La reforma penal a prueba

25 febrero 2016 | 20:05 hrs |

A tan solo 123 días de que la reforma penal entre en vigor en todo el país, la misma se encontrará a prueba, bueno no la reforma en si, si no quienes la aplican.  Es decir, fiscales y jueces.

Y esperemos que no tengamos otro caso de resonancia como el que tuvo Chihuahua, el famoso “caso Rubí”.

Y digo esto porque para esas fechas seguramente seguirán sumándose más denuncias en contra de servidores públicos del estado, que han desviado –dándoles la presunción de inocencia- millones de pesos, a destinos que solo ellos – los futuros imputados saben-.

Veracruz enfrenta el mayor desprestigio que un gobernador puede cargar; un estado en quiebra financiera, un estado de derecho fallido; un tejido social descompuesto; la democracia inexistente en el estado; una prensa silenciada; la inseguridad alcanzó sus máximos niveles; el debate político en su nivel más ínfimo; en lo único que se sobresale es en la desfachatez rampante para, institucionalmente, delinquir con los dineros públicos. Y más.

Por eso estará a prueba, no la reforma penal si no quienes la apliquen.

Y cuando decía que no vayamos a estar frente a otro caso Rubí, me refería a que allá como las cosas salieron mal, le echaron la culpa a los jueces de juicio; cuando los culpables fueron los fiscales que no pudieron acreditar la comisión del delito, no aportó la fiscalía ninguna evidencia convincente, y los jueces, actuaron correctamente, al no haber elementos de prueba, al no haber acreditado la fiscalía más allá de toda duda razonable quien cometió el homicidio, lo legal y basado en las evidencias existentes era dictar la sentencia que dictaron.

Porque estoy seguro que aquí en Veracruz muchos funcionarios estatales serán denunciados dado el cúmulo de irregularidades en la cuenta pública que recién presentó la Auditoria Superior de la Federación; por eso digo que la fiscalía y el poder judicial estarán a prueba en la correcta aplicación de la nueva reforma penal.

Porque alguien podrá decir, sí, cuando sucedieron los hechos se aplicaba el código de procedimientos penales que estuvo en transición mientras entraba en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales; pero mi sugerencia es que también hay un principio que se llama PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, contenido en el artículo primero de la Carta Magna, fortalecido con el criterio  que para tal fin da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el mismo se debe acatar; y si eso no fuera suficiente, el mismo artículo primero obliga a respetarlos:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Creo que en la Fiscalía General del Estado existen algunos servidores públicos capaces, y capacitados en el nuevo sistema de justicia penal, pero que desgraciadamente, son la excepción, y que seguramente en ellos recaerá el peso de acreditar la teoría del caso mas allá de toda duda razonable, cuando se trate de acreditar primero los datos de prueba y después las pruebas ante el poder judicial –cuya capacitación y desempeño de sus servidores públicos será tema aparte-.

Me refiero al maestro Ricardo Carrillo Almeida, excelente abogado veracruzano a quien me une una entrañable amistad; Erick Castro, fiscal comprometido; Édgar Solórzano, abogado capacitado y sensible; Víctor Manuel Mendoza Román, profesional encargado del área de la fiscalía especializado en delitos cometidos por servidores públicos; abogados que seguramente sacarán a flote el trabajo de la Fiscalía General, porque se avecinan tiempos de mucho trabajo; pero que seguramente también permeará la consigna y la indicación específica, como ocurre cada fin de sexenio, donde el pez mayor por salvarse “avienta” al funcionario de menor rango. Seguramente los profesionistas citados sabrán aplicar correctamente el Código Nacional y determinar si existen o no responsabilidades para los funcionarios denunciados.

Es mucho el dinero que habrán de recuperar, serán muchos los imputados directos, pero no nos olvidemos de los otros, los presta nombres, a esos, seguramente podrán enfrentar cargos como “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Creo que es mucha la responsabilidad de la fiscalía acreditar y demostrar tanto la inocencia o participación en la comisión de los ilícitos que se les imputen a los servidores públicos denunciados.

Y en mucho de ese trabajo va a depender que se regresen los dineros desviados y se apliquen correctamente; que ese es uno de los compromisos que asumió con los veracruzanos el candidato de la alianza MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES.

A la fiscalía le corresponde cumplir con lo mandatado en el numeral 20, apartado A, Constitucional:

  1. De los principios generales:
  1. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
  1. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

Como puede advertirse, es una enorme responsabilidad profesional que recae en gran parte en la fiscalía general; y mucho va a depender en la capacitación de sus integrantes; el buen desempeño que pueda tener la reforma penal en Veracruz dependerá de las correctas políticas públicas que para tal fin diseñe la Fiscalía General.

 

Y para ello se requiere conocer a fondo el sistema adversarial.