PRESTANOMBRES: TIENEN RESPONSABILIDAD PENAL

25 marzo 2016 | 17:36 hrs |

Creo que hoy como nunca la justicia en Veracruz había vivido un estado pleno de crisis.

Como todas las cosas, el paradigma en que se sustentaron la procuración y administración de justicia ha colapsado.

En mucho es culpa de los actores actuales. Tanto fiscalía y jueces. Porque la justicia se ha considerado como un producto mas del mercado, y no un bien público.

En eso radica precisamente la crisis; jueces que se venden al mejor postor. Y por supuesto magistrados. Habría que ver su situación patrimonial, de jueces y miembros del consejo de la judicatura; donde los ranchos, edificios, y yates ya llegaron al poder judicial.

Y hoy que se enfrentan al nuevo sistema de justicia penal, simplemente, en el mejor de los casos se encuentran mas extraviados, como decía un genetista, que espermatozoide en matrimonio gay.

Y eso los orilla a tomar decisiones “equivocadas”, apartadas de la legalidad.

Pero estamos a tiempo de salvar el barco de la justicia.

La justicia veracruzana tiene una enorme deuda social con los veracruzanos.

Se han puesto en el fiel de la balanza innumerables casos, donde la mejor prueba, la robusta y convincente es el poder económico o político.

Y la prueba de referencia, es decir, la más débil, es ser crítico al sistema, enemigo del gobernante en turno.

Pongo un ejemplo:

Si eres amigo del sistema, podrás amasar enormes sumas de dinero al amparo de tu cargo; ejemplos actuales abundan: millonarios nuevos que en su vida soñaron tener lo que tienen. Dueños de hoteles, dueños de centros comerciales; dueños de yates; aviones; empresas aeronáuticas dedicadas a la renta de esas aeronaves a un solo cliente.

Dueñas de departamentos de lujo, en zonas exclusivas.

La lista podría seguir.

Quienes son los dueños de todos esto? Los prestanombres.

Cómo resolver la justicia este dilema?

Cómo lo debe resolver un fiscal o un presidente del tribunal si están en las mismas condiciones?

Hablo hipotéticamente, conste.

Primos, hermanos, padres, cuñadas, amigos; son los “dueños” de todo lo anterior.

Qué fácil es resolverlo en el nuevo sistema de justicia penal.

Nada más habría que saber a que se dedican esos dueños, cual es su actividad principal y si van de la mano con sus ingresos.

A esos prestanombres fácilmente se les podría fincar responsabilidad penal, quitarles los bienes que no puedan acreditar, y por supuesto privarlos de su libertad, eso sí con pruebas convincentes.

Porque fácilmente la conducta de esos prestanombres encajan en la figura penal que contempla el Título XIII del Código Penal en vigor en el estado:

 

“OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA”.

 

Tal precepto señala:

Artículo 230.- Se impondrán de 5 a 1 años de prisión a quien a sabiendas y POR CUENTA DE OTRA PERSONA, adquiera, administre enajene, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro o fuera del territorio veracruzano, recursos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita.

Cuando el agente activo sea servidor público las sanciones anteriores serán aumentadas hasta en una mitad.

Quien no recuerda al servidor público –de finanzas del estado en ese tiempo- que lo agarraron en el aeropuerto de Toluca, con varios millones de pesos; qué pasó legalmente? Nada, hoy es millonario y candidato a diputado local. Impunidad total.

Una cuñada que le descubrieron 4 departamentos de lujo, en una zona exclusiva de Veracruz, comprados seguramente durante el periodo gubernamental de su cuñado. Conclusión legal, la misma que la anterior.

Habría que echarse un clavado al poder judicial a ver quién o quienes son los prestanombres de edificios o yates, o ranchos. Y una vez sabiendo quienes son, proceder.

El nuevo gobernador debería investigar este y todos los demás casos de prestanombres.

Hoy se presenta una oportunidad en el renglón de justicia.

Descubrir y encarcelar a los prestanombres.

No es difícil; solo es aplicar la ley y valorar las pruebas.

Esta es la importancia del nuevo sistema de justicia penal.

Concluyo: debe renacer el espíritu de Norberto Bobbio, es decir, que las normas jurídicas cumplen con tres distintas valoraciones: si la norma es justa, válida, y eficaz.

Y es la eficacia la que nos determina si la norma es cumplida o no por las personas a quienes se dirige y en caso de ser violada que se la haga valer con los medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto.

Creo que con el nuevo gobernador, cuando menos en el ámbito penal, algunos prestanombres deben ponerse a reflexionar, son varios años de privación de la libertad y la devolución de aquellos departamentos, yates, aviones, ranchos, hoteles que no puedan acreditar lícitamente.