Juicio político: el imperio de la justicia

4 marzo 2016 | 13:57 hrs |

Por Tomás Mundo

Paradójicamente, al momento de escribir esto leía en la prensa internacional la detención de Lula, ex presidente de Brasil.

Y pensé en el triunfo internacional del imperio de la justicia. En México, nos mofamos de esta aspiración de la justicia. Empezando por nuestro presidente de la República.

Pero estoy cierto, que muy que estamos muy cerca de que llegue ese día, donde muchos, tengan que rendirle cuentas a la justicia.

Creo que con el inicio del juicio político al gobernador del estado se estará dando ese trascendental paso.

De llegar a efectuarse el juicio político contra el gobernador del estado –que en mucho alegrará a muchos veracruzanos, pero sobre todo al estado de derecho-, es mucho muy importante cubrir la legalidad del procedimiento.

Porque? Porque puede resultar que se inicie el juicio político sin cubrir –con dolo- estas formalidades que establece el artículo 110 Constitucional y esto traerá  como consecuencia que el juicio venga viciado, y por ende, traerá la cancelación del mismo.

Por eso es muy importante cubrir con los requisitos que marca para tal fin el artículo 110 referido, esto es: la cámara de diputados procederá a la acusación ante el senado; la cámara de senadores por su parte, conociendo de la acusación, y erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos tercera partes delos miembros presentes en sesión; una vez practicadas las diligencias  correspondientes y CON AUDIENCIA DEL ACUSADO.

Esto significa que el juicio político sigue las etapas procesales preestablecidas, en el que se cumplan las garantías mínimas del debido proceso, derecho a ser notificado, a respetar determinados plazos, etcétera.

En este sentido vale la pena recordar que México por regirse también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale tener en cuenta la jurisprudencia que para tal efecto ha emitido este órgano.

Por ejemplo, tener muy en cuenta la sentencia TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VS PERÚ, relativo a la destitución de tres magistrados, mediante un juicio político que NO RESPETÓ la reglas del debido proceso legal lo que violó la Convención americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25.

Parte de la sentencia referida decía: “EN CUANTO AL EJERCICIO DE LAS ATRIBUACIONES DEL CONGRESO PARA LLEVAR A CABO UN JUICIO POLÍTICO, DEL QUE DERIVARÁ LA RESPONSABILIDAD DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, LA CORTE ESTIMA NECESARIO RECORDAR QUE TODA PERSONA SUJETA A JUICIO DE CUALQUEIR NATURALEZA NTE UN ÓRGANO DEL ESTADO DEBERÁ CONTAR CON LA GARANTÍA DE QUE DICHO ÓRGANO SEA COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL….”

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado.

Pruebas abundan, de sobra.

Solo citaré unas, enunciativas no limitativas:

  • la denuncia pública de los 35 mil millones de pesos que no han acreditado ante la ASF;
  • La nula eficacia en la investigación e insensibilidad para con los familiares de los cinco desaparecidos de Playa Vicente;
  • Todo el dinero del seguro popular –dinero para la protección del derecho a la salud como lo exige el numeral 4 de la Carta Magna-.
  • Mas de mil millones de pesos en AC-20 producto que PEMEX donó al gobierno del estado, y la gente de gobierno estatal lo vendió.

Ahora solo resta esperar como actuarán las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados:

  1. Comisión de gobernación
  2. Comisión de Justicia y,
  3. Comisión de Puntos Constitucionales.

 

Y cuando decía de estar atento a su desarrollo, este debe culminar de una u otra forma; porque puede suceder que las comisiones encargadas de dictar el fallo respectivo, dejen la resolución para mucho tiempo después, apostándole a que al pueblo con el paso del tiempo se le olvidará.

Porque según la tesis jurisprudencial JUICIO POLÍTICO. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, AUN LOS DE CARÁTER NEGATIVO U OMISIVO.

 

Esto quiere decir que nadie de los ciudadanos podrán promover juicio de amparo para obligar a la autoridad a que determine o resuelva el juicio político.

 

Debo citar que la finalidad del juicio político consiste en determinar si el gobernador es o no indigno de permanecer en el cargo y de volver a ocupar funciones públicas, por ello la sanción en el juicio político consiste: EN LA DESTITUCIÓN Y LA INHABILITACIÓN para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisiones en el servicio público; ni como embajadores de carrera en algún lugar de España.

Ya no digamos a incorporarse a invitación del Presidente de la República a alguna dependencia federal.

Esperemos, con una visión objetiva, que cuando se inicie el juicio político contra el gobernador del estado, se respeten todos los cauces procesales.

Esto representará, sin duda alguna, un triunfo para el estado de derecho, hoy, vilipendiado, sometido, y devaluado en Veracruz.

Y en mucho tiene que ver quienes dirigen el poder judicial en el estado. Y seguramente abrirá la puerta para analizar igualmente la actuación omisa, cómplice, activa de algunos magistrados estatales.

Creo que se abre una gran esperanza para rescatar el estado de derecho en Veracruz.