El gobierno de Trump quiere al Ejército mexicano en las calles

Los militares a cargo de la Defensa de Estados Unidos han tenido acercamientos para entablar la relación en materia de seguridad entre ambos países, para ellos es difícil imaginarla sin los mandos militares mexicanos.

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11 febrero 2017 | 9:00 hrs | Newsweek

La administración del presidente Donald Trump quiere que las fuerzas armadas mexicanas continúen en las calles en sus labores de seguridad frente al crimen organizado, por lo que verían favorable para estos fines que el Congreso mexicano les brinde al Ejército y la Marina un marco regulatorio que pondría en riesgo los derechos humanos, estimó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

“El apoyo que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a los militares mexicanos ha sido para la lucha contra el narcotráfico y esto es algo que se consolidaría con la Ley de Seguridad Interna”, comentó en entrevista con Newsweek en Español Maureen Meyer, coordinadora Principal del Programa de México de WOLA .

Trump ha declarado abiertamente la guerra contra los cárteles de la droga al igual que ha llamado a México un “aliado” en esta nueva misión. En este acercamiento, Washington vería en los militares mexicanos a esos aliados.

Meyer consideró que el titular de Seguridad Interna de EE.UU., el general John Kelly y el secretario de la Defensa, John Mattis, son aliados naturales de los titulares del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón.

“Al contrario de lo que nosotros argumentamos de que es muy peligroso tener una participación militar a largo plazo en el combate al narcotráfico por las implicaciones que ha tenido en materia de Derechos Humanos… los militares en Estados Unidos siempre han apoyado el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado”, comentó.

Meyer dice que justo en sus relaciones con los militares mexicanos podría ser que los funcionarios estadounidenses están buscando cómo expandirse. “Esto podría caber dentro de lo que son las discusiones en México, actualmente de la Ley de Seguridad Interior, que también busca cómo legalizar y mantener a los militares en las tareas de seguridad pública”.

WOLA considera que aprobar la Ley de Seguridad Interior en México sería pasar por alto los abusos de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública. En un análisis, firmado por Meyer y Ximena Suárez-Enríquez, la organización refiere que en la discusión que se lleva a cabo de esta legislación, el Congreso mexicano omite abordar las consecuencias de aumentar la militarización de la seguridad pública en el país, y tampoco toma en cuenta la falta de voluntad y capacidad de las autoridades civiles de investigar y enjuiciar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos.

El análisis precisa que a más de diez años de que en México fuera declarada la guerra contra el crimen organizado, la Marina y el Ejército Mexicano siguen desplegados en apoyo a las tareas de seguridad pública de la policía federal, estatal y municipal. Señala que en octubre del año pasado se tenía la presencia de soldados en 23 de las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.

“Con esta ley, el Congreso mexicano busca ampliar y normalizar la presencia militar en la seguridad pública en vez de hacer una evaluación crítica del impacto de más de una década de presencia militar en el país, que no ha logrado reducir efectivamente la violencia ni la delincuencia organizada”, refiere WOLA.

La organización ha manifestado que el uso del Ejército en operaciones de combate a grupos criminales y en tareas de seguridad pública ha resultado en graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares, incluyendo casos documentados de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos exhortó al Poder Legislativo a considerar los costos en materia de derechos humanos al mantener legalmente al ejército en funciones de seguridad pública.

“El Congreso Mexicano debe tener presentes los costos en materia de derechos humanos si se aprueba una ley regulando la participación del Ejército y la marina en operaciones de seguridad pública. Enfocarse en una ley para que las Fuerzas Armadas participen en funciones de seguridad, sin reconocer a las miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados daría el mensaje de que la justicia, transparencia y rendición de cuentas no son una prioridad para el gobierno”, se lee en el informe de la organización sobre la Ley de Seguridad Interior.