Le cortan las alas a El Cisne

14 julio 2017 | 18:01 hrs | Ángel Álvaro Peña

La Fiscalía de Veracruz encontraba su nombre en todas y cada una de las investigaciones que se llevan a cabo para castigar a los cómplices de Javier Duarte.

El nombre de Alberto Silva aparecía en una investigación y en otra también, pero el fuero que le permite impunidad, estorbaba para seguir adelante y deslindar responsabilidades contra él y contra otros funcionarios involucrados.

Fue entonces que la Fiscalía de Veracruz presentó la solicitud de desafuero contra el diputado federal Alberto Silva Ramos, en la Cámara de Diputados. Llamado también El Cisne, fue denunciado en este espacio innumerables ocasiones. Desde su llegada a la vida pública mostró incapacidad política pero un gran talento para las finanzas personales.

Sin embargo, la petición de desafuero nada tiene que ver con su gestión como presidente municipal de Tuxpan, donde el caso de las luminarias que pagó a una empresa fantasma y nunca existieron, fue muy sonado. Pero no fue el único atraco de Silva Ramos en ese puesto, a partir del cual su poder económico aumentó de manera desproporcionada.

Alberto Silva, a la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Fue electo presidente municipal de Tuxpan para el período 2010 a 2013, pero sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo Social por su amigo Javier Duarte. Desde el 20 de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Javier Duarte hasta el 5 de enero de 2015.

Esa petición de quitarle el fuero al diputado federal del PRI es para poder proceder en su contra, únicamente ante las irregularidades existentes durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte, donde trabajó dos veces. Ya su antecesora, Gina Domínguez, está presa.

Desde mayo pasado tanto Silva como Gina Domínguez, también ex vocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de doce dependencias distintas.

Cuando Javier Duarte de Ochoa llega a la gubernatura de Veracruz en 2010, Silva inicia su periodo de presidente municipal de Tuxpan.

Una vez que dejó a Tuxpan en la pobreza fue designado por su amigo el gobernador, secretario de Desarrollo Social, luego se colocó en la estratégica Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, donde realizaba, como comunicador, una labor siniestra, porque en lugar de dar difusión a los trabajos y las obras de Javier Duarte, pagó grandes cantidades a medios de información para atacar a sus enemigos y elaborar campañas de desprestigio contra los contrincantes políticos.

Alberto Silva Ramos es diputado federal por el principio de mayoría relativa por el Distrito 3 de Veracruz, es secretario de las Comisiones de Recursos Hidráulicos,  Derechos humanos y de Población, a pesar de ello, una vez instalado en San Lázaro solicitó una licencia para cubrirle las espaldas a su amigo Javier Duarte durante los últimos meses de su mandato precisamente en el oscuro rincón de la administración pública en la que le había servido mejor a su jefe: la Coordinación de Comunicación Social, porque en esa segunda ocasión hizo de estas oficinas la trinchera para combatir a sus enemigos políticos, principalmente al actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, a quien le estructuró varias campañas en su contra para tratar de que perdiera las elecciones del año pasado.

Ahora, la solicitud de desafuero será turnada a una comisión instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía, para determinar si es procedente o no.

Es la segunda vez que la Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de un legislador federal, la primera fue contra Antonio Tarek Abdalá, por un presunto desvío de recursos cuando era secretario de Finanzas del Estado.

En los últimos días apareció una grabación telefónica donde el ex gobernador urge a su entonces secretario de Finanzas, Tarek Abdalá, a entregar mil millones de pesos al PRI, que en ese momento no habían sido recibidos todavía por ese partido por una demora inexplicable para Duarte.

Desde la coordinación de Comunicación Social, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes de doce dependencias distintas. Desde esas oficinas organizaba a otros funcionarios de la administración duartista para que se crearan los huecos legales necesarios para que las denuncias, en caso de existir, simplemente fueran procedimientos administrativos y muchas veces ni eso.

La estrecha relación que siempre guardó Alberto Silva con Javier Duarte lo convierten en el principal instrumentador de la creación de empresas fantasma con las que supuestamente negociaba el gobierno del estado. Inventó, además, en la Coordinación de Comunicación Social hasta medios de información que nunca existieron.

Dentro de esta práctica el desarrollo de los ilícitos era siempre el mismo: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos destinados a otras dependencias para el pago de campañas en medios de comunicación, sin dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.

El destino del dinero eran empresas escogidas por Comunicación Social, sin adquisición transparente o convocatoria, y sin rendir cuentas a las instancias a las que estaba obligado a reportar sus prácticas ilícitas, ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Con esta clave maestra, encabezada por Alberto Silva Ramos se desviaron fondos de varias entidades tales como las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.

Alberto Silva Ramos, desvió sólo en diciembre de 2014, 245 millones de pesos del estado de Veracruz para la supuesta difusión de la actividad gubernamental. En complicidad con Tarek Abdalá, crearon los mecanismos necesarios para evadir impuestos, desviar recursos, cometer una serie de delitos, entre ellos el fraude y el peculado.

Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business, son algunas de las empresas con las que negoció supuestamente Alberto Silva y que terminaron siendo sólo vecindades o domicilios inexistentes.

“Vamos a investigar a dos ex coordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no existen”, advirtió hace meses el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Hasta la fecha se han cuestionado los fueros de Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, pero aún hay otros diputados federales que las investigaciones de la Fiscalía general de Veracruz señale para que se inicie el procedimiento de desafuero.

Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia otorgó siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT.

Edgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se firmaron contratos de la Secretaría con las empresas fantasma.

Noemí Guzmán Lagunes, encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por cerca de 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma.

Vicente Benítez González, el señor de las maletas, fue subsecretario de Desarrollo Social en el periodo en que se concedieron los contratos a empresas fantasma. Además de Astrid Elias Mansur, Juan Carlos Rodríguez García, entre otros. PEGA Y CORRE.-Familiares de víctimas del socavón en Paso Exprés demandarán a autoridades por negligencia. Además, ciudadanos se plantaron frente a la SCT y para exigir la renuncia de Ruiz Esparza…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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*Esta es opinión personal del columnista