Gober, la reincidencia delictiva

26 septiembre 2016 | 12:09 hrs |

Por Rafael Arias Hern√°ndez

En Veracruz, se activa la alerta de que el hampa electoral gubernamental, crece y se fortalece, con¬† facilidades de complicidad, encubrimiento e impunidad institucional y social; porque siguen sin contemplarse y hacerse efectivas muchas obligaciones de su combate permanente; persiste ¬†amplia omisi√≥n y falta de actualizaci√≥n de diversos tipos de delitos y sanciones en las leyes; abundan notorios procedimientos incompletos o complicados, lentos o no previstos, que inhiben o limitan al ciudadano y sociedad en general; y, en general, con la novedad que ni se cumplen ni se hacen cumplir las normas, especialmente a los servidores p√ļblicos.

El tema es de urgente atenci√≥n, sobre todo para quienes integran el nuevo Congreso del Estado. ¬ŅFacilitaran los nuevos diputados el fortalecimiento del hampa electoral en Veracruz? ¬ŅHabr√° elecciones municipales a la carta?

Por lo pronto, algunas breves reflexiones. No sin antes reconocer que en lo electoral hay avances, que es necesario consolidar y ampliar.

REINCIDENCIA EN OFERTA. MULTA DE $36,000.

Para la Historia. Una vez m√°s, el gobernador, el jefe de las instituciones en el estado, el titular del poder ejecutivo, la persona a la que se ha entregado la representaci√≥n y la confianza p√ļblicas, resulta ser un infractor, un responsable de delincuencia electoral.

Recu√©rdese que como todo servidor p√ļblico, en todo caso, est√° obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Simplemente como muchos otros, no lo hizo, pero a diferencia de casi todos, tendr√° que cumplir con la sanci√≥n que se le ha impuesto y que lo¬† convierte en reincidente.

Hace unos días los medios de comunicación destacaron, que ante la queja de los partidos políticos Morena y Acción Nacional, se inició proceso contra el Gobernador de Veracruz, a quien se encontró culpable y se ordenó imponerle una sanción.

La legislatura Estatal  acordó multa de 500 salarios mínimos, de acuerdo a la sentencia y notificación del 8 de septiembre, del Tribunal Electoral de Veracruz que se vio obligado, después de haberlo exonerado, a obedecer a la autoridad federal correspondiente y reconsiderar el asunto. Así, se acordó sancionarlo, por intervenir en proceso electoral local 2015-2016.

Destaca en la condenable conducta del gobernador, haber violado el principio de imparcialidad que deben observar los servidores p√ļblicos al apoyar a su candidato , partido y alianza de PRI; y adem√°s, haber promovido ¬†agravios en contra de otro candidato y partidos, del PAN y PRD.

Las preguntas saltan de inmediato: ¬ŅPor qu√© primero se le exonera? ¬ŅPor qu√© s√≥lo al gobernador? ¬ŅPor qu√© no se investiga, atiende, vigila y procesa a otros m√°s? ¬ŅPor cierto, se ha notado que los Partidos pol√≠ticos pagan las multas con parte de las mismas prerrogativas. Es decir, con los mismos recursos p√ļblicos que se les entregan? ¬ŅPara eso se les sostiene y apoya?

Es m√°s, de acuerdo al total de recursos entregados, casi el 1 % del Presupuesto estatal,¬†¬† ¬Ņya se comprob√≥ que el de Veracruz es el voto m√°s caro del pa√≠s?

Estas y muchas interrogantes llevan a alertar y se√Īalar que la delincuencia electoral ¬†aumenta y es intocable, junto a una costosa partidocracia tambi√©n creciente.

Por lo pronto la noticia es esc√°ndalo ef√≠mero, dura poco tiempo y, como siempre, no se da a los peque√Īos grandes hechos, ni a los otros que ni siquiera se mencionan, la importancia que tienen.

REINCIDENTE MULTADO, ¬ŅY LOS OTROS?

La noticia no puede ni debe pasar desapercibida, en particular porque la delincuencia electoral ha alcanzado niveles alarmantes, frente a grados de irresponsabilidad gubernamental cuya complicidad, omisión y participación ha fortalecido la impunidad; a pesar de los cuantiosos recursos que se le destinan a las instituciones y partidos políticos, que en el caso de Veracruz, han convertido al voto en uno de los más caros del país.

La Democracia padece  y enfrenta, desde  siempre, a la delincuencia electoral. El reto es saber hasta dónde se está dispuesto a sostenerla y soportarla; o, a enfrentarla, disminuirla  y erradicarla.

Por lo pronto, entre otros, sobresalen cinco aspectos:

Delincuencia electoral creciente; urge, oportuna y efectiva aplicaci√≥n de la ley; persistencia de ineficiencia, corrupci√≥n y encubrimiento oficial; costosa partidocracia en aumento, convertida en concesi√≥n, franquicia y negocio electoral, con cargo al presupuesto; y, en general, gasto p√ļblico excesivo, sin transparencia ni rendici√≥n de cuentas efectiva.

Y respecto al caso que se comenta. Hay que insistir, que se trata de reincidencia, porque es  la segunda multa impuesta al gobernador de Veracruz por interferir en procesos electorales.

Recuérdese que en septiembre del 2014, el mismo  Congreso impuso, la misma multa de 500 días de salario mínimo, al mismo Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado.  Como resultado de la sentencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a diversa resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En esta ocasión, a nivel local el Tribunal Estatal Electoral determinó que no había violación a la ley, pero en juicio de revisión constitucional, la autoridad jurisdiccional federal,  revocó el acuerdo local y ordeno reconsiderar. Resultado de una nueva y exhaustiva revisión, la autoridad local emitió una nueva sentencia, ordenando al Congreso sancionar al mandatario estatal.

En diversas formas, se ha insistido en estos aspectos. ‚ÄúAl existir criterios jurisdiccionales de que compete a las legislaturas locales el emitir sanciones a funcionarios locales que no tienen un jefe superior jer√°rquico‚ÄĚ; y tambi√©n, que en base al art√≠culo 79 de la Constituci√≥n, que establece como sanci√≥n la suspensi√≥n, destituci√≥n, inhabilitaci√≥n y de car√°cter pecuniario, al ¬†no ser clara sobre la sanci√≥n a la que se hace acreedor el gobernador, ¬†se ha determinado simplemente multarlo. ¬ŅLa ley para todo servidor p√ļblico?

En fin, hay que enterarse, de¬† limitaciones y alcances de leyes e instituciones p√ļblicas. Sobre todo, en casos o situaciones, cuando¬† las debilidades y lagunas (legales y gubernamentales), las interpretaciones a modo y los fallos inconsistentes o a conveniencia,¬† pueden ser aprovechados para desestabilizar, alterar la paz p√ļblica y debilitar el Estado de Derecho, al omitir, permitir o alentar el delito en cualquiera de sus formas.

*AcademicoIIESESUV@RafaelAriasH.Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez