El fallo de los medios falló

25 agosto 2017 | 9:11 hrs | Ángel Álvaro Peña

Otro periodista es asesinado en Veracruz, Cándido Ríos Vázquez. La indignación en el gremio fue automática. Se suma un homicidio contra la libertad de expresión aseguró la mayoría.

Sin embargo, un día después, con un impacto que invitaba a la reflexión, el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, declaró que el asesinato del reportero no tiene relación con su actividad periodística; “Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del mecanismo, tiene que ver con el riesgo de otras personas que perdieron la vida el día de ayer”.

Es decir, la muerte de Cándido Ríos fue un efecto colateral de la violencia que se vive en la entidad; sin embargo, la inercia que implantó Javier Duarte a través de su coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, de amedrentar a los comunicadores, de amenazar a las empresas periodísticas que no alabaran la actividad del entonces gobernador, de ser sospechosos de por lo menos un par de asesinatos de comunicadores, previamente advertidos, en la entidad durante el reinado de Duarte, se convierten en la mejor manera de hacer de toda persona que se dice comunicador, una víctima.

No decimos que no lo sea Cándido Ríos, director editorial de El Diario de Acayucan, su muerte como la de cualquier ser humano, viene a sacudir la conciencia de los veracruzanos, que ven en su entidad que la muerte campea por todo su territorio.

Una muerte violenta exige de una investigación, y Roberto Campa prefirió esperar el resultado de estas vertientes de trabajo para definir la responsabilidad de los autores materiales, de los autores intelectuales, si es que los hubiera; también de los que murieron junto al periodista, así como del propio comunicador.

Otro de los graves problemas que provocan esconder la verdad es la politización de hechos sangrientos, y que ante la falta de vocación política y de banderas por enarbolar, se retoman de una realidad que se desconoce, tal es el caso de las declaraciones de la ex primera dama, Margarita Zavala, que busca reflectores por todo el país, asegurando, de manera por demás irresponsable, que se trata de un atentado más a la libertad de prensa.

Si alguien relacionado con el periodismo en Veracruz es asesinado, automáticamente es una víctima de la mafia. No hay un análisis previo ni una investigación que lo confirme.

De esta manera, la violencia en Veracruz pareciera convertirse en la más sangrienta herencia de Javier Duarte a su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares, quien debió establecer medidas severas para contrarrestar estas agresiones a los comunicadores.

Los antecedentes de las personas que acompañaban a Cándido Ríos no eran precisamente de gente que debiera sentirse nadie orgulloso de conocer, pero esto de ninguna manera es motivo para perpetrar un asesinato.

Si como dicen las autoridades el asesinato del periodista es un daño colateral quiere decir que, en México, no sólo en Veracruz, la inseguridad se convierte en un problema social que crece.

Cándido Ríos Vázquez, de 58 años 9 meses de edad, de oficio periodista, trabajó inicialmente muchos años como camionero, tenía domicilio conocido en la comunidad de Hueyapan de Soconusco, municipio de Hueyapan de Ocampo.

La percepción de Roberto Campa Cifrián, desde el momento mismo en que fue informado de este asesinato, fue la de no dejar una sola vertiente de investigación afuera. Es decir, la inseguridad no puede definirse por la muerte de buenos o malos sino por la muerte misma, sobre todo si es violenta. Situación que es un síntoma de descomposición social.

Los medios han hecho ya su propia historia, donde aparece el ex alcalde de Hueyapan, Gaspar Gómez Jiménez, como el principal sospechoso. Pero debemos estar conscientes de que se trata de una lógica mediática, donde la costumbre de culpar a las autoridades, sobre todo municipales, se ha convertido en un fallo inapelable.

Es por eso que las investigaciones sobre las muertes de muchos periodistas en Veracruz han sido relegadas a un segundo término, ante el veredicto de los medios que no permiten otra versión de los hechos más que la suya.

Por ello, las investigaciones deben realizarse con profundidad y a la vista de todos. No hay investigación de un homicidio donde deban estar excluidos los medios, para que éstos no quieran dar su propia interpretación de un hecho que exige de la verdad y no de especulaciones.

Así, la lamentable muerte de Cándido Ríos se convierte en el parteaguas de la necesidad de investigar, tarea que no han realizado en Veracruz puntualmente en algunos casos de homicidios de comunicadores, lo que hace ahora más compleja la tarea de encontrar la verdad.

Porque incluso durante el sexenio de Javier Duarte, la costumbre de no realizar investigaciones de los casos de asesinatos de los comunicadores, se convirtió en una tradición de esa política de terror que se ejercía para atemorizar y que nadie cuestionara las actividades de un gobernador que día tras día se enriquecía más a costa de la malversaciones de los fondos que debía administrar únicamente.

Aquí el problema radica en la estructuración de un crimen que acusa un atentado contra la libertad de expresión, sin investigación previa. También, en esta misma historia, se señala de manera automática a un presunto culpable que es el ex presidente municipal, que quiere ser de nuevo alcalde de esa localidad.

En ambas vertientes de investigación se va a trabajar, es posible que ya se esté trabajando, pero no puede afirmarse ninguna sin que haya pruebas. La versión de los medios puede coincidir con las investigaciones de las autoridades responsables. Ya si el resultado de las investigaciones oficiales no tiene lógica y carecen de congruencia con los datos que desde ahora se ventilan en los medios, puede darse una versión que contradiga los fallos de los investigadores, mientras tanto no hay culpables, aunque haya víctimas, y este es un de los grandes problemas en México.

Porque ante un suceso violento, la versión de los medios tiene preponderancia sobre la de los peritos y suelen chocar, a veces con razón y otras veces sin ella. El caso es que la verdad nunca sale a flote, aunque en medio de este embrollo legal esté de por medio la libertad de expresión.

Pensar en que las malas compañías del comunicador lo llevaron a la muerte, significaría no sólo una simple coincidencia como daño colateral de la violencia que priva en el estado, sino el hecho de presumir que en Veracruz en general y en los medios de información no hay víctimas inocentes. PEGA Y CORRE. – El senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón y la delegada de Sedesol en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, se entrevistaron con 50 presidentes municipales para encontrar una solución al uso incorrecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que de manera irregular les autorizaron los diputados locales…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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*Esta es opinión personal del columnista