PERIODISMO: CERTEZA CONSTITUCIONAL PARA EJECERLO

5 diciembre 2015 | 12:16 hrs |

Nuevamente es la corte la que entra a legislar, sin miedo, en la protección de los derechos humanos plasmados en la Costitución Federal.

Nuevamente la Suprema Corte se erige como el guardían seguro de la constitución al hacer esta interpretación.

A continuación me permito transcribir la tesis que para tal efecto publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dia de hoy a las 10:30 am

ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS PENALES NO PUEDEN RESTRINGIR EL GOCE DEL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO.

La mera existencia de una norma que penalice ab initio la búsqueda de información y que, además, se considere prima facie y sin una declaratoria previa de clasificada o reservada y sin que supere una prueba de daño, puede constituir un efecto amedrentador (chilling effect) en un periodista, puesto que, al margen de que se llegue o no a comprobar su responsabilidad, el simple hecho de ser sometido a un proceso penal puede fácilmente disuadirlo de cumplir con su labor profesional, ante la amenaza real de ser sometido a uno o varios procesos de carácter penal. De manera que puede existir una afectación por el simple hecho de someter a un periodista a un proceso penal como consecuencia del ejercicio legítimo del derecho de acceso a la información y puede, además, llevar a un uso desproporcionado del derecho penal. En consecuencia, las normas penales no pueden restringir el goce del núcleo esencial del derecho de acceso a la información, ni criminalizar la discusión pública de un fragmento de la actividad del poder público que, idealmente, se debería ubicar en el centro de la evaluación de la sociedad, como lo es lo relativo a la seguridad pública, y que no se limita a restringir aspectos incidentales o periféricos al discurso.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 492/2014. 20 de mayo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

La Suprema Corte de Justicia, del país, no solo cumple con ser garante de la Constitución Federal, si no que además legisla ante los vacíos que existen.

Es de todos conocidos, y no es propio de Veracruz, se practica en muchos estados la REPRESIÓN CONTRA LOS PERIODISTAS, muchas de las veces, por ser incómodos, o por estar publicando información que afecta a un gobierno.

Con este criterio, la Corte Suprema marca el rumbo que habrá de seguirse en este sentido.

El mensaje claro es, no puedes amedrentar a quien se dedica a la tarea de informar, y más aún, mensaje al legislador, no se puede legislar en el sentido de penalizar la tarea del periodista.

Desde mi óptica de abogado penalista, creo que tenemos ya los elementos y protecciones legales necesarios y suficientes para que casos como el de Regina Martínez, y tantos que han lastimado a la sociedad periodísticas no se repitan, cuando menos con tanta frecuencia.

O se tenga la certeza que el ius puniendi del estado no trascenderá para que se encarcele a quien se dedique al oficio de informar.

Nuestra recomendación legal a aquellos que son o han sido amenazados por desarrollar su profesión, es acudir a la fiscalía que para tal efecto se ha creado, a cargo de un funcionario comprometido con su quehacer profesional, me refiero al licenciado René Álvarez; a presentar su denuncia respectiva.

Hecho lo anterior, solicitar con fundamento en el artículo 131, y el mas importante, el numeral 137, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación en este distrito judicial. Es decir, la medidas de seguridad consistentes en la protección policial.

Ante la necesidad extrema o que consideren que no se salvaguardan sus derechos, acudir, con apoyo en el numeral 21, fracciones IV y V, del mismo cuerpo de leyes citado, pedir que la autoridad federal atraiga el asunto.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente, acudir ante la justicia federal, a hacer valer tales derechos.

A eso me refería en líneas precedentes cuando afirmaba que tenemos todos los instrumentos legales suficientes para que en Veracruz se pueda ejercer el periodismo con libertad legal.

Solo así, se podrá decir, que en Veracruz, cuando menos, en el ejercicio del periodismo se vive un ambiente de estado democrático.