Fais: sociedad o conducta

7 mayo 2017 | 13:09 hrs | Juan F. Aguilar de la Llave

Los problemas financieros no afectan solo al estado, los municipios se encuentran con daños mayores, el estimado de lo que la administración estatal anterior y la actual no les radica, se estima en 3 mil quinientos millones de pesos.

Existe disposición por parte de los diputados locales de apoyarlos, en cumplimentar los programas autorizados que se quedaron sin fondeo, la ausencia de auxilio es de los niveles federal y estatal.

Los recursos pendientes de suministrar corresponden en orden de importancia:

FAIS FISEM, (Fondo de apoyo a la infraestructura social) con estimado de mil quinientos millones de pesos; así como al Fondo Metropolitano, Fonadin, Prodere.

El resto se deriva de convenios específicos con la federación y un semestre de remanentes de la bursatilización del Fideicomiso 998 este sí; con 146 millones de pesos pendientes de entregar a municipios y son fondos fungibles.

Nos ocuparemos en este artículo de analizar el Fondo de apoyo a la infraestructura social (FAIS) que se integra por el Fondo integral para la infraestructura social estatal FISE y   fondo integral para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales FISEMDF

Este es un fondo que corresponde al Ramo 33 aportaciones federales consignadas en la ley de coordinación fiscal, dirigida a la construcción de obras e infraestructura de programas en zonas prioritarias para las clases sociales en pobreza extrema de alta vulnerabilidad,

Así en su artículo 33 la ley de coordinación lo define:

 “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.

Los recursos son prioritarios para combatir la pobreza y la entidad que tiene a su cargo esta función es la Secretaria de Desarrollo Social, el artículo 32 de la ley en su segundo párrafo es claro al citar:

“Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley”.

Y precisa: en su artículo 35:

“Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos.”

En el año 2016 se dio cumplimiento a los señalado en la LCF, se incluyó el FISEMDF en el decreto de egresos del Gobierno del estado, consignando 5 mil 613 millones, que si lo dividimos entre 10 meses que es lo programado; cada mes seria de 563 millones; les quedaron pendientes de entregar tres meses: el adeudo del estado con los municipios es de mil 689 millones de pesos.

Si fueron los tres meses últimos los adeudados, es entendible que las obras y acciones que se emprendieron en el programa, estaba en proceso; siendo las menos obras las terminadas, esto ocasiono un problema social, con justificada razón para la población beneficiada calificada por la SEDESOL como de escasos recursos y marginadas.

Los ediles diariamente confrontan reclamaciones del pueblo pues el hecho que no se hayan terminadas, ocasiono incomodidades al tener abiertas cunetas, brechas, pisos y cuartería sin terminar, falta de agua y de servicios elementales.

Los presidentes municipales se han reunido e innumerables ocasiones haciendo el requerimiento a el estado les suministre los fondos pendientes, durante más de cuatro meses ha sido infructuoso, ni siquiera los recibe las autoridades financieras, ni les aceptan las cifras reclamadas ni les dicen para cuándo.

Por su parte el gobierno federal solo dice “Mandamos el dinero al estado en tiempo y oportunidad de acuerdo a lo programado, no podemos hacer nada”

El Congreso en el momento del cabildeo de restructura de los 42 mil millones solicitada por el ejecutivo, sugirió que se incluyera parte del adeudo a los municipios, el resultado fue negativo.

Se nota la aptitud positiva de apoyo a los municipios por parte de los diputados, pues el Congreso expidió el pasado 17 de marzo un acuerdo en que autoriza (?) a los 212 municipios que así lo determinen a tomar fondos de 2017 para concluir las obras de 2016, bajo ciertas condiciones, hecho que motivo que el Orfis capacitara a los ediles.

Hasta ahí esta acción denota la preocupación del poder legislativo del estado por la sociedad que es la principal perjudicada, amén de los contratistas que se quedan con saldos por cobrar y adeudos con sus proveedores.

El inconveniente es que los fondos son federales y que la interpretación de su aplicación corresponde a la secretaria de desarrollo Social en concreto a la subsecretaria de planeación y desarrollo, de acuerdo a los lineamientos últimos publicados en el mes de marzo de 2016 que en su apartado 1.5 cita:

Interpretación:

La SEDESOL interpretará los presentes Lineamientos a través de la SSPEDR, en los términos de las disposiciones aplicables, y de ser el caso, podrá consultar a las instancias federales competentes para resolver los casos no previstos en los mismos, con la finalidad de atender las solicitudes y consultas que al respecto realicen los gobiernos locales respecto de la operación del FAIS.

Ante este panorama los ediles han hecho consultas a la Sedesol, a la ASF, a la SHCP y al Orfis y no han tenido respuesta por escrito.

El asunto es como lo referi se trata de fondos federales incluidos en el presupuesto de egresos de la federación 2016, y constan en una programación de obras aceptada para ese año, los fondos fueron radicados en el 2016, tomar los de 2017 es donde no hay jurisdicción local, no son propios ni tienen facultades sobre de ellos el congreso y menos tienen la facultad de autorizar programas de obras sociales, esta corresponde a la SEDESOL

Cuál es el camino de los cabildos veracruzanos, apoyar a la sociedad para que se ejecuten las obras tomando recursos no autorizados o bien sacar 10 en conducta administrativa, esa es la cuestión que por el momento; ahora  es vigente, pero el año entrante que los fiscalicen, los presidentes municipales serán huérfanos

Ciertamente una decisión difícil que nos dejó el Duartismo y concretamente los que estuvieron en áreas donde se disponía el dinero.

JFA 7 05 17

*Esta es opinión personal del columnista