Piden transportistas fiscal especial para atender asaltos carreteros

Más del 98% de los asaltos cometidos a camiones de carga, pasaje y ferrocarriles, nunca se esclarecen

Enrique Armando González Muñoz, presidente de la region Bajío-Centro de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Foto: Noreste.
31 enero 2018 | 11:43 hrs | Redacción Noreste

Veracruz, Ver.- Es urgente que el gobierno de la República cree un fiscal especial para atender el robo y asalto carretero, a fin de que se realicen investigaciones reales de estos delitos para castigar con penas más severas a quienes los cometan, afirmó Enrique Armando González Muñoz, presidente de la región Bajío-Centro de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y aspirante a la presidencia nacional de este organismo empresarial.

Dijo que solo hace falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa aprobada por el Senado de la República, para que nosotros hagamos por escrito la solicitud de la creación de dicha fiscalía.

“Necesitamos de una figura jurídica que investigue verdaderamente estos delitos sin importar dónde se encuentran los criminales, pues hay asaltos en Veracruz y los ladrones se pasan del lado de Puebla o Oaxaca y entonces ya no se hace nada al respecto por los fiscales estatales y las investigaciones quedan en el limbo”, añadió.

González Muñoz fue claro y tajante al señalar que debido a la falta de una fiscalía especial federal, más del 98 por ciento de los asaltos cometidos a camiones de carga, pasaje, ferrocarriles e incluso a particulares, nunca se esclarecen y terminan viendo parte de las estadísticas de la impunidad.

“Si, en serio, casi todos los delitos de robo y asalto carretero, en los que incluso se cometen homicidios, lesiones, violaciones y otros delitos graves, nunca se castigan a los responsables y lo que es peor seguen en libertad cometiendo más delitos de este tipo y nadie hace nada para detenerlos”, condenó.

Por eso, subrayó, los transportistas organizados decidieron hacer la solicitud directamente al presidente de la República y al procurador general de la República, para que los escuchen y sean ellos los que den solución directa a esta demanda.