Por culpa del nuevo Código

8 febrero 2017 | 18:25 hrs | Carlos Jesús Rodríguez

NO ES que el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz sea bueno o malo, experto o inexperto, joven o viejo, astuto o ingenuo. No, de ninguna manera. Se trata en realidad de un abogado que conoce su profesión, que tiene experiencia en cuestiones jurídicas, y que ha procurado actualizarse en la materia, pero la ley es la ley. No se puede, así sea quien la procure, aplicarla a modo, cuando claramente, a partir de su entrada en vigor, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) contempla siete tipos de delitos considerados como graves, y por los que serán encarcelados, preventivamente, los infractores durante el proceso, y estos son: 1.-Delincuencia organizada, 2.-Homicidio doloso, 3.-Violación, 3.-Secuestro, 4.-Trata de personas, 5.-Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e, 6.-Infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En el resto de los ilícitos, dice el ordenamiento, los imputados podrán enfrentar las acusaciones en libertad.

POR ELLO, si en los días por venir el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita o el dirigente del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, César del Ángel fuentes abandonan la prisión, producto de algún amparo Federal, a nadie debería sorprender. Se trata de lo que establece el nuevo Sistema de Justicia Penal y, por lo tanto, debe aplicarse, ya que hasta un Fiscal o Juez es susceptible de ser procesado en caso de incurrir en desacato. Jorge Winckler sólo cumple su función. No es quien aprobó la reforma judicial sino diputados y senadores, y en todo caso a ellos se debe reclamar el que presuntos infractores que se enriquecieron a costa de la sociedad gocen de cabal salud.

POR ELLO es importante que la sociedad conozca las modificaciones con las que se evitará que ocurran casos como en el anterior sistema, de que alguien es absuelto por falta de evidencias en su contra, pero después de que pasó meses o años en prisión. Ahora, bajo el nuevo modelo prevalece la presunción de inocencia, y es una batalla que la sociedad ganó. Pero la gente debe conocer esos cambios para no tener la percepción de que hay una falla en el sistema o en la actuación de los servidores públicos, sino que la ley establece qué delitos merecen prisión preventiva o no. De ese modo se privilegia la conciliación entre las partes, que el infractor repare el daño, y sólo en los delitos graves, que más impactan a la sociedad, se envíe a la cárcel a los presuntos responsables del ilícito.

EL PROPIO artículo 19 de la Constitución establece en qué casos el juez ordenará la cárcel preventiva, ya que el Ministerio Público sólo tendrá las facultades de solicitarla –no decretarla- cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, en el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido procesado previamente por un delito doloso. A partir de estos cambios, si una persona es acusada de un fraude millonario o se le imputa el abuso sexual en agravio de un menor, por ejemplo, debido a que estos crímenes no están en la lista de los clasificados como graves, los presuntos responsables podrán enfrentar las acusaciones en libertad.

Y ESO no significa que existan vacíos en la norma, puesto que se establece en qué casos se determina la reclusión preventiva en apego a los derechos humanos de los imputados. Las disposiciones de los juicios orales son muy claras en torno a los crímenes menores, y ello no abre la puerta a la impunidad, sino que la justicia pretende ser más expedita para evitar que algunos primo delincuentes tengan que ser recluidos. En suma, lo que privilegia el sistema es la presunción de inocencia y la libertad de las personas, y que sólo sea aplicada la prisión preventiva en aquellos casos que lo amerite.

POR ELLO, tal vez, a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional que amenazan pedir la cabeza del Fiscal, Jorge Winckler Ortiz si eventualmente fueran liberados Arturo Bermúdez Zurita y César del Ángel, les caería muy bien un curso de derecho actualizado, ya que al insistir en temas fuera de contexto, sólo demuestran un desconocimiento de lo que señalan nuestros códigos, y eso no puede ser permisible en quienes tienen, entre otras facultades, hacer las leyes que rigen los destinos de los gobernados.

EL DOCTOR Guillermo Zepeda, reconocido experto en prisión preventiva, ha dicho en innumerables foros que esa medida en México es excesiva, costosa e irracional, y es excesiva porque hasta el 2009 se tenía confinadas en cárceles mexicanas a 95 mil 407 personas presuntamente inocentes, esto es, de los casi 230 mil reos en todo el país, más del 40 por ciento eran personas a las que no se les había dictado una sentencia condenatoria y que, al menos en teoría, debería considerárseles inocentes, y las cifras no han variado a la fecha.

Y ES que el hecho de que se tenga al 40 por ciento de los procesados en prisión preventiva quiere decir que en el País no es una medida extraordinaria ni excepcional, sino cautelar de uso frecuente, y más bien de uso excesivo, además de que representa un costo social gigantesco tanto para procesados y sus familias, como para la sociedad. En efecto, hay un costo social enorme derivado de las aportaciones económicas que la sociedad y las familias dejan de percibir por las 95 mil personas recluidas en la cárcel sin una condena. Pero el costo público que paga la sociedad con sus impuestos es mucho peor, sin que, al parecer, esto sirva para contener la delincuencia.

EN FIN, no se descarta que Arturo Bermúdez Zurita y César del Ángel, al igual que ocurrió con el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, sean liberados en los días u horas por venir en base a amparos Federales, pero ello no quiere decir que se cierran sus respectivos casos. Podrán seguir sus procesos en libertad, y ya dependerá de la habilidad de la Fiscalía y de los defensores el que sean absueltos o sentenciados pero ¿Qué culpa tendría el fiscal de ello cuando la ley lo permite? Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista