Ley de Seguridad Interior, entre ambigüedades y protestas

Las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

31 enero 2018 | 14:36 hrs | Redacción Noreste

La Ley de Seguridad Interior es una legislación que regula el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, en esta ley se detalla su actuación en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares pueden actuar.

El 30 de noviembre de 2017 en una sesión de cinco horas, con una votación de 248 diputados a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen Ley de Seguridad Interior.

En esta ley, de tan sólo 34 artículos y cuatro transitorios, se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año; sin embargo, podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.

Un tema que provocó opiniones en contra, fue si habría represión por parte del Ejército durante las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior, pero en este nuevo documento se incluyó, de manera expresa, la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.

Se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Considera también que en los actos de perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, podría haber suspensión de derechos.

Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias.

De acuerdo con la CNDH, la Ley, promulgada por el presidente Enrique Peña el pasado 21 de diciembre, “posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
En opinión de la Comisión, la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2, la Ley pueda aplicarse y promover la participación de Fuerzas Armadas en actividades clasificadas como de amenaza o riesgo a la seguridad nacional, “sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática”.

Los temas polémicos de esta ley básicamente son:
– La permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas (militarizar al país acusa oposición y ONGs)
– Criminalizar protestas sociales
– El Presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior sólo consultando al Consejo de Seguridad Nacional
– Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC señaló su preocupación por la adopción de la ley de esta naturaleza y se pronunció con algunas alternativas para el desarrollo de dicha legislación, a continuación algunos puntos importantes que fueron expuestos por esta organismo:
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles. Y fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.
-La experiencia del país en las regiones donde se ha remontado parcialmente de la violencia, muestra que deben realizarse intervenciones integrales y no sólo militares.
-En vez de profundizar la militarización, se debería fortalecer el régimen legal de protección a los derechos humanos, aprobando legislación que aún hoy se encuentra pendiente y que no ha sido procesada con la misma celeridad que hoy se pide para discutir la Ley de Seguridad Interior; por ejemplo, la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones y la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura.
-Profundizar la Ley de Seguridad Interior sin adoptar una Ley sobre Uso de la Fuerza, generará condiciones para que continúe el uso desproporcionado de la fuerza letal.
-Legislar a modo para el Ejército sentará el precedente de una nueva relación cívico-militar, poco sana para una democracia aún no consolidada como la mexicana. La alternativa es el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas y no su debilitamiento.
-El Relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales recomienda “adoptar todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”. Para ello es necesario centrarse en el fomento de la capacidad de las autoridades civiles para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos, junto con otras medidas que podrían fortalecer un modelo de seguridad ciudadana no militarizado (como aumentar cantidad y calidad de policías, fortalecer el nuevo sistema de justicia penal, creando leyes de uso de la fuerza de acuerdo a estándares, independencia de instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito, así como servicios periciales autónomos, entre otras).
-La CIDH “resalta que los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas son “dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”. Las fuerzas policiales están formadas para la protección y el control civil, las Fuerzas Armadas centran su entrenamiento y preparación en un único objetivo, consistente en la derrota rápida del enemigo con el menor número de bajas humanas y pérdidas económicas. Debido a su cobertura nacional y a la variedad de sus funciones, las fuerzas de policía civil son las instituciones del Estado que se relacionan más frecuentemente con los ciudadanos, convirtiéndose en “insustituibles” para el adecuado funcionamiento del sistema democrático y para garantizar la seguridad de la población. En consecuencia, la CIDH enfatiza enérgicamente que la seguridad y el orden interno deberán ser “competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles debidamente organizados y capacitados, y no así de fuerzas armadas militares”. Es por lo anterior que la Comisión destaca la importancia de contar con cuerpos civiles de policías con competencia exclusiva en el monitoreo y preservación de la seguridad de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, cuyas normas y entrenamientos expresamente refieran a la excepcionalidad del uso de la fuerza, integrando los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.