600 cajones de estacionamiento. Es decir, tendrá oficinas de lujo mientras las actuales son resguardadas del desastre. Todo esto mientras todavía hay cientos de familias viviendo en la calle y sin esperanza de tener un techo o, por lo menos un albergue donde puedan sentir un espacio propio.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debería estar en la cárcel desde hace mucho tiempo, pero ninguna investigación lo mueve de su puesto.

Todo esto sucede mientras candidatos de partidos ajenos al PRI son satanizados por no investigar el origen del dinero de quien le compra un terreno.

Los hombres del gobierno no ven la viga en sus ojos, pero quieren culpar de problemas menores a sus contrincantes políticos.

La impunidad que carga sobre sus espaldas Ruiz Esparza es muy grande, solo por mencionar una más de sus fechorías, la Unidad de Investigaciones Especiales documentó que la familia de Ruiz Esparza recibió una indemnización de 30 millones de pesos cuando su suegra falleció en un accidente vial; sin embargo, en el caso del Paso Exprés, Reforma publicó que el secretario presionó a la familia de los damnificados para que aceptarán un cheque o, de lo contrario, el proceso podría alargarse durante años.

Gerardo Ruiz Esparza tiene un amigo, y ese es la llave de la impunidad, tiene delitos por los cuales debe pagar, pero la impunidad lo cubre con un fuero invisible pero real. PEGA Y CORRE.- Al estilo de las dictaduras militares de Sudamérica de los años sesenta, los miembros de la Fuerza Civil, organismo de élite, lanzaban cuerpos de disidentes a la barranca, la altura de la escuela de policía del Lencero, por órdenes de Javier Duarte de Ochoa. Los habitantes de los municipios aledaños narraron a los familiares de desaparecidos cómo los cuerpos se quedaban enredados en los árboles… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Esta es opinión personal del columnista.