Quien está en la cárcel es por tonto o por pobre

13 mayo 2016 | 10:53 hrs |

Por Gerardo Kanagusico

La Ley Anticorrupción, #Ley3de3 y el uso de la mariguana con fines médicos tendrán que esperar hasta el próximo periodo ordinario en el Congreso (septiembre) dado que el que acaba de concluir no hubo discusión y, por lo tanto, iniciativa por parte de algún partido político en el Congreso para generar debate y observar cuáles son las posiciones de cada grupo parlamentario o cómo es que la élite política iba a manejar, una vez más, las leyes de acuerdo a su conveniencia.

Ningún partido político deseó asumir el costo político que esto podría causar ante el tiempo electoral que se vive en el país. Pero ¿ante quiénes sería ese costo político? Respecto a los votantes no existiría algún impedimento, al contrario, generarían mayor aceptación para los candidatos dado el contexto de impunidad y corrupción que vive la esfera política. Aunque ningún candidato a gobernador, de los 12 estados a disputar, ha gestado o tomado combatir la impunidad y corrupción como bandera de campaña.  En cambio, el costo político sería frente aquellos líderes de partido que deciden los curules, los puestos claves en los gobiernos locales y las próximas candidaturas. En síntesis, nadie se moverá para que no lo dejen fuera de la foto.

La #Ley3de3, impulsada por grupos de académicos y la sociedad civil, fue desecha por lo diputados de una manera cínica y soberbia al no contemplar las 600 mil firmas necesarias, que establece la ley para presentar una iniciativa ciudadana. Claramente, dicha ley afectaría las carreras políticas, “negocios” y el patrimonio que han creado a costa del erario público. No obstante, con los mecanismos actuales de transparencia han surgido escándalos importantes como La Casa Blanca de la familia presidencial, las casas de Malinalco de los secretarios de Estado y los departamentos en Nueva York del candidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Sí con la poca información se ha logrado evidenciar a dichos funcionarios, con la propuesta ciudadana está claro que su patrimonio, impuestos e intereses serán del poder público para avanzar un paso más para combatir la corrupción.

A pesar de que el Presidente cambió radicalmente la política de salud y seguridad respecto al tema del uso de la mariguana y su prohibición expuesto en la cumbre sobre drogas en la ONU, refleja que únicamente fue una postura diplomática para no dañar su imagen en el extranjero y cumplir con el protocolo a seguir.

Por eso que es necesario cuestionarse dónde quedaron las promesas por un nuevo México, las reformas estructurales que cambiarían la dinámica del país en los aspectos sociales, políticos y económicos, el “Moviendo a México” y el prosperar de toda una nación.  Por lo tanto, se puede observar, una vez más, que el fondo de las propuestas y discursos por parte del presidente y de la clase política es solamente demagógico.

Existe una propuesta, en la redes sociales, por parte de los ciudadanos y académicos, exhortando a  diputados y senadores la existencia de un periodo extraordinario con el objetivo de que las leyes mencionas y, respectivamente, sus secundarias sean aprobadas. Hacen el llamado de la necesidad de que las otras leyes sean aprobadas sin modificaciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente. Sin embargo, se espera que con las leyes aprobadas se elimine la corrupción, la opinión pública cree que será la solución ante los problemas. No obstante, existe  la posibilidad de que sea un mecanismo más, como muchos de los ya existentes.  Si bien se logró saber acerca del patrimonio de los principales funcionarios del gobierno federal, las pregunta son: ¿por qué no se castigó a los culpables? ¿por qué el presidente fue quien eligió a su propio contralor? ¿por qué nadie renunció a su cargo? La impunidad es la respuesta. Por más mecanismos, leyes y procesos existan para atacar la corrupción no bastarán sino existen renuncias, funcionarios sin fuero y uno que otro en la cárcel. Hasta que la ley no se aplique ningún aparato de transparencia y rendición de cuentas dará frutos. Quien está en la cárcel es por tonto o por pobre, al parecer ningún funcionario público lo es y México es gobernada por una aristocracia.