Entre “garrotazos” e impunidad

11 octubre 2017 | 10:44 hrs | Carlos Jesús Rodríguez

*Querían cambio: tomen su cambio

*¿Delito exigir atención medica?

EN ESO de la “aplicación estricta” de la ley hay cosas que no acaban de cuadrar a la sociedad, como ese extraño mecanismo que permite a unos lo que prohíbe a otros y castiga con violencia lo que festina a los protegidos. Es como si el “imperio del derecho” se aplicara estrictamente en la acción de imperar o mandar por capricho del emperador, y no, entendido el concepto, como la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político, incluso, aunque fueran bienintencionados. Y el tema viene a colación por el desalojo de que fueron víctimas, la tarde noche del lunes, pobladores de Coxquihui -en el corazón del Totonacapan-, por el “gravísimo delito” de bloquear la carretera Papantla- Espinal-Coyutla, a la altura de la comunidad Oriente Medio, a fin de exigir atención médica para sus hijos luego de un extraño mal que ya costó la vida a 2 menores, mientras que 11 más se encuentran hospitalizados. Y aunque no estamos de acuerdo con los bloqueos carreteros o de calles porque entorpecen la vida económica y social de las ciudades, en la sierra de Papantla –como en otras regiones marginadas del Estado- no hay otra manera de que los Gobiernos vuelvan la vista hacia los problemas ancestrales de la población que sigue muriendo de enfermedades comunes ya sea por negligencia, abandono o indolencia oficial.

ELLOS –LOS golpeados y desalojados por 200 elementos de la Fuerza Civil-, demandaban la presencia de médicos en el desatendido hospital de esa región, y la instalación de un laboratorio que permitiera analizar las causas que costaron la vida a dos niños y enfermaron a 11, pero no hubo razonamiento ni de una ni de otra parte, y sobrevino la fuerza de la sinrazón: garrotazos contra la “indiada” (sin que parezca despectivo el término, sino rememorando a los represores que así se expresaban), e incluso, hubo algunos polizontes que les recordaban: “querían el cambio…pues tomen su cambio”, y la gente pacífica, indefensa, sometida siempre –ya sea por caciques o el Gobierno-, se retiró entre macanazos maldiciendo a quienes mandan, a los que no entendieron que solo exigen acceso a la salud, y que en las escasas clínicas de la región ni hay servicios ni medicamentos y, muchos menos, tecnología para estudiar enfermedades que les agobian.

EL TEMA nos trajo a la memoria cuando en Octubre del año pasado, una turba de “letrados” encabezados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, tomaron por asalto Palacio y Casa de Gobierno, semibloqueando las calles del centro de la capital dizque, porque el Estado les debía dinero que el actual Gobierno les sigue adeudando. Los inconformes impidieron el ingreso de los trabajadores y sólo permitían la entrada del gobernador interino, Flavino Ríos, y a un representante del gobierno Federal para que les resolviera sus peticiones. Palacio de Gobierno es donde se asienta el Poder Ejecutivo –y hasta hace algunos años, el Legislativo y Judicial-. Es “la casa del pueblo”, en palabras del laureado escritor juarense Ignacio Manuel Altamirano (autor de El Zarco y Navidad en las montañas, entre muchos otros), cuando lo visitó en 1875 calificándolo como “un edificio bello y agradable por su elegante sencillez y modelo de buen gusto”, y como no si fue erigido en el sitio donde se encontraban, durante el virreinato, las Casas Consistoriales y el Hospital de la Inmaculada Concepción con un diseño en cantera rosa de corte neoclásico. En ese sentido, por ser la “casa del pueblo” y asiento del Poder Ejecutivo del Estado, antes o ahora procede una sanción para quienes lo usaron como campamento de revueltas, y en cuyos pasillos llegó a dormir el, ahora, denostado dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, vigilado el sueño por Yunes Márquez.

¿POR QUÉ a ellos no se les reprimió, cuando había cauces legales para exigir el pago de adeudos, y a los indígenas que por años han exigido atención, sin obtenerla, les propinan una “garrotiza”?. Lo hemos dicho hasta la saciedad: en México, la “cultura de la legalidad” suele funcionar al estilo “Juarista”: -a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas-, o lo que es lo mismo: “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”, según reza un sabio refrán popular que deja claro que todos sabemos lo que las normas dictan, lo que ha de hacerse, pero no queremos hacerlo en lo nuestro, sino que sólo se cumpla en los demás, y eso ha ocurrido con el desalojo de indígenas en Coxquihui. A ellos no les está permitido protestar bloqueando calles o carreteras Estatales, porque son una “recua de jodidos”, pero a los panistas encabezados por Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo consentido del Gobernador se le consiente todo, porque él no violenta la ley, exige derechos. No toma la sede del Poder Ejecutivo, sino la casa del pueblo, porque es el pueblo quien le mandata, y en ese sentido si puede expresarse con altanería, groserías e improperios contra sus adversarios porque es “todopoderoso” y puede, incluso, adelantar los tiempos de precampaña pretextando cualquier ocurrencia, algo prohibido a los demás.

EL MES pasado al Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Juan Pinilla Rodríguez, esposo de Fabiola Balmori Durazo, Directora de Servicios Públicos Municipales del puerto y fuerte precandidata del PRI a la diputación local o Federal el próximo año, fue detenido –junto con seis personas- cuando cargaba vehículos con despensas que entregaría a la Cruz Roja en apoyo de damnificados. Eran cajas y paquetes sin membrete alguno, beneficios alimenticios y enseres para quienes lo perdieron todo en los temblores de Septiembre. No hubo explicación, salvo que estaban violentando la ley en materia electoral, y por ello debieron pasar toda una noche en la cárcel en tanto sus abogados gestionaban amparos para liberarlos. También en Septiembre, Rafael Jesús Abreu Ponce, entonces, director de CAEV Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital fueron sorprendidos repartiendo despensas con el logotipo “Yunete”, membresía usada en la campaña de Miguel Angel Yunes Linares que hace alusión al apellido de esa familia. Tras el escándalo nacional, el Gobernador ordenó separar del cargo a los tres funcionarios que distribuyeron las despensas, pero en ningún momento se les detuvo o juzgó, lo que demuestra que en Veracruz la ley protege a privilegiados y se aplica a los antagonistas o “jodidos”. En suma, mientras la delincuencia hace de las suyas en el Estado y sigue “cimbrando a Veracruz” con asaltos y ejecuciones, el gobierno usa a las fuerzas policiacas para reprimir a los indígenas que demandan atención médica, delito que en el Imperio es gravísimo. Vaya justicia a secas. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista